■ Tras la reforma al artículo 6 constitucional tenían de plazo para hacerlo hasta este 21 de julio
Mayoría de legislaturas incumplieron adecuaciones en derecho a la información
■ En estados como Querétaro o Jalisco aprovecharon la coyuntura para intentar retrocesos en la materia
El Congreso de la Unión y 17 congresos locales incumplieron la obligación constitucional de modificar las leyes de transparencia y acceso a la información pública, denunciaron representantes de las organizaciones civiles Article 19, Alianza Cívica, Colectivo Cimtra, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Colectivo por la Transparencia.
Aunado al incumplimiento, advirtieron que en materia de rendición de cuentas se ha registrado un retroceso en el país, entre otras circunstancias porque algunos estados aprovecharon la coyuntura para despojar de sus facultades a los institutos de transparencia locales, como el caso de Querétaro y Jalisco. Así también, porque persiste “falta de voluntad política para garantizar avances progresivos en las legislaciones del derecho de acceso a la información”, dijeron Miguel Pulido, de Fundar; Darío Ramírez, de Article 19; Ricardo Jiménez, de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y Christian Herrera, de Alianza Cívica.
En conferencia de prensa, recordaron que el 20 de julio de 2007 se publicó la reforma al artículo 6 constitucional, que regula el derecho fundamental de acceso a la información en México, y conforme al segundo transitorio del decreto respectivo, la Federación, los estados de la República y el Distrito Federal estaban obligados a expedir sus leyes respectivas y a realizar las modificaciones necesarias a más tardar el 21 de julio pasado.
Sin embargo, sólo cumplieron Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla, el Distrito Federal y Zacatecas, y no del todo, pues “se observa que las iniciativas aprobadas han incumplido con la previsión constitucional respecto a la expedición de leyes en materia de protección de datos personales y archivos”.
Además, se aprovechó la coyuntura para ir en retroceso. En Querétaro, por ejemplo, se reformó la Constitución local para fusionar el Instituto de Transparencia con la Comisión de Derechos Humanos, lo que atenta contra el principio de especialización; y en Jalisco se intentó debilitar la autonomía de decisión del instituto respectivo con la maniobra de que sus resoluciones fueran impugnadas por el tribunal administrativo.
Para los representantes de la sociedad civil, esos hechos no sólo reflejan el “poco interés de los gobiernos” por la rendición de cuentas y transparencia, sino principalmente la tendencia de la clase política a mantener “malas prácticas, como la resistencia a informar, el autoritarismo, la persecución y acoso de quienes en algunas entidades han insistido por abrir a la luz temas de interés público”. Incluso lamentaron que el propio Instituto Federal de Acceso a la Información presentara a la Cámara de Diputados un documento que pone “en un umbral muy bajo” el derecho de acceso a la información gubernamental, más el hecho de que “se han duplicado las inexistencias, la reserva y clasificación de documentos, además de que persiste la resistencia a informar, para lo cual ponen una gran cantidad de obstáculos”.
Por ello hicieron un llamado a las autoridades a ser consistentes y respetar la reforma al 6 constitucional que establece la máxima publicidad, pues “no estamos dispuestos a perder algo que siempre ha sido nuestro, pero jurídicamente se ha reconocido muy tarde”, dijeron en alusión al derecho de la ciudadanía a estar informado plenamente de las acciones de sus gobernantes.