■ La venta del líquido, pingüe negocio para la IP, señalan expertos
Gobiernos de AL desatienden el abasto de agua a la población
■ En México falta voluntad política para resolver casos presentados
Los gobiernos de América Latina han abandonado las políticas de protección del agua y abasto para la población, ya que consideran que no es algo prioritario, por lo que han dejado esta obligación en manos del sector privado, advirtió Javier Bogantes, director del Tribunal Latinoamericano del Agua.
En México, dijo en conferencia de prensa, hay mala calidad del líquido y cada vez más poblaciones ven en riesgo las fuentes de abasto, además de que existe falta de voluntad política del gobierno para solucionar problemas como los de la Minera San Xavier y Coatzacoalcos, entre otros.
Este día se llevará a cabo el foro Sustentabilidad hídrica en México, en el que se analizarán 10 casos que exponen que el país enfrenta “una situación cada vez más crítica en lo que respecta a la sustentabilidad de sus cuerpos de agua y la solución de sus conflictos hídricos”.
El director del organismo, el que tiene carácter ético y no es vinculante, consideró que los gobiernos se han ido retirando de la obligación de abastecer del servicio a las poblaciones, a pesar de que la Organización de Naciones Unidas señala que esto es responsabilidad de los estados.
La iniciativa privada, indicó, se apodera del abasto de agua; “la venta del líquido es el mejor negocio que se pueda encontrar”.
Ricardo Valverde, también integrante del tribunal, detalló que el Banco Mundial ha evaluado que las ganancias anuales del agua embotellada son de 8 mil millones de dólares, cuatro veces lo que obtiene, por ejemplo, la empresa Microsoft. México es el país de América Latina que ocupa el primer lugar en consumo de agua embotellada.
De los casos que se han presentado en el país, no se han obtenido respuestas satisfactorias de los tres niveles de gobierno ni se han adoptado las resoluciones que el tribunal ha emitido. Explicó que cuando se dan las audiencias se invita a las autoridades para que den una respuesta sobre los casos presentados, pero no todos participan.
Precisó que no se han dado respuestas de las autoridades en los casos de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, y la instalación de una gasolinera en Cuautla.
Otros casos que se evalúan son los de El Salto de Juanacatlán, la bahía de Zihuatanejo, La Parota, Chalco-Amecameca, el trasvase del Cutzamala, Coatzacoalcos, el río Atoyac y los conflictos de gestión territorial y del agua en la zona conurbada de Guadalajara.