■ En Sinaloa, cientos cobran sin trabajar
Maestros comisionados, gasto de 768 mdp al año
■ Denuncia la CNTE complicidad estatal
Culiacán, Sin., 3 de julio. En Sinaloa, alrededor de 2 por ciento de los trabajadores de las secciones 27 y 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) están “comisionados” ,y con la complicidad de las autoridades estatales cobran sin trabajar o reciben recursos para tareas políticas o partidistas, señalaron fuentes del sindicato.
Versiones extraoficiales indican que cerca de 10 por ciento del total del presupuesto educativo del estado, que asciende actualmente a 7 mil 687 millones de pesos, se destina a pagar a los comisionados los bonos y estímulos que se entregan discrecionalmente a funcionarios, directores de departamentos y escuelas, y también para activistas políticos, como pago por su incondicionalidad con la dirigencia en turno.
En una reunión con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el propio Juan Millán Lizárraga, entonces gobernador de Sinaloa (1998-2004) reconoció que 10 por ciento del presupuesto estatal se fugaba por medio de los famosos comisionados, o bien se iba en estímulos y pagos a personal que no laboraba.
A todos ellos se les paga por realizar actividades partidistas o bien al servicio de la dirigencia en turno; en los comités seccionales son alrededor de 15 los titulares de secretarías, pero cada uno de ellos tiene al menos a tres o cuatro de estos comisionados bajo sus órdenes, aunque algunas carteras, como la de Finanzas y Vivienda, cuentan hasta con cinco “auxiliares”.
En la sección 27 –con mayor control elbista–, que registra alrededor de 31 mil afiliados, cerca de 95 por ciento de los comisionados tiene doble plaza y gana por lo menos 30 mil pesos, “aunque pueden llegar a ganar 80 mil si se suman compensaciones, bonos por debajo del agua y pago por la carrera magisterial”.
Esta sección tiene 11 regidores en el mismo número de municipios, todos ellos comisionados, y dos alcaldes, que son Raúl Díaz Bernal, en Concordia, y Fernando García, en Navolato.
Además, están los diputados locales Crescenciano Espericueta y Eligio Medina Ríos, que también siguen recibiendo sueldos del magisterio, además de los cerca de 60 mil que perciben como legisladores. La historia se repite con los regidores.
En la sección 53 del SNTE, considerada la más dócil y en la que se ejerce mayor control por parte del gobierno estatal –bajo el cacicazgo de Daniel Amador Gaxiola, ex secretario general, ex alcalde, ex diputado local priísta y ahora diputado federal–, cada una de las 15 carteras cuenta con auxiliares y tienen regidores en 17 de los 18 ayuntamientos –con excepción de Cosalá–, y todos ellos, cerca de 400, tienen sueldo aunque no trabajen en el sistema educativo, y están autorizados por la dirigencia magisterial.
“Muchos de estos comisionados cobran dos o tres salarios, están en el PRI o en el Partido Nueva Alianza (Panal), y no realizan ninguna labor sindical, como el caso de Isabel Cristina Nevárez, secretaria general del Panal, quien es además comisionada de la sección 27”, dijo Domínguez Betancourt.
Que los regresen: ASF
En 2006, la Auditoría Superior de la Federación encontró pagos a trabajadores comisionados en el sindicato, de dependencias como Sepdes, Universidad Pedagógica Nacional y Escuela Normal de Especialización de Sinaloa (ENEES) por un monto de 110 millones 765 mil pesos, y tan sólo una persona recibió pagos por este mismo concepto por el orden de los 106 mil pesos, adscrito a la ENEES.
“Con la revisión de los oficios de comisión, relación de personal comisionado y la base de datos del total de nóminas del ejercicio revisado 2006 (…) se detectaron pagos a trabajadores comisionados en el sindicato y que cobraron durante el ejercicio 2006, 110 millones 765 mil pesos”, reza el resultado 15, observación 1, del dictamen de la ASF.
Estos pagos, agregó el órgano fiscalizador, contravienen la normatividad para licencias emitidas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los puntos 12.1.4, 12.1.6, 12.1.7, y 12.3, y del Reglamento de Trabajo del Personal de la SEP, artículos 51, 43, de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y 67 y 70 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Sinaloa.
La entonces Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del estado recomendó a las autoridades educativas “elaboren y pongan en práctica un programa permanente de supervisión y control, con el fin de evitar que se otorguen comisiones al sindicato con goce de sueldo, asimismo, que realicen los procedimientos y acciones adminis- trativas aplicables en este caso, para gestionar, de ser procedente, el reintegro o recuperación del monto de 110 millones 872 mil pesos de estos pagos sin vínculo con la normatividad”.