■ Lo financiaron a partes iguales el gobierno estatal y el ayuntamiento; se deslinda el ex alcalde
Investiga el congreso local responsabilidades por distribuidor vial deficiente en Torreón
■ Afirma José Guillermo Anaya Llamas que la acusación en su contra tiene fines electorales
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Vista del puente en Torreón que finalmente fue demolido
Foto: Notimex
Saltillo, Coah., 2 de julio. El Congreso local inició una investigación para deslindar la presunta responsabilidad del ex alcalde de Torreón y ahora senador panista José Guillermo Anaya Llamas en la construcción defectuosa del distribuidor vial Revolución (DVR) en ese municipio, el sexenio pasado, y que el domingo anterior fue derribado con explosivos ante el riesgo de que se viniera abajo.
El diputado local del PRI Demetrio Zúñiga Sánchez informó que si bien de las investigaciones realizadas sobre el caso se desprende la presunta responsabilidad de Manuel Gómez Parra, subsecretario de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas en la administración estatal pasada, hay elementos para suponer que ex funcionarios municipales también son culpables de que la obra se haya realizado de manera irregular.
“En la construcción del DVR participaron los gobiernos del estado y municipal de Torreón, en la época de Anaya como alcalde. La obra costó 140 millones, de los cuales la mitad la cubrió el estado y la otra mitad el ayuntamiento y, no obstante que las autoridades municipales sabían que había irregularidades, no se dejó de pagar a la constructora” Acolsa, encargada de la edificación.
Dijo que la investigación del Legislativo pretende conocer detalles sobre la participación que tuvieron Anaya y sus colaboradores en la construcción del DVR.
El martes pasado el gobernador Humberto Moreira Valdés planteó la necesidad de que la procuraduría estatal investigue la posible responsabilidad de ex funcionarios municipales en la construcción defectuosa del distribuidor vial.
Coincidió con el diputado Zúñiga en que la obra se liquidó a partes iguales entre los gobiernos estatal y municipal y por ello es posible que existan culpables de ambas partes.
El senador panista José Guillermo Anaya Llamas se desmarcó de cualquier responsabilidad por la construcción defectuosa del distribuidor vial y acusó al gobierno del estado de intentar “levantar una cortina de humo” con “fines electoreros” al involucrarlo en el caso.
Aseguró que cuando él llegó a la alcaldía, en enero de 2003, la construcción ya se había iniciado. Además, la anterior administración, a cargo del priísta Salomón Juan-Marcos, había comprometido recursos para pagar 50 por ciento de la obra y “nosotros lo que hicimos fue cumplir ese compromiso”.
Recomendó a Moreira Valdés “medir bien” sus acusaciones, e insistió en que “la única participación del ayuntamiento en esa obra fue económica, de tal forma que el único que tuvo a su cargo el diseño del proyecto, la construcción y la supervisión de la obra fue el gobierno del priísta Enrique Martínez (1999-2005)”.
Puntualizó que “la verdadera pretensión” de las autoridades estatales “es asustar con el petate del muerto” y afectar a su partido, “frente a las elecciones –locales– que habrá dentro de tres meses (19 de octubre)”.