■ EU hace esfuerzos por acatar fallo de la CIJ, asegura a legisladores
Bush, sin autoridad para decidir en caso de mexicanos condenados a muerte, dice Garza
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Humberto Leal, César Fierro, Rubén Cárdenas, Roberto Ramos y José Ernesto Medellín, condenados a muerte en Texas
Foto: Notimex
En reunión con un grupo de legisladores mexicanos, el embajador de Estados Unidos, Antonio Garza, aseguró que el gobierno de su país hace esfuerzos por acatar la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a fin de revisar y reconsiderar las sentencias de muerte contra 51 mexicanos, quienes no fueron informados de su derecho a buscar asistencia consular.
Sin embargo, el diplomático también aclaró que aunque las decisiones de la CIJ constituyen obligaciones vinculantes en derecho internacional, el presidente George Bush no tiene la autoridad de imponer esas reglas cuando son contrarias a las leyes estatales, debido a que el pasado 25 de marzo así lo determinó la Suprema Corte de Estados Unidos.
La visita de diputados y senadores responde al punto de acuerdo aprobado el miércoles pasado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que se exhorta al gobierno estadunidense a cumplir en sus términos la orden de medidas provisionales emitida por la CIJ, en lo referente a las sentencias de ejecución de los connacionales José Ernesto Medellín, César Roberto Fierro Reyna, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García y Roberto Moreno Ramos.
Garza resaltó que José Ernesto Medellín confesó haber violado y asesinado a dos niñas de 14 y 16 años, en Texas, donde la pena capital fue determinada por una corte en 1997.
El embajador dijo que dejó en claro a los legisladores que se le ha brindado un proceso judicial justo según las leyes estadunidenses, y que “no debemos perder de vista que las verdaderas víctimas en este caso son las dos adolescentes, a quienes brutalmente violó y asesinó”.
Sobre el resto de los casos, comentó que a pesar de las limitaciones legales que enfrenta el presidente de Estados Unidos, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el procurador Michael Mukasey escribieron al gobernador de Texas, Rick Perry, para pedirle que tomara las medias necesarias a fin de acatar el fallo.