México SA
■ Las Afores, 10 años de pingüe negocio
■ Las administradoras sí tienen qué celebrar
En una fecunda década para los propietarios de las Afores, el ahorro de los trabajadores que ellos “administran” pasó de representar 2.8 por ciento del PIB en 1998 a 12.2 por ciento al cierre de 2007 (un incremento de 4.35 veces en el periodo), equivalente a casi un billón 200 mil millones de pesos. De este monto, dichos dueños se quedaron con 10 por ciento, producto del cobro de comisiones.
Como suele suceder en la “moderna” economía mexicana, al cierre de 2007 cuatro Afores (dos extranjeras, dos nacionales) se quedaron con la rebanada más gruesa del pastel: Banamex (Citigroup, estadunidense), Bancomer (BBVA, española), Inbursa (Carlos Slim) y Profuturo GNP (Alberto Bailleres), la más onerosa del sistema, concentran 57 por ciento del mercado, con 679 mil millones de pesos.
Una segunda rebanada, no tan gruesa como lo anterior, pero igual de suculenta, quedó en manos de otras seis Afores (cuatro extranjeras y dos de capital nacional y foráneo), con 35 por ciento del mercado, equivalente a 418 mil millones de pesos. Ellas son Banorte Generali (mexicano-española), ING (holandesa), Santander (española), Siglo XXI (IMSS-Prudential Financial, estadunidense), HSBC (británica) y Principal (estadunidense).
Las 11 Afores restantes se repartieron la rebanada más delgada, pero resultona: 8 por ciento del mercado, o lo que es lo mismo, alrededor de 100 mil millones de pesos en ahorro de los trabajadores. Incluso, se dan casos como el de la Afores Scotia con tal sólo 0.1 por ciento del total y la Afore De la Gente (así se llama), con apenas 0.02 por ciento.
Lo mejor del caso es que las 10 Afores que concentran (unas más que otras) 92 por ciento del mercado resultan las más caras para los trabajadores, las que mayores comisiones les cobran. Así, Profuturo GNP, del empresario Forbes Alberto Bailleres, ocupa la primerísima posición en lo que a costo para los ahorradores significa: 2.6 por ciento; le siguen dos trasnacionales: Banamex, propiedad de Citigroup, y la española Santander, con 2.2 por ciento; ocupa el tercer escalón la Afore que originalmente “administraba” el IMSS y que ahora lo hace de la mano de la estadunidense Prudential Financial, con 2.1 por ciento, ligeramente por arriba de la británica HSBC y la estadunidense Principal, con 2 por ciento en cada caso, quienes superan a la mexicana-española Banorte Generali y a la española BBVA (1.7 por ciento). Las demás, están por debajo de esta cota.
Alrededor de 28 mil 500 millones de pesos acumularon las Afores en utilidades netas, las cuales, en una década, crecieron a una tasa media anual de 24.11 por ciento. La peor parte se la han llevado los clientes (léase los trabajadores), quienes han pagado hasta 23 centavos de cada peso aportado para la cobertura de pensión, mismos que han engrosado las chequeras de los “administradores”. En términos porcentuales, precisa el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de 1998 a 2007 la utilidad neta de las Afores creció a una tasa media anual de 24.11 por ciento; mientras que el rendimiento de las cuentas de los trabajadores apenas fue de 2.7 por ciento.
En este contexto, un respetado lector de México S.A., Francisco Servín de Alba ([email protected]), nos envía un documentado estudio (Peor que el Fobaproa) sobre el tema, del que sobresalen los siguientes apuntes: “cualquiera dudaría que hubiese otro fraude de la magnitud del que cargaremos los mexicanos durante los próximos 70 años. Pero, desafortunadamente, hay que admitirlo y decirlo con todas las letras: sí existe algo parecido a ese lastre y, nuevamente, las autoridades dan su aval para que acontezca. Festejando están, las Afores los primeros 10 años de existencia. Ellos sí tienen qué celebrar, pues la manera como han manejado el dinero de los futuros pensionados del país les ha permitido embolsarse una cantidad de dinero tal que en otra parte del mundo sería evidencia suficiente para un merecido castigo. No así en el territorio en donde se premia el delito con rescates, y menos si se ha contado con ayuda en el momento electoral preciso”.
El tiempo transcurrido, subraya Servín, “es fiel testigo de lo que ocurrirá en pocos años. La crisis de solvencia arrastrará a la nación entera y el gobierno federal volverá a confirmar su afinidad con los grupos del poder económico, aumentando la carga a quien se ha acostumbrado a pagar los excesos de los mismos de siempre. Diez años perdidos en el horizonte del trabajador, porque sus aportaciones a un sistema abusador y deshonesto han servido exclusivamente para engrosar, más, las carteras de los hombres más ricos del país. En este periodo, el crecimiento en las aportaciones de más de 38 millones de trabajadores se congeló; en cambio, las finanzas de los grupos involucrados en el manejo de las esperanzas de muchos han subido como el bicarbonato cuando se le agrega limón. Ellos han alcanzado la nada despreciable cifra de 28 millones de pesos en utilidades netas; triplicado sus activos totales; tienen cercados a los trabajadores y a su dinero, que es secuestrado por una organización que les escamotea las utilidades que genera”.
A lo anterior súmese la “pérdida” del ahorro previo al SAR de 1992.
Las rebanadas del pastel:
Sobre el mismo tema, SOS de un afligido lector: “durante 12 años trabajé en la Secretaría de Salubridad (1976-1988); en ese periodo retuvieron de mi salario las cuotas del ISSSTE; este año cumplí 60 de edad, y al presentar mi hoja de servicios para reclamar la devolución de las cuotas que me fueron retenidas, se me informa que por haber transcurrido tantos años no tengo derecho a devolución alguna. ¿Es esto verdad? Yo no encuentro en la ley algo al respecto. ¿Qué, no el descuento que me hicieron es parte de mi salario?” (Luis Angel Martínez, [email protected])... La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró legal el gasolinazo. Qué bueno que aprieten más, porque también “legalizaron” el Fobaproa, el “rescate” carretero, el azucarero, el de las líneas aéreas y los que quedan en el tintero, que son muchos. Felicidades, pero deberían legalizar un impuesto especial a la incompetencia de la clase política. ¡Sobraría el dinero!