■ Hoy vence el plazo de ONG al gobernador chiapaneco para que libere a 14 detenidos

Incumple Sabines promesa de liberar a indígenas presos por causas políticas

■ Forzados, ocho reclusos desde la cárcel cedieron sus tierras a la agrupación paramilitar OPDIC

Blanche Petrich

Al inicio de su gestión, el gobernador Juan Sabines reconoció que había en Chiapas centenares de indígenas presos por causas políticas, condenados en procesos judiciales plagados de irregularidades. Prometió revisar los cerca de 360 expedientes identificados como casos de represión. Hasta la fecha la promesa se ha cumplido a cuentagotas, empujada por huelgas de hambre y plantones. Hasta fines de marzo, cerca de la mitad de los casos concluyeron con órdenes de excarcelación.

Entre los liberados se encuentran 31 detenidos relacionados con el zapatismo, ya sea como bases de apoyo o como adherentes a la otra campaña. Otros 14 presos, entre ellos una mujer –Delia Pérez– siguen recluidos en los centros de readaptación social de El Amate (Cintalapa) y Los Llanos (San Cristóbal). La organización de ex presos, denominada Voces Inocentes, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas los identifican como “presos políticos” y mantienen sus casos ante la instancia de negociación que se estableció con el fiscal del Ministerio de Justicia, Gilberto Monzón.

Ocho de estos presos pertenecen a la familia Sánchez Gutiérrez, del ejido Busijá, en Ocosingo. Davita Sánchez, la “estudiada” de la familia, planeaba ser abogada. Todos los Sánchez –hermanos, tíos, primos– cooperaron para que ingresara en una escuela de leyes. Al final, sin pisar la universidad, la joven ha asumido la defensa de sus parientes, entre ellos su padre. Todos los ahorros se han esfumado en los vericuetos de un proceso que ella explica a La Jornada:

“En 2006, el líder de la OPDIC, Pedro Chulín, ordenó a los ejidatarios de Busiljá, por Playas de Catazajá, tomar las armas para expulsar a las bases de apoyo zapatista que llegaron en 1997 a nuestras tierras. Nosotros no aceptamos. Entonces detuvieron a 12 varones de mi familia. Pedro Chulín les fabricó un delito de secuestro”. Ante la ineptitud de los abogados de oficio, Davita se metió a leer los expedientes. Descubrió que el secuestrado y los testigos acusan a otras personas, no a los Sánchez.

Los campesinos de Busiljá se sumaron a la huelga de hambre. “Cuando mis familiares llevaban varias semanas ayunando, en la casa de gobierno me pidieron 20 días más”, dice Davita. Entonces ella y los demás familiares hicieron ataúdes de cartón y los pasearon por las calles de Tuxtla, de San Cristóbal. Así llegó el 30 de marzo y la noticia de que los presos iban a ser liberados.

“Pero no fueron todos. A ocho de mi familia les piden que firmen la cesión de nuestras tierras para dejarlos salir.”

Otros también quedaron atrapados en la red de las revisiones inconclusas. Andrés Díaz Ruiz, del ejido Mercedes Isidoro, de Simojovel, preso desde 2001. Su hermano Antonio, detenido en 2002, es uno de los indultados. Explica que Andrés fue el precursor de la primera organización de presos zapatistas dentro del penal. Integraron La Voz de Cerro Hueco para identificarse como inocentes de los delitos que les imputaban. Varias veces organizaron huelgas de hambre “y así muchos otros presos injustamente se dieron cuenta de que también desde dentro se puede luchar”.

En 2004 el gobierno estatal cerró el penal de Cerro Hueco y los “presos políticos” fueron dispersados en los nuevos Ceresos 14 (Cintalapa), cinco (San Cristóbal) y 12 (Yajalón). Con el lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, los zapatistas presos se reoganizaron en La Voz de El Amate y La Voz de los Llanos. Dos años después, ante la falta de respuesta del gobierno, una veintena se declaró en huelga de hambre. En algunos casos la llevaron al límite, más de 40 días, con riesgo de su salud. Mientras, fuera de los penales, las familias se plantaron frente a las oficinas de Sabines. “Por eso decimos que no le debemos la libertad a su buena voluntad, sino que es un logro por nuestro sacrificio”.

El gobierno acordó las últimas 31 excarcelaciones con las modalidades de desistimiento de la acción penal, preliberaciones y sentencia suspendida. Con esta fórmula, los ex presos tienen que ir semanalmente a firmar al Cereso.

En mayo, sin embargo, se formó la organización de ex presos y familiares Voces Inocentes, como continuación de la lucha que dieron en la cárcel y, asegura Antonio Díaz, “para decir quiénes somos, sin delito, detenidos por la forma en que estamos trabajando con el pueblo”. Y esta organización acordó que los liberados con sentencia suspendida no irán a firmar al Cereso. El Centro Fray Bartolomé señala que “les asiste la razón”, ya que la obligación de acudir semanalmente a la prisión se contradice con el reconocimiento público del gobierno a su inocencia.

Agrega que la permanencia de 14 detenidos en prisión es un “incumplimiento” del compromiso del gobierno chiapaneco. En este grupo hay un indígena, Jesús López, diabético en muy mal estado, a quien urge liberar por razones humanitarias, igual que a Delia Pérez, también enferma.

Por la experiencia vivida para liberar a cuatro miembros de su familia presos, Davita Sánchez es una convencida “de que el movimiento puede lograr la libertad”. Recuerda todavía las palabras de Sabines, aún como candidato, que en su cierre de campaña en Ocosingo le prometió la libertad de los suyos. Extorsionados y amenazados por todos lados, los Sánchez firmaron desde la cárcel papeles cediendo sus tierras a OPDIC, grupo identificado como paramilitar. Perdieron su tierra y aun así, falta dictar la liberación de ocho de ellos.

Los integrantes de Voces Inocentes volvieron a plantarse frente a la oficina de Sabines el 24 de mayo. En represalia, los 14 presos fueron trasladados, sin notificación, de noche, a otros Ceresos más distantes. La presión de las organizaciones humanitarias forzó su retorno a El Amate y a Los Llanos. Sus familias otorgaron al gobierno chiapaneco un plazo para ordenar su libertad y levantaron el plantón. Este plazo se vence hoy, 16 de junio.