■ Incierto, el traslado del capo del cártel de Tijuana al vecino país
Benjamín Arellano interpone amparo contra extradición a Estados Unidos
Benjamín Arellano Félix, uno de los hermanos que integran el cártel de Tijuana, solicitó un amparo por medio del cual busca desacreditar legalmente la autorización que hace dos semanas dio el gobierno calderonista de extraditarlo a Estados Unidos, con el argumento de que le están aplicando el principio de doble incriminación, el cual está prohibido por el tratado de extradición firmado entre México y el vecino país del norte.
Según fuentes cercanas a los abogados de ese capo del narcotráfico, la demanda de garantías sostiene que ya fue juzgado en tribunales mexicanos por los mismos delitos por los que se le quiere enjuiciar en Estados Unidos.
El argumento de la defensa del extraditable se apoya en la resolución de un juez federal mexicano, que el pasado 28 de mayo opinó que no era procedente entregar a Benjamín Arellano Félix porque de hacerlo se violaría en su perjuicio un apartado del tratado de extradición.
Posición de la Judicatura
El martes pasado, el Consejo de la Judicatura Federal hizo público el sentido de la “opinión jurídica” emitida por el juez federal Fernando Alcázar Martínez, quien en su momento recomendó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que no autorizara la extradición de esta persona.
No obstante, el gobierno federal determinó, como parte de su política de colaboración continua con Estados Unidos en materia de extradiciones de narcotraficantes, entregar a Benjamín Arellano Félix una vez que concluya en México su defensa jurídica.
Juicios de amparo similares al que dio inicio a la petición de este capo mexicano llegan a tardar al menos un año antes de que haya resolución final e inapelable.
Benjamín Arellano Félix se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en espera de que las autoridades judiciales mexicanas emitan su fallo respecto de si conceden o no su extradición. Además, tiene pendiente el cumplimiento de condenas privativas de la libertad por diversos delitos que le imputó la Procuraduría General de la República.