Aprendiendo lecciones
En el caso que es motivo de escándalo y de oportunismo político lamentable, durante toda la semana pasada y un poco más: el de la muerte de jóvenes en un operativo policiaco, hay reflexiones que se tienen que hacer, pues independientemente de que la maquinaria de la justicia camine, simultáneamente es posible el avance de un proceso de conciencia y de análisis objetivo.
Conviene recordar, en primer lugar, que el Distrito Federal sigue siendo una entidad híbrida dentro de nuestro sistema federal; ciertamente, ya elegimos autoridades, pero el gobierno central continúa teniendo injerencia y facultades importantes, derivadas del artículo 122 de la Constitución, el cual establece que la responsabilidad de la ciudad de México corresponde tanto al gobierno federal como al gobierno local, y para el caso que nos ocupa el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal conserva aún en su artículo 34, como correspondiente al Presidente de la República, el mando de la fuerza pública en esta entidad y la designación del servidor público que la tenga a su cargo, aun cuando, también es cierto, sólo lo puede hacer a propuesta del jefe de Gobierno.
De cualquier manera, esta mezcla, que se da en varios otros ámbitos de la administración de la capital, incluido el del nombramiento del procurador que hace directamente el jefe de Gobierno, pero requiere aprobación presidencial posterior, crea ambigüedad y provoca falta de flexibilidad en el manejo de las áreas compartidas y, eventualmente, puede provocar que no se tomen medidas oportunamente o que se diluyan las responsabilidades; la ambigüedad siempre es negativa.
Hace unos años, con la aprobación de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de todos los diputados de la cámara baja, estaba listo un proyecto que fue frenado por intrigantes en el Senado; en él se establecía un sistema de clara autonomía de las autoridades locales y de coordinación respetuosa con las federales.
Otra reflexión que surge espontánea es alrededor de la tragedia vivida la tarde del viernes 20 de junio, como parte de un clima general en el país, en el que todos los días haya malas noticias de muertes violentas y de abusos policiacos; ya se había advertido sin respuesta, por varias voces amigas, que en la capital de país las autoridades locales se estaban dejando contagiar por lo que sucede en otras entidades; lamentablemente, ahora quizá muy tarde, la dura y dramática lección de News Divine tendrá que ser atendida.
Finalmente, parece a primera vista un exceso el que a una persona, la que estaba al mando del operativo, se le haya consignado por homicidio doloso, dado que es evidente que no hubo ninguna intencionalidad de su parte en la muerte de los jóvenes. Se trata, a mi parecer, de una culpa, grave si se quiere, pero no de una responsabilidad derivada de la intencionalidad de privar de la vida a las víctimas; tampoco parece que se dé la hipótesis del dolo eventual, pero serán las autoridades judiciales las que se encarguen de corregir el rumbo del proceso, dándole continuidad por un delito de culpa y no de dolo, lo que pienso que sucederá más pronto o más tarde.
Lo que se vio en la televisión y en fotos publicadas en los periódicos fue una policía que cada vez más se acostumbra a hacer un uso excesivo de la fuerza; es el momento de reflexionar si el incremento de las penas, el darle más armas y mas facultades a los cuerpos policiacos, la unificación de mandos fuera de la normatividad y el ser excesivamente permisivos con ellos, es el camino para solucionar los problemas de inseguridad, de drogadicción y de delincuencia en el país. Por mi parte sigo insistiendo, como lo he hecho desde hace años, en que debemos atender más a la prevención y a las causas profundas de los fenómenos antisociales, que a la represión posterior.
En fin, es ciertamente el momento de corregir enfoques erróneos en el manejo de la fuerza, de cuidar al máximo todos los detalles del gobierno de la ciudad, porque quienes han perdido el debate sobre Pemex y no pudieron cerrar sus negocios con las trasnacionales de los energéticos, quieren vengarse a toda costa y seguir tirando sus lanzadas en contra del gobierno de la capital. Hay que agregar, porque es de justicia, que el pueblo del Distrito Federal sigue siendo en su conjunto y proporcionalmente el más politizado del país y no puede ser fácilmente engañado, lo cual obliga todavía más a quienes tienen el timón de la ciudad, a limitar el uso de la fuerza al combate del crimen y a garantizar la seguridad y a dejar para otros ámbitos de la administración pública la disminución de los factores criminógenos, dando siempre prioridad al diálogo, al razonamiento, a la vigilancia y a la prevención por encima de la persecución.
Es tiempo también de retomar el proyecto de constitución del Distrito Federal, que si bien no debe ser un estado más de la Federación, pues sería un estado desproporcionado respecto de los demás, pero que sin duda como entidad en la que se encuentran los poderes federales, se deben deslindar las facultades que aun tienen éstos y buscar soluciones de fondo y no sólo aprovechar políticamente circunstancias coyunturales para perpetrar ataques desproporcionados y destructivos, sin ninguna aportación positiva. Conviene recordar a los panistas que se lanzan en contra del gobierno de la ciudad de México que fueron turbios personajes de su partido quienes irresponsablemente frenaron la reforma política del Distrito Federal.