■ En agenda, nueve temas: reformas a 12 leyes secundarias y artículos constitucionales
Convoca la Comisión Permanente a un periodo extraordinario a partir de mañana
Ampliar la imagen Alberto Anaya (PT), Gustavo Madero (PAN) y Dante Delgado (Convergencia), al arribar ayer al Senado a la reunión que sostuvieron en la Junta de Coordinación Política Foto: Marco Peláez
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó anoche a periodo extraordinario de sesiones, a partir de este jueves 19 y hasta agotar los nueve temas que incluyen reformas a 12 leyes secundarias y artículos constitucionales, entre los que destacan adecuaciones electorales, modificaciones al formato del Informe presidencial y cambios en las atribuciones y facultades del Ejecutivo.
Quedaron fuera de la agenda las propuestas del Frente Amplio Progresista (FAP) de llamar a consulta popular sobre la reforma a Pemex de Felipe Calderón y reformas a la Carta Magna a fin de instaurar las figuras de plebiscito, referendo y revocación de mandato, ya que el PAN adelantó que votaría en contra.
Durante la discusión en el pleno, los senadores Pablo Gómez, del PRD, Dante Delgado, de Convergencia, y el diputado petista Joaquín Vela reprocharon a los legisladores del PAN excluir un tema fundamental, que tiene que ver con dar al pueblo la posibilidad de opinar en temas torales.
Aquellos que dicen no a la posibilidad de que la población opine sobre leyes de coyuntura, actúan como si estuvieran en siglos pasados o en la monarquía francesa, donde al pueblo no le tocaba “nada de nada”, recalcó el perredista Gómez Álvarez.
Hizo notar que “no hubo consenso para aprobar en el Congreso por lo menos la iniciativa de Calderón sobre referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Entrados al dictamen, habríamos mejorado mucho esa posición, pero no quiere la mayoría de la clase política de México poner sus decisiones al juicio popular”.
El coordinador de los senadores de Convergencia, Dante Delgado, expresó que es inconcebible que se excluya del periodo extraordinario la democracia participativa. Durante la reunión previa de coordinadores, dijo, el argumento esgrimido es que “no hay condiciones políticas para valorar aún” el referéndum, plebiscito y la consulta.
Coincidió con Gómez Álvarez que a Calderón sólo le interesa que se apruebe su reforma energética, a fin de poner “al servicio de trasnacionales el petróleo mexicano”.
Durante esa reunión de coordinadores de ambas cámaras, en la que se discutió la agenda del extraordinario, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, recordó a los asistentes que estos periodos son para aprobar leyes en las que hay consenso y preguntó a los panistas si estaban de acuerdo en que se incluyeran las propuestas del FAP.
El coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, respondió de inmediato que votarían en contra y el tema se excluyó.
Sin embargo, el recién nombrado líder de los senadores blanquiazules continuó la discusión con los representantes del FAP y casi llegó a la confrontación. Dante Delgado le reclamó que tanto Convergencia como el PT deben turnarse para llevar a un solo invitado a los foros de debate sobre la reforma de Pemex –dado que el PAN tiene derecho a invitar a tres ponentes, PRI a dos y PRD a otros dos– y Madero respondió que el gobierno federal no cuenta ahí con ningún espacio.
Insistió en que falta alguien del gobierno federal en esos foros. Navarrete le preguntó entonces si el PAN, como partido en el gobierno, no los representa ahí, y Madero no supo salir del embrollo, a tal grado que el perredista le dijo: “Tomo nota de que el gobierno no cuenta con representación en el Senado”.
La agenda para ese periodo que la Permanente aprobó incluye cinco reformas a la Constitución para modificar el formato del Informe presidencial, a fin de que en adelante el Ejecutivo no esté obligado a leer su reporte en San Lázaro, sino exclusivamente a enviarlo, pero bajo el principio de rendición de cuentas.
Es decir, explicó luego el coordinador perredista, Carlos Navarrete, el presidente no acudirá en septiembre al Congreso, pero los parlamentarios podrán formular una pregunta a integrantes del gabinete, el propio Ejecutivo y, cuando sea indispensable, porque así lo considere el Legislativo, podrá hacer comparecer a funcionarios, que deberán responder “bajo promesa de decir la verdad”.
Igualmente, eliminará el llamado “veto de bolsillo” del Ejecutivo, toda vez que si en un plazo de 30 días hábiles no expide las leyes y decretos aprobados, el Congreso asumirá esa facultad.
Para compensar ello, se modificará la Constitución, a fin de establecer la figura de iniciativa preferente para el Ejecutivo. Asimismo, otro cambio es para eliminar el trámite de solicitar permiso al Congreso para ausentarse del país en el caso de viajes de hasta siete días.
Se reformará la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a fin de adecuarlas a los cambios constitucionales en materia electoral.
También se reformará el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito, para que el IFE pueda fiscalizar las finanzas de los partidos.
El periodo extraordinario incluirá también modificaciones al artículo tercero Constitucional, que tienen que ver con la obligatoriedad de la enseñanza prescolar, así como la ratificación de un tratado comercial con China.
Se incluyó asimismo la designación de los tres consejeros pendientes del Instituto Federal Electoral (IFE). Si no llegan a un acuerdo en la Cámara de Diputados, se convocará a otro período extraordinario para tratar exclusivamente ese tema.
El PRD se opuso a que se incluyera en el periodo dar al Presidente de la República la facultad de vetar el presupuesto.