■ El ministro de Hacienda acusa a comercializadores de promover las protestas
Mineros bolivianos toman en Potosí oficinas en rechazo a pago de impuestos
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La Policía Nacional informó este viernes que ya tiene identificados a instigadores de actos violentos
Foto: Reuters
La Paz, 20 de junio. Unos 2 mil mineros tomaron las oficinas de la Corte Electoral Departamental, de Impuestos Nacionales y de la Prefectura (gobernación) de Potosí. Posteriormente causaron algunos incendios e hicieron explotar dinamita en protesta por el pago de impuestos que, según el gobierno, no les afecta y no serán anulados.
La violenta protesta de estos trabajadores de cooperativas privadas ocurre después de 10 días de bloqueos en carreteras que unen a Potosí con el resto del país, los cuales fueron levantados el pasado fin de semana tras provocar desabasto de alimentos y otros productos en la ciudad.
Los mineros, quienes han rechazado las propuestas –de acuerdo con el gobierno central–, se oponen al pago de impuestos pese a que aumentaron sus utilidades por la comercialización de minerales, cuyas exportaciones crecieron de 150 millones a mil 200 millones de dólares el año pasado.
El ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, indicó que detrás de los cooperativistas están los comercializadores de minerales, quienes “pretenden un perdonazo, porque Impuestos Nacionales determinó que deben cuantiosas sumas al gobierno”.
Por su parte, La Policía Nacional informó que tiene identificados a los instigadores a la violencia, quienes serán llevados a juicio. Aunque durante los desórdenes los uniformados se abstuvieron de intervenir, el gobierno de Evo Morales llamó al diálogo y a evitar la violencia.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se declaró en “emergencia permanente” y amenazó con realizar un paro productivo nacional ante la “peor crisis sectorial, que no es otra cosa que un polvorín que puede encenderse con la soberbia e intolerancia de las autoridades nacionales”.
Los transportistas rompieron negociaciones con el gobierno la semana pasada, también por diferencias sobre la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas y el impuesto al valor agregado que se aplica al transporte pesado. Además, debido a la exigencia de mayor mantenimiento a las carreteras. Anunciaron un paro a partir del 25 de junio.
El vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, comentó que el CEPB “se dedica más a la política”, por lo que “no es un interlocutor serio para hablar sobre temas estrictamente empresariales”, asuntos en los que “es preferible oír el criterio de las cámaras, porque se abocan a lo industrial”.
El ministro de Hacienda aseveró que el pronunciamiento de los empresarios es “estrictamente político”, pues en el primer trimestre del año la economía boliviana creció 5.68 por ciento, mientras hacen una defensa de “malos industriales que no quieren pagar impuestos”.
En tanto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció un presunto intento de atentado contra el mandatario, Evo Morales, luego de que dos integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista fueron detenidos –y liberados ocho horas después por el fiscal Wiliam Torrez– ayer en Santa Cruz con un rifle “de guerra”, calibre 765, y mira telescópica en las inmediaciones del aeropuerto El Trompillo, adonde arribó el mandatario.
Todo ello ocurre 48 horas antes de que se realice en Tarija un referéndum sobre su Estatuto Autonómico Departamental –que el gobierno califica de “ilegal y anticonstitucional”–, único departamento de la denominada “media luna” que falta, ya que Santa Cruz, Beni y Pando ya llevaron a cabo sus respectivas consultas, todos en un ámbito de gran tensión.