Piden abogados más seguridad para su trabajo
Ante la ola criminal en el país, organizaciones de abogados demandaron al gobierno federal mayor seguridad para ejercer su profesión, que se nombre a un fiscal general de la nación y su designación, al igual que el resto de los procuradores, se realice mediante una elección de integrantes de organizaciones de especialistas en derecho, a fin de que dejen de ser simplemente “empleados de los titulares del Poder Ejecutivo”.
Al celebrar el Día del Abogado, los litigantes que integran el Instituto Latinoamericano de Estudios Profesionales, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México y el Consejo Nacional de la Abogacía condenaron el asesinato del penalista Marcos Castillejos Escobar, quien la mañana del miércoles pasado fue ejecutado a tiros en la colonia Condesa del Distrito Federal.
Al respecto, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó al recibir un reconocimiento del Consejo Nacional de la Abogacía, que se ha “llegado a esta descomposición en gran medida por la falta de actividad de los defensores, quienes hemos renunciado a los principios por los cuales abrazamos esta profesión: paz, justicia, igualdad y libertad”.
Añadió: “Hoy carecemos de paz, los delincuentes se burlan de la justicia y parece que tenemos una sociedad cada vez más desigual”. Por ello, el funcionario exhortó a los integrantes de ese gremio a reflexionar en lo que se requiere hacer para “recuperar nuestro país”.
Tecnócratas manejan el país
Durante las celebraciones por el Día del Abogado, una de ellas realizada en el World Trade Center y la otra en el Centro Libanés, José Eduardo Pascual López criticó que durante 20 años la Presidencia de la República no haya sido encabezada por abogados, y el que “por 32 años se haya privilegiado la economía sobre el derecho; esa es la causa de la situación que vive México”.
En tanto, los integrantes del Consejo Nacional de la Abogacía plantearon que es una “regresión al medievo” el que los particulares no puedan contratar espacios en la radio o la televisión para la difusión de apoyos a candidatos a cargos de elección popular.
Así, en su intervención, el presidente del consejo, Miguel Arroyo, hizo un llamado a los legisladores a modificar la reforma electoral, en cuanto al artículo 41 de la Constitución, para evitar que se limiten “nuestros derechos fundamentales de libre expresión, manifestación de ideas e información”.
En su consideración, “falazmente se argumenta que esta disposición tuvo como objeto evitar que los medios de comunicación se conviertan en los verdaderos electores al servicio de quien cuente con mayores recursos”.
En realidad, concluyó el jurista, afecta a aquellos que decidan participar “con alguna expresión o señalamiento dentro del proceso político, blinda a los candidatos de críticas y afecta el derecho a la libertad de expresión”.