Crisis alimentaria en México: crónica de un desastre anunciado

• Desenmascarados, el neoliberalismo y sus instituciones
• Urge pacto nacional por la soberanía y el derecho a la alimentación

Víctor Suárez Carrera

El encarecimiento de los alimentos en los meses recientes a niveles sin precedentes desde los años 50s configura una verdadera crisis mundial, que ha impulsado a todos los organismos internacionales (ONU, FAO, UNCTAD, FMI, Banco Mundial, G8, OMC) a reconocerla como un grave problema no sólo para los países importadores netos sino también para los desarrollados y la economía global en su conjunto.

La multiplicación de los precios de los alimentos, de una a tres veces respecto de los niveles de 2006, profundiza la desnutrición, pobreza y caída del poder adquisitivo de la mayoría de los hogares mexicanos y del mundo entero.

Entrega de granos a los habitantes de Haiti por parte del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. FOTO: Peter Casier / Programa Mundial de Alimentos de la ONU

Más de 40 países, entre ellos México, han experimentado conflictos sociales y políticos derivados de la inflación alimentaria. El secretario general de las Naciones Unidas llamó a una reunión urgente de todos los organismos de esta instancia, incluidos Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI), para analizar la crisis y encontrar soluciones urgentes y de fondo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo una convocatoria similar a sus miembros para sesionar a principios de junio en Roma. El G-8 (grupo de los países más poderosos) ha incluido el tema en la agenda de su reunión de julio.

México: excepción mundial, según Calderón. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones del presidente Calderón y de miembros de su gabinete, en México no hay crisis alimentaria: somos una excepción mundial, no pasa nada, todo está bajo control.

Que los precios de la tortilla se hayan incrementado más de 40 por ciento y tiendan a llegar a dólar el kilo para principios de junio “no hay problema”.

Que los precios del trigo y del arroz se hayan duplicado y triplicado, respectivamente, en los meses recientes, y que la canasta alimentaria básica haya sufrido un aumento de 42 por ciento en la administración calderonista, “sí, pero no hay desabasto”.

Que el Banco de México declare que la meta inflacionaria de 3 por ciento para 2008 no podrá cumplirse, y que se superará 4.75 debido a la presión del encarecimiento alimentario, “no importa, todo esta bajo control”.

Que estemos dependiendo en 42 por ciento de nuestros alimentos de Estados Unidos (EU), y que en 2007 hayamos importado 20 millones de toneladas de granos y oleaginosas con valor de 5 mil millones de dólares más 7 mil millones de dólares en hortalizas, frutas y otros alimentos procesados y bebidas, “no hay problema, los consumidores tienen mejores opciones de compra”.

Que por el incremento de los precios de los alimentos se prevea que en México aumenten en dos millones las personas con desnutrición y anemia y en seis millones las personas en condiciones de pobreza, “para eso está el nuevo programa Vivir Mejor”.

El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, dice que el alza de precios es una burbuja inflacionaria; el de Economía, Eduardo Sojo, que el abasto está garantizado –aunque no precisa a qué precios ni con qué consecuencias económicas, sociales y nutricionales–, y el titular de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, afirma que “no ha habido inflación, ni explosión de precios de los alimentos”.

Se trata, como vemos, de la política del avestruz, de un gobierno autista, que se niega a reconocer la existencia de la crisis alimentaria en México.

Las corporaciones, beneficiarias de la crisis. Para el gobierno de Calderón no hay crisis alimentaria, “para qué cambiar” si a las grandes empresas agroalimentarias la crisis les ha traído un crecimiento sin precedentes en sus utilidades.

Es el caso de Archer Danield's Midland (ADM), que –según informó The Wall Street Jornal Americas – reportó ganancias del tercer trimestre (del año fiscal de EU) de 42 por ciento en su actividad de procesador de alimentos, y una septuplicación de las utilidades de su filial que almacena, transporta y comercia granos como trigo maíz y soya. O Monsanto, líder en transgénicos y productor de semillas híbridas y herbicidas, que obtuvo en los recientes tres meses ganancias que duplicaron las del periodo previo. Y sus competidoras, Dupont y Syngenta acaban de revisar al alza sus predicciones de ganancias. Asimismo, hay noticias de que la suiza Nestlé y la francesa Danone han logrado sostener sus ganancias pues han trasladado a los consumidores las alzas de los precios de sus insumos agrícolas. Y el fabricante de maquinaria agrícola Deere & Co registró un aumento de 55 por ciento en sus ingresos del trimestre más reciente.

También las mexicanas Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala y Sigma, entre otras, han visto aumentar sus utilidades al tiempo que se profundiza la crisis.

La crisis alimentaria en México (y el mundo) es resultado de las políticas neoliberales aplicadas desde hace 25 años sin interrupción por los gobiernos priístas y panistas, de conformidad con los lineamientos del FMI y BM y los intereses de los países desarrollados y sus corporaciones agroalimentarias.

Se apostó a desmantelar la capacidad de producción nacional para depender de las importaciones subsidiadas con precios inferiores a los costos de producción provenientes de EU. Antes teníamos autosuficiencia alimentaria, sobre la base de la oferta campesina y políticas activas de apoyo y protección del Estado mexicano. Ahora estamos en el peor de los mundos: estructura de producción interna desbaratada y dependencia alimentaria creciente a precios altos sin precedentes. Y lo que es peor aún: la tendencia alcista de los precios mundiales de alimentos seguirá en los próximos años y, probablemente, lustros.

La crisis alimentaria ha sido impulsada por el uso geopolítico, sin ninguna justificación económica o ambiental, de granos y oleaginosas para la producción de agrocombustibles en Estados Unidos y la Unión Europea. Tan sólo EU utiliza unos cien millones de toneladas de maíz (volumen capaz de alimentar a 500 millones de personas durante un año, y equivalente a cinco veces la cosecha mexicana) para este propósito.

Pero la crisis es también resultado de considerar a la agricultura un sector más de la economía capitalista; a los campesinos una “carga” en la modernización de México, y a los alimentos una mercancía más y no un derecho humano fundamental.

En los 25 años recientes se ha impuesto la idea de que la agricultura no tiene la finalidad primaria de producir alimentos, sino mercancías para la exportación y ahora combustibles “limpios”. ¿Comestibles o combustibles?

Los trágicos costos de la política de dependencia de abasto desde el exterior, de guerra contra la agricultura campesina, de depositar la seguridad alimentaria en el “libre comercio” y en los países desarrollados y sus corporaciones, ahora se está volviendo contra sus creadores y promotores. Es tiempo de reconocer el fracaso de las políticas neoliberales hacia el campo y la alimentación.

Nuestras propuestas. Es urgente cambiar de modelo y de instituciones, no sólo en México sino en todo el orbe. El movimiento campesino autónomo lo ha venido planteando desde hace años, con propuestas viables y bien fundadas, principalmente desde el Movimiento El Campo no Aguanta Más y la Campaña Sin Maíz no hay País. Hasta ahora no hemos sido escuchados.

También urge que el Senado apruebe la minuta de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; que la Cámara de Diputados apruebe la minuta que establece el derecho constitucional a la alimentación, y ambas cámaras, la ley que crea un mecanismo de administración de comercio exterior de alimentos básicos y la reserva estratégica alimentaria. Asimismo, debe imponerse una moratoria a la elaboración de combustibles con alimentos y a la siembra de maíz transgénico. No hacerlo, confirmaría el papel de complicidad de los grupos parlamentarios del PRI con las políticas anticampesinas y de inseguridad alimentaria del gobierno de Felipe Calderón.

Director de la ANEC