■ El incremento en las tarifas triplica la inflación en el estado: AUAS
Trasnacional viola en Coahuila el derecho humano al agua
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Agsal mantiene su eficacia de cobranza en 97 por ciento por medio de una política de terror: sin pago no hay líquido. Imagen de archivo
Foto: Alfredo Domínguez
Saltillo, Coah., 15 de junio. “Si te cortan el agua porque dejaste de pagar 100 pesos, te cobran 300 por la reconexión. Si haces tu casa, pero la tubería corre por debajo de la banqueta de enfrente, te exigen 10 mil pesos por conectarte a la red mediante un tubo que cruce la calle y si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te den la toma de agua, porque ellos calculan sobre el tamaño del predio, no de la vivienda. En todos los casos, si no aceptas, te amuelas porque no tienes ante quién quejarte”, explican Gloria Tobón y Rodolfo Garza, líderes de AUAS (Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo), al detallar los abusos más frecuentes de Aguas de Barcelona (Agbar), la trasnacional que en 2001 se apoderó del sistema hídrico de la capital de Coahuila.
Todo lo anterior es consecuencia, abundan, de una licitación “a la medida de Agbar”, que provocó de inmediato una serie de hechos oscuros. Rodolfo Garza precisa: “Ocho días después de ganar el contrato que le permitió adquirir 49 por ciento del Simas (Sistema Municipal de Agua de Saltillo), Agbar formó una nueva empresa, integrada por una sociedad que en ese momento fue constituida al vapor –Interaguas de México–, a la que revendió 49 por ciento de sus acciones de Simas, para fundar Interagbar de México. Y ésta, asociada al municipio, entró en operación como Aguas de Saltillo (Agsal)”.
Sin embargo, añade el ex secretario de Ecología del gobierno estatal, Interaguas de México “es todo un misterio. El Archivo General de Notarías se niega a revelar quiénes son sus socios. Nosotros sabemos, con los datos en la mano, que fue constituida como sociedad mercantil mexicana el 25 de julio de 2001, mediante la escritura 87825, que quedó inscrita en el libro 3075, folios 2772 a 76, de la notaría pública 103 del Distrito Federal, y que el 2 de agosto de 2001 obtuvo el asiento 214640 del Registro Público de la Propiedad. Lo que desconocemos, insisto, es quiénes la constituyeron, porque no nos permiten ver ese documento”.
Rodolfo Garza especula: “¿A qué obedece tanto secreto? ¿Debemos pensar que los socios de Agbar son políticos muy importantes en Coahuila, o será que están encubriendo a funcionarios de la pasada administración de Vicente Fox?”
La doctora Gloria Tobón agrega: “al constituirse Aguas de Saltillo (Agsal), en los documentos legales se especificó que el presidente municipal y un representante del gobernador serían parte del consejo de administración de la empresa, para controlarla en su carácter de socios mayoritarios, pues el estado tiene 51 por ciento de las acciones. Pronto se vio que esto era una burla”.
Agsal, prosigue, “fue conformada como una empresa mixta, con predominio de la Nación, pero a los pocos meses el gobernador y el presidente municipal fueron sustituidos en el consejo de administración por ejecutivos de General Motors y Apasco, las dos trasnacionales más poderosas que hay en Coahuila. Con esta medida, el estado perdió soberanía ante Aguas de Barcelona y los usuarios quedamos indefensos”.
Éste, coinciden los líderes de AUAS, “fue el comienzo de una serie interminable de atropellos”. Pese a que el artículo 121 de la Ley General de Salud, y el 101 de la Ley Estatal de Salud “prohíben que se le suspendan los servicios de agua potable a los edificios habitados”, Agsal promovió ante el Congreso de Coahuila una reforma al artículo 84 de la Ley de Aguas, y logró que éste quedara con la siguiente redacción: “si la mora en el pago es de tres meses, se suspenderá totalmente el suministro de agua”.
A raíz de este cambio, enfatiza la doctora Tobón, “Agsal obligó a los usuarios a ponerse al corriente en sus pagos, violando en la práctica el derecho humano al agua, reconocido por México en diversos tratados internacionales, al quitarles totalmente el abasto de líquido a un sinúmero de personas”.
En 2005, “el número de cortes fue de casi 38 mil, y en 2006 de más de 35 mil, con lo que Agsal mantuvo su eficacia de cobranza en 97 por ciento, es decir, logrando que los usuarios pagaran por el consumo de 970 de cada mil litros de agua facturados”.
Para optimizar sus ganancias, dice el doctor Garza, “Agsal unificó las tarifas de los usuarios, que estaban escalonadas de acuerdo con el nivel económico de la zona en que vivían. La ciudad estaba dividida en 16 zonas, pero Agsal las redujo a 10, afectando a los más pobres, y además comenzaron a subirnos las cuotas mensuales muy encima de la inflación”.
Garza continúa: “Agsal se comprometió a respetar una norma municipal, en el sentido de indexar los precios del servicio de acuerdo con la inflación. Sin embargo, en 2007, la inflación reportada fue de 6 por ciento, pero Agsal aumentó las tarifas más de 20 por ciento. Y por si esto fuera poco, se sacó de la manga otra regla: cobrar por metro cuadrado, calculando sobre el valor del terreno, no de la vivienda, de modo que si vives en una construcción de 100 metros cuadrados, dentro de un lote de mil metros cuadrados, tienes que pagar 100 mil pesos para que te instalen la toma de agua, y así el agua te sale más cara que la casa”.
“Esto es increíble, ¿verdad?”, pregunta la doctora Tobón, indignada. Y contesta: “Pues hay muchas, muchas tropelías más, porque no hemos hablado de lo que Agbar le defrauda a Hacienda…”