GUERRERO SIN HAMBRE

Carlos Toledo Manzur

Guerrero sin Hambre, Agua para la Seguridad Alimentaria, consiste en una estrategia que generó el actual gobierno de Guerrero como una alternativa de política pública orientada a enfrentar de forma integral y estructural el grave problema de la pobreza rural, y a promover un desarrollo sustentable para las familias y comunidades campesinas marginadas basado en los principios de seguridad y soberanía alimentarias. Ha venido operando en el estado desde hace dos años y en la actualidad llega a 20 mil familias de casi 600 comunidades de todas las regiones.

Esta estrategia contrasta con las políticas neoliberales aplicadas en las décadas recientes, que plantean que sólo tienen viabilidad económica las grandes empresas que pueden competir en el mercado abierto y renuncian a impulsar el desarrollo productivo de los campesinos pobres, a quienes sólo les destinan apoyos asistencialistas. Por el contrario, la visión de este programa parte del postulado de “primero los pobres”, y plantea que el desarrollo rural debe basarse de manera fundamental en la modernización de la economía campesina, que además de abarcar a la gran mayoría de los productores rurales, tiene grandes potencialidades: por la riqueza y diversidad de sus recursos naturales, por la gran cantidad de trabajo que emplea, por la fuerza social que representa y por la importancia de su cultura milenaria.

Los apoyos de Oportunidades no generan ciclos económicos territoriales en las regiones a las que llegan, ya que el incremento del consumo de las familias se abastece por lo general de productos provenientes de otras regiones, lo que ocasiona un efecto “aspiradora”, que extrae los recursos monetarios hacia otras zonas. Por ello Guerrero sin Hambre se propone actuar desde una perspectiva de seguridad y soberanía alimentarias y con un enfoque productivo y territorial, en primera instancia para el autoconsumo, pero también para la generación de excedentes para mercados locales y regionales, fortaleciendo la autosuficiencia y articulándose con los subsidios directos a la alimentación de otros programas.

Cinco son los objetivos de Guerrero sin Hambre: a) mejorar la alimentación de las familias a través del mejoramiento productivo de sus sistemas de milpa y de traspatio; b) incrementar los ingresos y el equilibrio monetario de las unidades de producción familiar mediante la venta de servicios y productos;. c) disminuir el deterioro ecológico al manejar, conservar y mejorar los suelos agrícolas, el agua y la biodiversidad; d) fortalecer las capacidades técnicas, productivas organizativas y sociales de las unidades familiares, sus comunidades y sus regiones, y e) contribuir al establecimiento de un sistema de micro finanzas para los campesinos pobres. El programa es temporal ya que a cada beneficiario se le apoya sólo por de tres años, al término de los cuales las familias estarán en tránsito hacia una superación estructural de sus condiciones de vida pudiendo acceder a otros programas de fomento.

Subsidios ecológicos. Otra característica de Guerrero sin Hambre es que inicia su atención en el nivel de cada unidad de producción familiar (UPF), pero en el curso de su operación transita hacia la planeación en escala comunitaria y micro regional.

El programa tiene componentes: a) apoya a las UPF con asistencia técnica, capacitación, seguimiento y acompañamiento, para lo que se les asigna un técnico comunitario (TC) y un prestador de servicios profesionales (PSP), encargados de apoyar a los beneficiarios en el diagnóstico y la planeación, auxiliarlos en la integración de las solicitudes y expedientes técnicos, apoyarlos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para los proyectos, asistirlos en la instalación y puesta en marcha de los proyectos y darles y terminar con una evaluación. Los PSP y TC realizan sus actividades agrupados en agencias de desarrollo rural (ADR), que coordinan, capacitan y supervisan el trabajo en las regiones.

b) Subsidia a cada familia el primer año con hasta nueve mil pesos, destinados a mejorar los activos de la milpa y el traspatio. c) Apoya la conservación ecológica hasta por cinco mil pesos por beneficiario, principalmente para el manejo del agua y el suelo, así como la reforestación y el cuidado de los bosques y la biodiversidad. Y d) apoya a las UPF y las comunidades en la construcción de un sistema de micro finanzas, que permite a los productores contar con créditos para sus insumos, seguros, ahorro y otros servicios, que reducen su vulnerabilidad y facilitan recursos para completar con éxito los ciclos económicos.

El Programa inició su operación a fines del ejercicio 2006, de manera piloto, cuando se apoyaron 530 UPF en 24 comunidades. En 2007 la población atendida creció significativamente al alcanzar 5 mil 500 UPF en casi 200 localidades. Para 2008 la cobertura es de 20 mil familias en casi 600 comunidades, lo que representa una inversión de cerca de 480 millones de pesos.

Este crecimiento se sustenta en acuerdos con el Congreso de la Unión, que ha etiquetado recursos en el PEF para esta estrategia, pero también en la articulación institucional de diversos programas federales, como el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de la Secretaría de Agricultura, que aporta la mayor parte de los recursos; Oportunidades, de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo padrón es la base para la selección de beneficiarios; ProÁrbol, de la Comisión Nacional Forestal, que atiende el componente de conservación ambiental, y Financiera Rural, que articula el componente de micro finanzas, entre otros.

En 2006 y 2007 se apoyaron cerca de 10 mil pequeños proyectos de milpa y traspatio que están mejorando significativamente la alimentación de las familias y generan excedentes que se comercializan. Hay avances importantes en la capacitación de los productores, y un cambio de actitud de las familias beneficiarias, que han entrado en proceso de organización desde la base, mediante comités comunitarios. Se avanza también en la consolidación de los fondos crediticios, que son operados por intermediarios financieras rurales. Asimismo, se han realizado obras de conservación de suelo y agua en cerca de 18 mil hectáreas y se ha incrementado la capacidad de manejo y almacenamiento del agua para fines productivos.

A diferencia de las transferencias directas o los apoyos asistencialistas, el Programa demanda compromisos y esfuerzos importantes por parte de los beneficiarios, quienes deben aportar trabajo y recursos para que los proyectos sean exitosos.