■ Lanza el grupo hipótesis sobre el paradero de sus compañeros

Los desaparecidos estarían en el Campo Militar uno: EPR

■ El gobierno le apuesta al “terror de Estado”, afirma en un comunicado

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) manifestó ayer, en boletín de prensa, que considera la posibilidad de que sus compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz “se encuentren en el Campo Militar número Uno, porque la experiencia en el país indica que a los luchadores sociales los mantienen por años en ese lugar, como ha sido documentado y denunciado por organizaciones defensoras de los derechos humanos desde años anteriores”.

La organización armada precisa que esto lo han corroborado los testimonios de los “presos políticos” que sobrevivieron, “que ahí estuvieron y vieron a muchos otros compañeros que después desaparecieron”. Ante ello, sostiene que “resulta poco creíble que cuando un visitador adjunto de la CNDH va a las instalaciones diga que no halló nada; esto es una burla más, porque para revisar el Campo Militar se requerirían 30 días o más para poder hacerlo de manera exhaustiva”.

Otra posibilidad, subrayó el EPR, es que sus compañeros detenidos-desaparecidos “aún se encuentren en alguna de las casas de seguridad que tienen las fuerzas represivas, como las denunciadas en la revista Proceso, de las que ninguna autoridad ha dado alguna explicación”.

Destaca que el andamiaje clandestino y las formas que utiliza el Estado para intentar paralizar la protesta social “perduran hasta la actualidad, al grado de que los que fueron policías de la DFS hoy brindan asesoría, infraestructura y consejos para encubrir y solapar, y repetir todo lo que ellos hicieron en la llamada guerra sucia, apoyados por lo regular por sus hijos, quienes hoy pertenecen al Cisen o a la AFI”.

Subraya: “insistimos por enésima ocasión en la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y también demandamos enfáticamente a los presuntos representantes del pueblo, en las cámaras de Diputados y Senadores, que promulguen la ley de amnistía para todos ellos; no hacerlo es convertirse en cómplices de todo lo que está sucediendo, porque el PRI junto con el PAN son los que avasallan al Legislativo para imponer leyes y reformas anticonstitucionales que, por ende, son antipopulares como la del ISSSTE”.

Señala que el gobierno de Felipe Calderón insiste en intimidar a los pueblos campesinos, “en desaparecer a luchadores sociales como a los ciudadanos Bonifacio Gaona Barrientos indígena totonaco de Puebla, y al colono Moisés Molina Rodríguez, en Michoacán”.

Abunda: “se insiste en poner como representantes del Estado mexicano a personas sin oficio político, con ideología ultraderechista, para tratar asuntos tan delicados como la continua práctica gubernamental de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad imprescriptible”.

En el contexto de la violencia institucional “las fuerzas represivas aprovechan esta coyuntura para aprehender, torturar y desaparecer a luchadores sociales pretendiendo mimetizarlos con simples levantones del narco, verbigracia, los 38 trabajadores de Pemex desaparecidos en Cadereyta, Nuevo León”, refiere.

Acusa que “existe la complicidad entre gobierno, empresarios, mandos de las fuerzas armadas y cabezas de los grupos de ultraderecha para formar paramilitares que hagan el trabajo sucio e intentar dejar incólume al Ejército federal en la comisión de delitos de lesa humanidad.

“Un ejemplo lo tenemos con el supuesto hallazgo en Oaxaca, de fosas clandestinas y la inhumación de los cadáveres con evidencias de tortura y tiro de gracia que tratan forzadamente de relacionar con la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, tratando de diluir la esencia de nuestra demanda, que es su presentación con vida y la de todos los desaparecidos políticos, alargando el tiempo al intentar distraer a la opinión pública con estos hechos”, apunta.

El EPR considera que “el gobierno de Calderón debe dar una respuesta oficial y no recurrir a voceros oficiosos y a maniobras sucias de propaganda negra contra nuestro partido que buscan desvirtuar nuestras demandas y lucha, presionando para reventar el papel de la comisión de mediación al pretender crear un ambiente de zozobra filtrando por medio del Cisen borregos mediáticos de una supuesta negociación secreta”.

Esas filtraciones, sostiene el grupo armado, “en esencia constituyen amenazas veladas contra nosotros, que al no tenernos al alcance de su garra represora presionan y pretenden desquitarse con luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y presos políticos de conciencia. ¿Estos serán los incidentes a que se refirió la Secretaría de Gobernación?”.

Ni negociaciones secretas ni hipótesis de confort, sostiene el EPR; ambas “son parte de la campaña contrainsurgente, que de manera solícita se reproduce ya sea por omisión o comisión contribuyendo a que perdure la impunidad, alentando a que se cometan nuevos crímenes de lesa humanidad. El gobierno de las desapariciones forzadas le está apostando al desgaste y al olvido por medio del terror del Estado”.