■ Teme el gobierno “desacuerdos” entre legisladores peronistas
Amenazan ruralistas argentinos con reanudar los bloqueos carreteros
Buenos Aires, 26 de junio. Un tenso debate sobre el proyecto de impuestos a las importaciones de soya se realizó este jueves en el Parlamento argentino, donde el oficialismo lucha por mantener en línea a sus congresistas, mientras ruralistas amenazan con reanudar asambleas y protestas en las rutas.
“Se nos está acabando la paciencia. Hay productores en el interior que están al costado de las rutas y se están poniendo nerviosos por lo que pasa en el Congreso”, advirtió Alfredo de Ángeli, carismático dirigente de la protesta de los agricultores, que mantiene en vilo a la nación sudamericana desde hace 107 días.
De Angeli adelantó que el fin de semana los agricultores realizarán asambleas en ciudades y pueblos del interior del país, para analizar los pasos a seguir en el contexto del conflicto con el gobierno, que tras el levantamiento de la huelga rural, hace seis días, se encauzó hacia una salida política en el Parlamento.
Representantes del agro encabezan una dura pelea para convencer a los legisladores de modificar el plan de impuestos móviles a las ventas al extranjero de soya y otros granos, enviado al Congreso por el gobierno de Cristina Fernández, a quien acusan de tratar de dilatar la discusión para asegurarse su aprobación sin cambios.
La posición de los ruralistas cuenta con el respaldo de los legisladores de la oposición, pero necesita mayor cantidad de congresistas oficialistas para romper la mayoría que el gobierno posee en ambas cámaras.
De su lado, el oficialismo teme que se agraven los desacuerdos entre parlamentarios peronistas y aliados de las provincias agrícolas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, cuyas exportaciones agroalimentarias superan 50 por ciento de las ventas totales.
Los ruralistas exigen la derogación de los impuestos móviles, que elevaron los gravámenes a la exportación de soya hasta 47 por ciento, y retornar al sistema de un arancel fijo de 35 por ciento.
Pero el gobierno argumenta que planea utilizar la renta extraordinaria producto del incremento de los precios mundiales de los granos para redistribuir la riqueza, con la construcción de hospitales y caminos.