■ Condena la postura gubernamental de imponer condiciones para emprender el diálogo
El EPR reivindica la lucha armada y rechaza una rendición incondicional
■ Critica que se dé a los miembros del grupo mediador el simple papel de “testigos presenciales”
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) condenó la postura gubernamental de imponer condiciones para un acercamiento y advirtió que no habrá “diálogo ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que implique dejar la lucha armada para incorporarse a la vida institucional”.
En un comunicado censuró que se pretenda convertir a quienes convocó como mediadores entre las partes en “mudos testigos presenciales”.
El EPR reivindica su papel de grupo guerrillero, pues “las armas y las acciones de autodefensa son y siguen siendo una medida política legítima ante el derroche de la violencia que viene del Estado contra el pueblo y sus organizaciones”.
En este contexto, llamó a organizar e impulsar “la lucha por todos los medios y formas contra la privatización de Pemex”.
En un extenso documento dirigido a defensores inependientes de los derechos humanos y a organizaciones sociales, políticas y revolucionarias, se descalifica el papel del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al cual se identifica como alguien que se “quiere presentar con ínfulas de político y estadista, investidura que no alcanza a cubrir por ser un empresario arribista que ha acaudalado fortuna por medio del tráfico de influencias”.
Negación de la realidad
El EPR afirma que “sólo un esquizofrénico –mal recurrente de los panistas– puede negar la realidad que vive el país, donde prevalece la pobreza; hay un marco jurídico oligárquico; hay presos políticos y desapariciones forzadas, al mismo tiempo que prevalece una la represión selectiva y masiva”.
El EPR señala que las amenazas y chantajes para “arrodillarnos o que capitulemos por las ‘buenas’ no detendrán la voluntad de combatir del pueblo”. Subraya que hasta ahora el gobierno sólo ha ofrecido una tentativa de diálogo que va condicionado “con prepotencia y formateado con alevosía y ventaja, que enjuicia a priori”.
Más adelante advierte que la pretensiones de esas amenazas –sustentadas en la “superioridad del Estado”– están condenadas al fracaso, porque sólo buscan la “paz de los sepulcros y las mazmorras de sus cárceles de exterminio”.
En una parte medular de su comunicado el EPR destaca la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez a manos de los gobiernos federal y de Oaxaca.
Para los eperristas, la responsabilidad del Ejecutivo federal en estas desapariciones se da “por omisión o comisión”, razón por la cual insisten en su denuncia de la redición de la guerra sucia por los gobiernos de “Ulises (Ruiz) y (Felipe) Calderón”.
El EPR critica las descalificaciones que ha sufrido a manos del gobierno y sus “voncingleros” por los reclamos de presentar con vida de las desaparecidos, por lo que concluye que en realidad la violencia proviene del Estado.
Asimismo, cuestiona la “negación de facto” de la existencia de desaparecidos, porque en los hechos esto presupone la cancelación de una salida política al problema de las desapariciones forzadas.
Más adelante insiste en su demanda de liberación de los dos desaparecidos en una lógica de defensa de los derechos humanos, pero sostiene que “se equivocan, señores del gobierno y vocingleros del sistema, en sus juicios y sesudos análisis: no estamos pidiendo negociación alguna producto de debilidad o acorralamiento político, o porque sentimos pasos en la azotea ante el gran despliegue policiaco-militar”.
Rechazo a amenazas
La petición de crear una comisión intermediadora, explica, obedecía a crear mínimos espacios legales “acotados por un Estado que todo criminaliza”. Se trataba de buscar con la participación de esas personalidades la presentación con vida de los desaparecidos.
Sin embargo, añade, a esta iniciativa el gobierno respondió con amenazas, descalificaciones y estigmas, “por lo que en los hechos a la violencia institucionalizada contra los luchadores sociales se anexa más violencia estatal para tratar de imponer una salida policiaco-militar”.
Posteriormente pone en duda la democracia que reivindica el gobierno federal, al señalar que no es concebible si se refiere “¿al asesinato de más de 600 perredistas en Guerrero? ¿A las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, El Charco y Agua Fría? ¿A las brutales represiones en Sicartsa o San Salvador Atenco? ¿Al estado de sitio en Oaxaca, que cobijó crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Ulises Ruiz? ¿A la militarización del país que anula de facto garantías individuales?”