■ El Estado poseerá al menos 60% de las acciones de Cemex, Holcim y Lafarge, define

Decretada, nacionalización de la industria cementera de Venezuela

■ En 60 días los accionistas deben acordar su posible participación en las nuevas compañías

■ Justifica Hugo Chávez la decisión, basado en el déficit en construcción de viviendas

Afp y Reuters

Caracas, 19 de junio. El gobierno de Venezuela promulgó este jueves el decreto para la nacionalización de la industria cementera en ese país, hasta ahora en manos de las trasnacionales Cemex, de México; Holcim, de Suiza, y Lafarge, de Francia, después de obtener esta semana el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia.

La resolución, publicada en la Gaceta Oficial, señala que el Estado tendrá al menos 60 por ciento de las acciones de cada empresa, determina que la transferencia debe culminar el 31 de diciembre, y da un plazo de 60 días a los accionistas para acordar los términos de su posible participación en las nuevas empresas estatales. Además establece que el Estado se reserva el derecho de expropiar los títulos, en caso de no lograr los acuerdos con los anteriores accionistas.

El texto aprobado por el tribunal asienta que las sociedades mercantiles Cemex, Holcim y Fábrica Nacional de Cementos (Grupo Lafarge, de Francia) se transformarán en empresas estatales, que el Estado venezolano se reserva la gestión directa del sector cementero, por definir que se trata de una industria de “innegable valor estratégico para el desarrollo económico y social del país”. En 2007 la producción de cemento en Venezuela se ubicó en 10.2 millones de toneladas métricas.

La norma establece, además, que en los próximos siete días se conformará una comisión de transición, que se incorporará a las actuales juntas directivas de cada empresa, para garantizar una transferencia ordenada y segura de la operación. “Este proceso de transferencia debe culminar el 31 de diciembre de 2008”. También indica que a los accionistas se les dará 60 días, a partir de la publicación del decreto, “para acordar los términos y condiciones de la posible participación accionaria en las nuevas empresas del Estado”. Asímismo, se crea una comisión técnica para acordar el precio justo de la operación y se establece que, de no lograrse acuerdos, el gobierno decretará la expropiación de las acciones.

Hasta ahora Cemex tenía casi 50 por ciento de la capacidad de producción nacional de cemento, mientras Holcim y Lafarge se repartían el resto en partes de 25 por ciento cada una. El pasado 16 de junio el Tribunal Supremo de Venezuela concluyó que el decreto de nacionalización, dictado por el presidente Hugo Chávez en abril, “sistematiza aquellas normas que tornarán operativo el proceso de transferencia y transformación del sector cementero”.

A principios de abril, el presidente Chávez anunció la nacionalización de la industria del cemento y nombró a un equipo para negociar la compra de las tres empresas extranjeras. Desde entonces, representantes de las compañías discuten los términos de los acuerdos para transferir la propiedad de sus activos al gobierno de Venezuela.

El presidente Hugo Chávez empezó el año pasado una política de nacionalizaciones de industrias estratégicas, como la petrolera, las telecomunicaciones y la electricidad, argumentando que el Estado debe ser el dueño de los sectores estratégicos de la economía, cuyo plan de acción este año también alcanzó a las industrias cementera y siderúrgica.

El proyecto de la gran cementera nacional

Hugo Chávez justificó la decisión de nacionalizar las industrias cementera y siderúrgica con base en el déficit que desde hace años sufre el país en la construcción de viviendas. Acompañado por Fernando Lugo, presidente electo de Paraguay, el venezolano planteó en un acto público la idea de crear una “gran (empresa) nacional” del cemento.

“Nuestro pueblo es el que va a solucionar ese problema (de déficit de viviendas), no van a ser las empresas privadas. A las empresas privadas también las aceptamos, trabajamos con ellas, pero no en este caso”, asentó.

El promedio de construcción de viviendas, tanto del sector público como del privado, ha sido de entre 40 mil y 50 mil unidades anuales, desde hace unos cuatro años, mientras la demanda se ubica en unas 100 mil, indican fuentes del sector.

“Organicemos una red de distribución de materiales de construcción, de cemento, para que ustedes mismos hagan los bloques”, propuso el mandatario venezolano en un acto de entrega de recursos a consejos comunales.

Hace unas semanas se promulgó también un decreto para la nacionalización de la siderúrgica Sidor, que dio de plazo para concretarla el 30 de junio de este año. “Ahora que hemos nacionalizado la siderúrgica, vamos a llevar las cabillas mucho más baratas, subsidiadas. El que pueda pagar algo que pague algo, el que no pueda pagar nada que no pague nada. Ése es el socialismo”, afirmó.