La aritmética y la funcionaria
La secretaria de Energía no se lleva muy bien con los números. La vez pasada multiplicó los barriles de petróleo de las reservas en sólo dos semanas, entre una primera declaración y la segunda. Ahora, los días se encogen mágicamente.
En febrero se hablaba de que se aprobarían las propuestas del gobierno federal sobre el petróleo a más tardar el 22 de abril; se hablaba también de un término de dos semanas como plazo para aprobar las iniciativas “al vapor”. Ahora, gracias a la secretaria, serían sólo cinco días, de modo que la consulta popular en el Distrito Federal del 27 de julio ya no tendría caso porque el 22 del mismo mes se empezaría el dictamen de las iniciativas. No importa que se sigan algunas formalidades en ambas cámaras: mandar el asunto a comisiones, considerar las nuevas propuestas, lo cual también está aprobado, luego enviarlas a plenaria, todo esto en el Senado, y discutir y votar; pero luego se repite todo este proceso en la Cámara de Diputados, a la que se turna una minuta del Senado, y todo ese proceso se repite. Posiblemente por eso se habló de dos semanas en abril. Pero ahora la funcionaria ignora todo esto y decide que en cinco días se resuelva todo, para que ya no tenga caso la consulta popular.
En primer lugar, con este tipo de declaraciones, diciendo lo que van a hacer las cámaras legislativas, la funcionaria del Poder Ejecutivo se está entrometiendo, ilegalmente, en las funciones del Poder Legislativo. Y, para información de la secretaria, tenemos un régimen de separación de poderes.
Ya en cuanto a la certeza de la “previsión”, además de lo ya dicho debemos ir a otros niveles. El PRI no ha declarado exactamente qué va a hacer. Hay declaraciones en el sentido de que va a proponer cambios en las iniciativas. Esto, de consumarse, incidiría en esos plazos “a la olla exprés”, ya no al vapor, de la secretaria. El FAP, la izquierda, va sobre una propuesta alternativa, que también incidirá en los plazos.
En otro plano, es público que en el foro del Senado ha habido impugnaciones mayoritarias a los diferentes aspectos de la iniciativa. En algunos casos, las impugnaciones fueron unánimes o casi. Y la proliferación de foros, debates y otros encuentros similares ya no sólo se da por cada vez más instituciones de educación superior, sino que se extiende a cada vez más estados. ¿Seguro que se va a poder ignorar en el Senado todo esto?
En otro plano más, la situación del país dista mucho de ser tranquila, se van apilando los problemas y los conflictos. Siguen subiendo los precios internacionales del petróleo. Sigue subiendo, con ellos, el precio promedio de la mezcla mexicana, que ya rebasó los 120 dólares. Esto implica que siguen subiendo los excedentes petroleros. Pero ya en el trimestre que terminó, el primero del año, el gobierno dijo que no hay excedentes, y dispuso de ese dinero como le dio la gana.
Los pretextos son muy poco convincentes. Que la gasolina en Estados Unidos está muy cara, que Pemex la compra allá para venderla acá más barata. Que siempre no. Y si fuera así, los subsidiados son los que, viviendo en Estados Unidos, cruzan la frontera mexicana para comprar la gasolina o el diesel más barato. Se podría vender sólo a coches o camiones con placa mexicana, o a choferes con credencial para votar o con licencia mexicana para manejar. Pero no se quiere hacer.
Mientras tanto, los estados o entidades en general, y los municipios, se quedan con muy pocos recursos, mientras que los precios y los costos suben. Y la gente, no se diga. Ante los problemas de los alimentos, en vez de apoyar la siembra y la cosecha mexicanas, se importan más granos y otros alimentos básicos, dejando más producción nacional fuera del mercado.
El llamado control de precios es ridículo. No se controlan alimentos básicos y saludables, sino refrescos, churritos y comida chatarra en general, además de productos de consumo marginal.
¿Acaso nada de esto tiene que ver con el destino de los proyectos de reforma petrolera? ¿Acaso los organismos que aglutinan las protestas y movilizaciones relacionadas no agregan al final de sus consignas las relacionadas con la defensa del petróleo, o de la soberanía nacional?
¿Qué es más ridículo, los 100 mil millones de barriles de reservas, o los cinco días para la aprobación en la olla exprés, después de los fracasos anteriores?