Los privatizadores
La corrupción de los panistas, que se han beneficiado sin límites de la industria petrolera mexicana durante estos años en perjuicio de los intereses de la nación, ha sido un tema ausente en los debates del Senado, lo que es inaceptable, pues la mecánica que han utilizado es la que explica muchas de las propuestas oficiales que tienden a crear un régimen de excepción en materia petrolera que propicie el control presidencialista sobre la industria y le permita entregarla sin controles a las multinacionales.
1. La impunidad ha sido hasta ahora en los hechos la clave de las presuntas actividades delictivas de Felipe Calderón y su equipo en materia petrolera. Expedientes clasificados de Pemex, revelados por el número 102 de la revista Contralínea en mayo de 2008, evidenciaron que César Nava, secretario privado de Calderón, haciendo a un lado a Pemex, suscribió en 2005 contratos ilegales de servicios múltiples, violatorios de la Constitución, por más de 4 mil millones de dólares en beneficio de Repsol y otras trasnacionales cuando fungía como abogado general de Pemex –en particular los relativos a la explotación de gas en la cuenca de Burgos–, y que a pesar de haber sido denunciado por funcionarios de la paraestatal, según expediente DE/099/2005, no se le investigó.
2. No menos escandaloso es el caso de Gustavo Enrique Madero, quien sustituyó a Santiago Creel como jefe de los senadores del PAN y se asume como miembro de una “nueva clase política” —por lo que, como la mayor parte de los panistas “modernizadores”, es a la vez empresario, político y traficante de influencias–, quien empezó a obtener millonarias ganancias ilegales del erario federal y estatal para sus empresas cuando Calderón llegó a la Secretaría de Energía y luego, siendo legislador federal, en turbios contratos, muchos de ellos en el sector energético, como reseñó Proceso número 1650.
3. Las redes de corrupción que los panistas fueron forjando en los ocho años pasados son ya muy complejas por el componente trasnacional, pero no dejan de ser también muy primitivas. El ahora senador de Acción Nacional Juan Bueno Torio, ex director de Pemex-Refinación en la pasada administración panista —y otro de los más entusiastas privatizadores–, fue calificado desde 2006 como traficante de influencias en el sector energético al beneficiar a sus allegados con contratos ilícitos, a resultas de los cuales, según se señaló en El Universal del 3 de marzo, se le acusó de ser copropietario de por lo menos 27 empresas en el estado de Veracruz, negocios al parecer inexplicables si no se analiza su paso por Pemex.
4. Nada comparable, desde luego, con lo que se hizo desde la cúspide del poder y con lo que ahora pretende hacer Calderón. La inmensa fortuna amasada por Fox y Marta Sahagún entre 2000 y 2006, según los análisis sobre el particular, fue producto del tráfico de influencias, de la protección al narcotráfico y del peculado, pero también muy probablemente de los excedentes petroleros, y ahí está el caso también de los hermanitos Bribiesca, protegidos todos ellos por Calderón. Bueno Torio, según informó La Jornada el 23 de mayo de 2006, cuando se discutía abrirle una investigación, otorgó ilegalmente innumerables contratos de la paraestatal a sus familiares, pero también a los hijos de Marta.
5. Los casos documentados de los actos de pillería de los funcionarios que abogan ahora por la privatización de Pemex obran por decenas, y no sorprende ya el cinismo de estas mafias que siguen fingiendo que actúan por un espíritu de “modernización” y no por intereses. Conforme a una revisión de los participantes en los primeros 13 foros del Senado, según documentó en junio Proceso (número 1652), de los 46 enviados por el gobierno para defender su propuesta 35 fueron personas vinculadas “a consultoras o corporaciones trasnacionales”, y entre éstos cita a Francisco Barnés, el ex rector que quiso privatizar la UNAM en 1999, ex funcionario luego de Energía y desde hace mucho asesor de la trasnacional Dupont, dedicada a la manufactura de productos derivados de la petroquímica.
6. En los años del priísmo, un ex director general de Pemex, el senador Jorge Díaz Serrano, fue desaforado, procesado y sentenciado en 1983 por la compra fraudulenta de dos buques petroleros, pero los panistas han sido incapaces hasta ahora de procesar a Raúl Muñoz Leos, director general en los primeros años de Fox y defenestrado en 2004, a pesar de habérsele documentado maquinaciones escandalosas de corrupción.
7. La mafia de Fox se halla estrechamente vinculada a la de Calderón, como explica el hecho de que en sustitución de Muñoz Leos se designara a Luis Ramírez Corzo, señalado como uno de los funcionarios más corruptos de esa administración, a quien Calderón, vinculado a ambos, también sigue protegiendo.
8. La impunidad del poder no había sido tan absoluta en la historia de México, y éste debería ser uno de los aspectos centrales a ponderarse al decidirse el futuro de Pemex, pues un año después de los escándalos que diese en 2006 Diego Hildebrando Zavala, el cuñado incómodo de Calderón, fue recompensado por éste, ya entonces en Los Pinos, con un contrato millonario en Pemex, otorgado desde luego de manera ilegal, conforme indicó Proceso Internet el 27 de julio del año pasado.
9. El caso que ejemplifica con más claridad la actual mecánica del poder no deja de ser, sin embargo, el de Juan Camilo Mouriño, quien funge como titular de Gobernación del gobierno de facto, y quien permanece en el cargo a pesar de estar confeso de haber suscrito como representante de su empresa Ivancar contratos con Pemex Refinación cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y no deja de ostentarse como el principal enlace con la trasnacional de origen hispano Repsol YPF y con la mafia aznarista (ahora minoritaria) del Partido Popular de España.
10. Felipe Calderón, quien ocupa ilegalmente la presidencia de México, aparece, sin embargo, ante los mexicanos como el principal responsable de pretender entregar nuestra industria petrolera al capital trasnacional y de beneficiarse, junto con sus amigos, de la privatización. Desde que siendo titular de Energía entregó anticonstitucionalmente la cuenca de Burgos a la Repsol en 2004 hasta ahora, en que preconiza en el exterior que las leyes de México se van a cambiar para beneficio de las multinacionales, no ha hecho otra cosa desde su pequeñez y mediocridad que desafiar a la nación.