■ Elimina el llamado “veto de bolsillo” que ejercía el Ejecutivo con leyes y decretos aprobados

Ya no habrá lectura anual del Informe, determina el Senado

■ El mandatario podrá enviar por escrito el documento

■ Funcionarios públicos acudirán, pero “bajo protesta de decir verdad”

■ Si mienten, se les aplicará la ley de responsabilidades: Gómez

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

En la primera sesión del periodo extraordinario, el Senado de la República aprobó ayer tres reformas constitucionales que modifican el formato del Informe presidencial y eliminan el llamado “veto de bolsillo” que ejercía el Ejecutivo con leyes y decretos aprobados en el Congreso, pero a cambio le dan la posibilidad de presentar dos iniciativas preferentes por cada periodo legislativo ordinario.

Durante una sesión presidida por el panista Santiago Creel, todas las fuerzas políticas coincidieron en que los cambios a cinco artículos de la Carta Magna permitirán modernizar la relación entre poderes, al abrir la posibilidad de “un régimen efectivo de rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso, en el que el presidente de la República no estará obligado a asistir al recinto legislativo”.

El primero de septiembre no será más “un rito echeverriaco”, comentó el priísta Francisco Arroyo, quien recordó el oropel de otras épocas, “el besamanos indignante”, mientras que el perredista Pablo Gómez advirtió que la ceremonia pasó en los últimos años de ser el “Día del Presidente” al “Día contra el Presidente”, y con estas modificaciones se convertirá en un diálogo entre poderes.

El Senado modificó la minuta de la Cámara de Diputados en torno a los artículos 69 y 95, con 101 votos en favor y ninguno en contra. Los legisladores ratificaron que el presidente de la República ya no estará obligado a asistir cada año al Congreso, sino exclusivamente a enviar por escrito su Informe, pero introdujeron otros cambios.

Al explicar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que a fin de que el Congreso no se convierta en oficialía de partes decidieron adicionar la minuta de la colegisladora.

Así, le dieron también al Legislativo potestades para poder plantear “preguntas parlamentarias” por escrito al Presidente para ampliar o rectificar información, además de citar a comparecer a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de paraestatales, “bajo protesta de decir verdad”. Es decir, explicó, si los funcionarios faltan a la verdad incurrirán en responsabilidades de corte político y legal.

Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, expresó preocupación por la posibilidad de que la reforma tenga como propósito “nada más facilitar las cosas a Felipe Calderón”. A ello, el panista Alejandro González Alcocer respondió que los cambios no llevan dedicatoria ni buscan acallar las voces de la oposición, “ya que hay lugares y oportunidades donde se puede hacer”.

Esa parte del “viejo régimen”, la del “oropel de los informes presidenciales”, nadie la extraña, agregó el senador del Partido Revolucionario Institucional Arroyo Vieyra, y dijo sentirse orgulloso de cambiar “esa arquitectura constitucional que pasó de las seis horas o más del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez en tribuna, en una danza y feria de millones”, a “la máscara de cerdo y una serie de horrores” que se vivieron en los últimos informes de gobierno.

Aprovechó para denunciar que el automóvil Lincoln de cuatro puertas, modelo 76 convertible, en que Echeverría llegaba al Congreso, desapareció de los haberes de Los Pinos y lo acaba de ver en una exposición de automóviles privados.

Luego de la anécdota, el priísta aclaró que esos cambios al artículo 69 “no impiden que el jefe del Estado mexicano vaya, si las condiciones políticas están dadas, a San Lázaro”.

El perredista Pablo Gómez Álvarez coincidió en que la presentación del Informe, en lugar de ser motivo de escándalo, lo será de un diálogo del Congreso de la Unión con el titular del Ejecutivo federal.

Recalcó que la decisión de llevar a la Constitución que los funcionarios comparezcan “bajo protesta de decir la verdad” es para recuperar la dignidad del Poder Legislativo, ya que así no podrán mentir ni inventar cifras o datos, porque si lo hacen se les aplicará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El pleno del Senado modificó también, con 105 votos en favor, los artículos 71, 72 y 78 constitucionales para dar fin a lo que comúnmente se llamó “veto de bolsillo”, esa “mala práctica”, según la calificó el perredista Arturo Núñez, del presidente en turno de no promulgar las leyes o decretos ya aprobados por el Congreso de la Unión.

Esa situación, dijo el senador tabasqueño, llevó al extremo de ponerle plazo al titular del Ejecutivo, quien contará con 30 días hábiles para hacer observaciones, y si transcurridos diez días naturales no promulga las leyes o decretos, el presidente de la cámara de origen del Congreso ordenará su publicación.

Los presidentes de ambas cámaras contarán también con un plazo de 10 días para ejercer su nueva facultad de ordenar la publicación de la ley en cuestión en el Diario Oficial.

Asimismo, se modificó el artículo 71, para establecer la iniciativa preferente del Ejecutivo. “Nos parece legítimo en el sistema presidencial que el Ejecutivo tenga esta potestad constitucional de poder someter dos temas de interés nacional a consideración del Congreso”, mismos que recibirán tratamiento especial.

Son dos por cada periodo ordinario, que el Presidente deberá presentar en el primer día de cada uno de esos periodos, y que el Congreso debe votar a más tardar el último día de sesiones. De no estar dictaminadas, de todas formas las iniciativas se someterán al pleno.

Esta salida la propuso el perredista Pablo Gómez, ante la pretensión del PAN de establecer la “afirmativa ficta”, es decir, que de no dictaminarse se dieran por aprobadas.

En tribuna, Gómez Alvarez señaló que ello habría sido inconstitucional y recalcó que espera que en la sesión de hoy se apruebe la reforma que dará también a los grupos parlamentarios la facultad de presentar iniciativas preferentes.

Creel Miranda dejó sólo un momento la presidencia del Senado para poder intervenir ante el pleno, ya que es autor, junto con Humberto Aguilar Coronado, de esa iniciativa que, expresó, debe verse dentro de la reforma del Estado con el objetivo final y preciso de dar mayor funcionalidad a la relación entre poderes.

La minuta sobre el formato del Informe se regresó a la Cámara de Diputados y las otras dos fueron turnadas también a San Lázaro.