■ Le impiden presidir comisión legislativa
Bloquean a perredista en el Congreso de Querétaro
Querétaro, Qro., 2 de julio. La presidencia de la Junta de Concertación Política del Congreso local se encuentra acéfala porque sus integrantes no se ponen de acuerdo acerca de quién asumirá ese cargo durante julio, pues no aceptan que sea la perredista Consolación González Loyola Pérez.
Desde el comienzo del año González ha denunciado que sus homólogos le han retenido más de un millón de pesos por pago de prerrogativas, presuntamente por represalia porque en diciembre de 2007 puso en evidencia a los otros 24 diputados, quienes recibieron un bono de 150 mil pesos a cambio de que aprobaran el presupuesto estatal.
Desde mayo pasado Consolación González debió haber asumido la coordinación de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la legislatura local; sin embargo, el también perredista Martín Mendoza Villa se ha negado a firmar el acuerdo para entregar la coordinación a su homóloga por “diferencias políticas” con la diputada.
De encabezar la coordinación de la fracción perredista, la legisladora tendría acceso a las reuniones de la Junta de Concertación Política, que integran los seis coordinadores de bancadas del Poder Legislativo estatal, donde se toman acuerdos de diversa índole.
Por negociación política, este mes la presidencia de la Junta de Concertación corresponde al PRD, pero debido al conflicto entre sus dos integrantes no se ha definido quién asumirá el cargo. Consolación González incluso ha interpuesto diversos recursos jurídicos para acceder a ese puesto.
El pasado lunes concluyó el periodo del priísta Jaime Escobedo Rodríguez al frente de la Junta de Concertación y desde entonces los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza, Convergencia, Verde Ecologista y PRD se han reunido en privado para tratar de llegar un arreglo.
Para este jueves prevén presentar un punto de acuerdo para que la presidenta de la Junta de Concertación sea la diputada del PVEM María de Jesús Ibarra Silva y se quede en el cargo dos o tres meses hasta que se resuelva el conflicto.