■ La agrupación política Rumbo a la Democracia tiene como base a dos sindicatos

Cierran el paso a minipartidos: uno, con tufo corporativo; otro, sinarquista

■ El derechista Solidaridad ni siquiera pudo cumplir con los requisitos mínimos de afiliación

Alonso Urrutia

El Instituto Federal Electoral (IFE) proyecta negar la solicitud de registro como partidos políticos a las agrupaciones Rumbo a la Democracia y Unión Nacional Sinarquista, por considerar que hubo, en el primer caso, afiliación corporativa, y en el segundo, irregularidades en tres asambleas estatales que debieron ser anuladas y, por ende, se incumplió el requisito de realizar reuniones en 20 entidades.

Sin embargo, lo relevante del dictamen es la modificación radical respecto de los proyectos de dictamen que originalmente había presentado la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y Prerrogativas, instancia responsable de validar la acreditación de los requisitos de ley.

Aunque el nuevo dictamen da como acreditados dichos requisitos en el caso de Rumbo a la Democracia, señala violaciones a la legislación electoral, motivo por el cual niega el registro.

Entre las consideraciones destaca que las personas que se ostentan como principales dirigentes de la agrupación política Rumbo a la Democracia –Rodolfo Bastida y su hijo– también son líderes de un sindicato de transportistas y otro de la industria de la construcción.

Para avalar el sentido del dictamen se indica que “la prohibición constitucional y legal no se refiere a la mera presencia de sindicatos en agrupaciones políticas, sino a su intervención en cualquier momento en el proceso que se lleve a cabo con la intención de obtener el registro de partido político”.

Sin embargo, el dictamen no alude al hecho de que la citada reforma entró en vigor cuando ya estaba avanzado el proceso de registro del partido y se habían realizado la mayor parte de las asambleas, de acuerdo con legislación anterior.

Empero, el centro de la argumentación en este caso hace hincapié en el ejercicio de cargos directivos, tanto en las instancias gremiales como de la agrupación política: “Bajo esa tesitura, se concluye que la intervención de una organización sindical en el registro de un partido político ocasiona la nulidad de dicho acto y de todas las diligencias que se hayan realizado con tal propósito”.

Asimismo, se agrega que al administrar el patrimonio de ambas entidades, la sindical y la política, “se actualiza el supuesto de intervención de una organización gremial o con objeto distinto en la creación de un partido”.

Para el caso de la Unión Nacional Sinarquista, la argumentación se centra en las irregularidades cometidas en tres de las 22 asambleas que dicha agrupación realizó para acreditarse como partido y en la falta de quórum en la efectuada en Morelos.

De acuerdo con el dictamen, se determinó anular la asamblea efectuada en San Luis Potosí, al corroborarse denuncias sobre el pago de 130 pesos a los asistentes a dicha reunión, lo cual está prohibido.

También se anuló la efectuada en Coahuila, toda vez que dio inicio con menos de 3 mil asistentes, número mínimo de militantes requeridos legalmente.

Finalmente, también se anuló la asamblea de Veracruz, debido a que “un grupo de 115 ciudadanos manifestaron haber sido engañados para concurrir a la reunión. Diversas personas manifestaron que no sabían de qué se trataba la asamblea o que acudían a ella porque les habían ofrecido algún apoyo.”.

En principio se perfilaba una mayoría en favor de negar el registro a la Unión Nacional Sinarquista –que pretende ser el partido Solidaridad–, aunque en el caso de Rumbo a la Democracia aún no estaba claro si se aprobaría el dictamen en el sentido de rechazar la solicitud.