■ Sería un precedente negativo, aducen sobre el despido injustificado
Rechazo oficial a reinstalar en el tribunal fiscal a magistrada
■ Aurora Cortina llevó su caso a la CIDH, la cual resolverá a su favor
Han sido infructosos los esfuerzos de la ex magistrada Aurora Cortina por llegar a un acuerdo conciliatorio con el gobierno mexicano, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita la recomendación en torno a su caso.
“Me siento muy mal cuando leo en mi expediente ‘Aurora Cortina contra el Estado mexicano’, cuando veo que estoy llevando a instancias internacionales al tribunal que fundó mi padre, pero no me dejan otra salida”, expresa en entrevista, en la que explica la batalla legal que mantiene desde hace seis años para lograr que se le reinstale en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).
Fue despedida en los inicios del sexenio foxista, con 23 años de carrera judicial y “un expediente intachable”, bajo la acusación de “escribir un artículo subversivo”. En México, relata, se cerraron todas las instancias y por eso acudió a la CIDH, organismo que dio entrada a su queja en agosto de 2006.
Hija del jurista y diplomático Antonio Cortina Gutiérrez, relata que en abril de 2002 fue “arbitraria e injustamente” cesada como directora del Instituto de Estudios de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que el entonces presidente del TFJFA, Alejandro Sánchez Hernández –que había llegado al cargo de forma meteórica al amparo de la nueva administración panista–, la acusó de haber escrito un artículo “lesivo a los intereses del presidente Vicente Fox”.
Presiones y amenazas
En realidad, detalla, el documento no era “subversivo”, fue publicado en la revista de la Suprema Corte y lo único que proponía era instaurar la carrera judicial y crear un consejo de la judicatura dentro del tribunal, propuestas que “en este 2008 finalmente se concretaron, al incorporarse a la ley orgánica que rige al TFJFA, “pero Sánchez Hernández en aquel momento lo utilizó como pretexto para quitarme, porque quería mi puesto”.
Entonces “comenzó a presionarme, hubo amenazas de todo tipo, se atrevieron a llamar por teléfono a mi madre, una anciana de 92 años, para intimidarla”.
Pero como no lo lograron, Sánchez Hernández ordenó que se levantara un acta para cesarla, argumentando “pérdida de confianza” por el “artículo subversivo”, cuya parte medular es ahora ley.
Políticos de PRI y PAN intercedieron a su favor, el Senado estudió su caso, se aprobó un punto de acuerdo para pedir a Sánchez Hernández que la reinstalara en el puesto, pero él se negó.
Dos senadoras del PRI –entre ellas Dulce María Sauri–, se entrevistaron con Sánchez Hernández pero éste, relata la ex magistrada, les ofreció pagarle “una iguala mensual”, a cambio de la plaza.
“Más tarde entendí que en mi lugar quería colocar a su amigo Federico Savignon, sin experiencia judicial, que meses después debió renunciar, cuando salieron a la luz pública el desvío de recursos del tribunal –para escuelas que tiene en Sonora– y otras corruptelas, que incluso se publicaron en la prensa”.
Fue, agrega, “muy doloroso que un tribunal sin mancha hasta entonces, donde mi padre también pasó los últimos 10 años de su vida, se viera envuelto en escándalos de corrupción”.
Explica luego que el actual presidente del TFJFA, Francisco Cuevas Godínez –que también hizo una carrera acelerada, ya que de ser el segundo de Juan de Dios Castro, cuando éste se desempeñó como consejero jurídico de la Presidencia, pasó a magistrado de sala superior y al poco tiempo titular del tribunal–, no quiere solucionar el asunto, pues se ha negado a entablar contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cuevas Godínez rechaza que haya un arreglo conciliatorio y argumenta que “revocar mi destitución sería un precedente negativo para el tribunal, ya que sostiene falsamente que utilicé recursos del mismo en mi beneficio”.
Ello “es una calumnia, porque no presenta prueba alguna, además de que insiste en que mi caso ¡es laboral!; no quiere entender el magistrado que se trata de un juicio contra el Estado mexicano, por violación de derechos humanos, caso que están a punto de perder”.
Cortina hizo llegar una carta al presidente Felipe Calderón, en el que expone su caso e insiste en que la justicia mexicana está expuesta al escrutinio y las críticas de un tribunal internacional.
Seguir con el juicio en la CIDH, precisa, es un asunto ético, ya que no puede permitir que “el despido oprobioso” de que fue víctima quede impune y se repita en otros servidores públicos.