28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres: un imperativo ético y un compromiso social

En el marco de este día emblemático, instaurado por la Red de la Salud de las Mujeres de América Latina y El Caribe en 1987, Católicas por el Derecho a Decidir expresa su indignación ante la inaceptable situación de la salud de las mujeres.

Si tomamos en cuenta que el concepto de salud promovido por la Organización Mundial de la Salud no solamente es ausencia de enfermedades, sino que abarca un “completo estado de bienestar físico, social y mental”, los desafíos para lograr el derecho de las mujeres a la salud integral son aún mayores en contextos en los que la pobreza aumenta, la desigualdad es escandalosa y la corrupción y la impunidad son la constante. Más aún, cuando los patrones culturales refuerzan la misoginia, las inequidades de género, la discriminación por sexo y la violencia feminicida.

En México, según un informe del Instituto Nacional de las Mujeres de 2004, una de cada 10 mujeres indígenas que se embaraza fallece por complicaciones; 25 por ciento de las personas infectadas por VIH/sida son mujeres (Censida, 2007); los tumores representan la tercera causa de muerte en la población femenina: 13 por ciento de éstas corresponden a cáncer cérvico-uterino y 13.3 por ciento a cáncer de mama (INEGI, 2006). De acuerdo a la Secretaría de Salud, en 2006 murieron mil 166 mujeres, lo que representa una razón de 60 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos registrados.

La misma Secretaría afirma que entre 75 y 85 por ciento de las defunciones maternas son absolutamente previsibles. Estas complicaciones se evitarían si fueran detectadas oportunamente en consultas prenatales adecuadas así como a través de servicios obstétricos de emergencia disponibles en las zonas de mayor marginación. Indudablemente el incremento de la pobreza y las desigualdades estructurales influyen en esta tragedia que deja cientos de niños huérfanos.

Otro grave problema que afecta la salud de las mujeres es la violencia: de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares, casi siete de cada 10 mujeres de 15 años o más sufrieron algún tipo de violencia —emocional, física, sexual o económica— en la familia, el trabajo, la escuela o por parte de su pareja. Además, dos de cada 10 mujeres confesaron haber sufrido agresiones físicas, que les provocaron daños permanentes o temporales, y una de cada 10 fue intimidada para tener relaciones sexuales sin su consentimiento; el 50 por ciento de los delitos sexuales se cometen contra mujeres y niñas (Cimac, 2002). La expresión máxima de la violencia, el asesinato de mujeres por el sólo hecho de serlo y la impunidad asociada a estos crímenes, el feminicidio, ha cobrado la vida de 1088 mujeres de 15 estados, entre junio del 2006 y junio del 2007, documentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Si bien deben reconocerse los esfuerzos de los gobiernos del mundo por mejorar esta situación, calificada como grave en las conferencias de El Cairo (1994) y Beijing (1995), esta somera revisión de las cifras actuales en México nos arroja resultados verdaderamente preocupantes.

En este país, organizaciones de la sociedad civil que tenemos años luchando por el derecho a la salud de las mujeres hemos participado en iniciativas de colaboración con el gobierno que demuestran la sensibilidad y voluntad por promover políticas públicas destinadas a abordar estos problemas. Sin embargo, reiteramos que la situación aquí enunciada nos demuestra que es necesario redoblar esfuerzos y promover políticas integrales e interinstitucionales, así como destinar los recursos financieros necesarios para su instrumentación. Un factor fundamental para que la salud de las mujeres alcance un estado completo de bienestar es el cambio cultural indispensable para que las mujeres puedan integrarse plenamente a la vida social, económica y política y se reconozca su plena autoridad moral.

Ante este panorama, como comunidad católica debemos sumarnos a todos los esfuerzos por mejorar la salud de las mujeres, particularmente su salud sexual y reproductiva. Como mujeres católicas debemos reconocer que nuestro bienestar depende de decir sí a nuestra existencia y a nuestra salud, de tomar nuestras decisiones para cuidarla y exigir a nuestros gobiernos garantías para el disfrute de nuestros derechos.

Lamentablemente nuestra institución católica en muchos casos se ha convertido en un riesgo para la salud física, psíquica y espiritual de las mujeres porque se ha alejado de sus vidas, porque ha traicionado el Evangelio y porque el magisterio, creyéndose infalible, impone una moralidad unívoca que ni sus integrantes pueden cumplir: muchos de ellos son también víctimas de su doctrina del sufrimiento y la desesperanza.

Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por los cambios planteados al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud que confieren facultades extralimitadas al Director General de Asuntos Jurídicos, Bernardo Fernández del Castillo, que le permitirán incidir en la toma de decisiones de asuntos cruciales relacionados con la salud de las mujeres, cuando en repetidas ocasiones ha manifestado una clara oposición a sus derechos sexuales y reproductivos. En un Estado laico, no podemos aceptar que se permita a funcionarios que ponen sus creencias personales por encima de su función pública tener estos niveles de poder en un área como la salud, en la que el oscurantismo puede producir la muerte.

Llamamos a las autoridades de la Secretaría de Salud, que tienen en sus manos esta ampliación de poderes en manos de personas opuestas al ejercicio de los derechos básicos de las personas, a que consideren seriamente la necesidad de limitarlos en pro de la salud y el bienestar de las mujeres mexicanas.