13 de mayo de 2008     Número 8

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada

NUESTROS VECINOS

Desregulación de ogm en estados unidos genera más riesgos a la salud

  • Desoyó la FDA oposición de expertos a la vía libre a alimentos modificados
  • Químicos dañan a los niños; OGM, nueva preocupación para la salud pública

FOTO: Mafleen

Alejandro Calvillo Unna

Desde mediados de los 90s desaparecieron los procedimientos para evaluar los riesgos que podían representar los transgénicos en la Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos.

El artífice de ese proceso en la FDA fue Michel Taylor, quien había trabajado en la firma de abogados King and Spaulding, que asesoró a Monsanto en la elaboración de la regulación pro-biotecnología que la industria cabildeó ante el gobierno estadounidense.

Para Monsanto no podría haber mejor persona para tomar el mando de los asuntos relacionados con los transgénicos en la FDA. En 1991 se creó un nuevo cargo exclusivamente para él: comisionado de Política. Tres años después el poder de este personaje era incuestionable: fue nombrado administrador del Departamento de Seguridad en Alimentos Agrícolas y Servicio de Inspección de la FDA.

Con Taylor comenzó a darse una profunda desregulación de los transgénicos: la autoridad dejó de hacer estudios de evaluación, y pasó esta responsabilidad a las empresas. Así, países importadores de granos desde Estados Unidos, como México, reciben transgénicos (maíz, soya, canola) y no hay una real garantía de salud para los consumidores.

Los servicios de Taylor serían posteriormente bien remunerados. Cuando dejó la FDA , fue nombrado vicepresidente de Políticas Públicas de Monsanto. Esta transformación de funcionarios a cabilderos de empresas y viceversa es algo muy común.

A partir del acta de libertad de información, diversas organizaciones y personas han obtenido documentos internos de la FDA que evidencian la fuerte oposición expresada por expertos de la institución contra la vía libre a los transgénicos.

La salud, en manos de trasnacionales . La FDA , influida por Taylor, expresaba pública y oficialmente que los alimentos transgénicos no representaban ningún riesgo para la salud humana. Pero al interior de la FDA había una “guerra de memos” que derivó en el despido de varios especialistas que se resistieron a la imposición de los intereses del corporativo por encima de la misión de esa institución pública, que es proteger la salud de la población.

Los diferentes grupos de trabajo se manifestaron. El Grupo de Toxicología de la FDA advertía: “la posibilidad de cambios accidentales, inesperados, en las plantas transformadas por la ingeniería genética, justifican la necesidad de estudios toxicológicos”. La División de Tecnología y Química en Alimentos de la institución señalaba cuatro riesgos principales: el incremento de los niveles de toxinas conocidas; la aparición de nuevas toxinas; un incremento en la tendencia de acumular sustancias tóxicas del ambiente, como pesticidas o metales pesados, y alteraciones indeseables en los niveles de nutrientes. El Centro de Medicina Veterinaria envió un memorándum en el que alertaba: “el Centro considera que los animales alimentados con plantas genéticamente modificadas enfrentan riesgos en su salud, así como también quien consume la carne o los productos de estos animales (...) los residuos de toxinas en la carne o la leche pueden provocar problemas en la seguridad de los alimentos que consumimos“.

Riesgos silenciados. Las advertencias de los expertos fueron acalladas en beneficio de la industria. Después de varios años y tras arduos procesos legales, parte de los documentos fueron liberados y hechos públicos. Sin embargo, nada cambió.

Los riesgos más citados que los transgénicos representan para la salud son: la generación de alergias; la transferencia de resistencia a antibióticos desde genes introducidos a los alimentos transgénicos hacia los microorganismos de nuestro cuerpo; una mayor presencia de toxinas conocidas, y la aparición de toxinas desconocidas.

Pero hay otras amenazas aún no catalogadas. Tomemos el ejemplo de la producción de maíces transgénicos para la producción de medicinas. Si se diera el caso de que maíces modificados para producir antibióticos transfirieran sus genes a maíces para consumo humano, se tendrá un alto riesgo de que los microorganismos patógenos desarrollen resistencia al antibiótico en quienes consuman este grano.

Jeremy Riffkin dice que si el siglo XX fue de la industria química, el XXI es de la biotecnología. Se han introducido unos 100 mil químicos sintéticos al ambiente y los alimentos y hay datos que los responsabilizan de epidemias de cáncer y efectos mutagénicos y de actuar como disruptores endocrinos. Los aditivos químicos en alimentos procesados no han sido evaluados en sus efectos sinergéticos, ni individualmente en profundidad. Varios han sido retirados después de descubrirse, por estudios independientes, que son cancerígenos. Recientemente, la Agencia de Estándares de Alimentos del Reino Unido concluyó que colorantes comúnmente utilizados en alimentos y bebidas procesadas están provocando déficit de atención e hiperactividad en los niños, uno de los trastornos más severos y comunes en la población infantil y juvenil a escala global.

¿Qué nos depara la introducción masiva de transgénicos con fines alimentarios, medicinales, industriales, sin la existencia de instituciones y procedimientos de evaluación de riesgos? ¿Cuál es el futuro de la salud y del medio ambiente con la imposición de los intereses corporativos sobre los colectivos y el bien común?

Director de El Poder del Consumidor, A.C.

Guatemala: entre la dependencia y la soberanía alimentaria

Katia Winkler y Pablo Sigüenza

Guatemala es originario de numerosas variedades de maíz –sustento civilizatorio mesoamericano milenario–, pero se ha vuelto dependiente de las importaciones del cereal. En los 80s el país aún era productor autosuficiente, pero hoy las compras desde el exterior de granos básicos, y de maíz en especial, representan una tercera parte de la disponibilidad nacional, cercana a los 50 millones de quintales anuales.

Las importaciones atienden la demanda de la industria de alimentos procesados y de los productores pecuarios; no están en concordancia precisamente con el consumo de maíz per cápita.

De esta forma se justifican las importaciones de granos básicos subsidiados en los países de origen –principalmente Estados Unidos–, que favorecen preponderantemente a las empresas trasnacionales controladoras de la cadena alimentaria; como consecuencia, está el abandono del cultivo de maíz de los pequeños y medianos productores.

Migración rural. Otros efectos nefastos son la desnutrición crónica en la mitad de los niños y las niñas guatemaltecos menores de cinco años, y el abandono del campo pues la gente migra hacia los países vecinos del norte por la falta perspectivas, de acceso a tierras, insumos y mercados. El aparato público intenta mitigar esto con medidas compensatorias y cosméticas, tales como el redireccionamiento de fondos gubernamentales hacia rubros relacionados con la seguridad alimentaria.

El discurso que sustenta las políticas neoliberales en el mundo busca restarle importancia al recurso tierra. Sin embargo, la relación que existe entre la distribución de la riqueza, el valor de la tierra y su tenencia y los índices del llamado desarrollo, es estrecha.

Desafortunadamente, Guatemala no figura entre los países donde se han logrado procesos de transformación agraria y, por ende, cambios estructurales en las sociedades: su concentración de la tierra es de las más altas en América Latina. Las tierras más fértiles del país, en pocas manos, son destinadas a la agroexportación tradicional de los postres para el primer mundo –como banano, café y azúcar– y, en fechas recientes y en aumento, a la producción de agrocombustibles. En cuanto a los pequeños y medianos productores de alimentos, el rubro de maiceros –que participa de manera importante en los cerca de 26 millones de quintales del grano producidos anualmente y cultivados en parcelas menores de 10 manzanas–, se encuentra en pleno proceso de descampesinización.

Capacidad de autoabasto. Investigaciones recientes relacionadas con la problemática agraria y rural guatemalteca demuestran que existe suficiente tierra apta para el cultivo del maíz, la cual además, siendo ahora subutilizada u ociosa, podría destinarse a satisfacer la demanda nacional alimentaria.

Cambios necesarios y concretos en la tenencia de la tierra, junto con una adecuada regulación de sus usos, la fiscalización de la misma, y los insumos necesarios provistos por el Estado, posibilitarían la generación de excedentes de producción considerables, con los cuales no sólo se lograría la sustitución de las importaciones de maíz, y con ello, la soberanía alimentaria nacional, sino que también habría volúmenes para la exportación y la generación de divisas alternas a las remesas. Mediante la afectación de las tierras ociosas, y un consecuente ordenamiento territorial bajo criterios preponderantemente sociales y agroecológicos, es posible la revitalización de la pequeña y mediana producción campesina e indígena del maíz y de la vital milpa.

Parece más que urgente reorientar las políticas agrícolas hacia la solución de la dependencia alimentaria y la conflictividad agraria, ésta última que en la historia aún reciente de Guatemala condujo a una de las guerras más sangrientas y silenciadas del continente.

Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, Guatemala