■ El panista Jorge Ramos reconoce que, por la infiltración del crimen, es una tarea desgastante
Tijuana es rescatable; lenta pero eficaz, la limpia en la policía: edil
■ La “violencia de alto impacto”, reacción de grupos delictivos por el fin de la impunidad, asegura
Ampliar la imagen
El presidente municipal de Tijuana, el panista Jorge Ramos Hernández, heredó el problema de la violencia y la inseguridad que se ha agravado en los años recientes en esta frontera
Foto: Antonio Heras
Tijuana, BC, 10 de mayo. El tono de voz que usa el alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, para decir que la ola de violencia que azota esta ciudad “ha tocado fondo”, suena convincente. No quiere, ni por un segundo, pensar en que pueda ser sólo un buen deseo.
Balaceras, ejecuciones, extorsiones, robo a cajeros automáticos, pero sobre todo los secuestros, se han integrado al paisaje fronterizo, donde casi desde cualquier parte de la ciudad se aprecia la enorme muralla de concreto que marca el límite con San Diego, la rica California. Quizá no hay otra frontera tan evidente como esta.
Los tijuanenses no sólo han tenido que ganar una guerra semiótica para recuperar su nombre y arrancárselo al popularmente conocido cártel de Tijuana –que realmente es de los Arellano Félix–, sino que el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001, también ha tenido un efecto sobre ella. El alcalde dice que a raíz de esos hechos, Estados Unidos hizo todo para cerrar su frontera.
El resultado fue no sólo que grandes cantidades de droga que tenían como destino el golden state se quedaran “de este lado” con el consiguiente disparo del consumo, sino que –explica– los cárteles que en el pasado sólo estaban dedicados al negocio de las drogas hacia Estados Unidos, buscarán otras formas para poder financiar su abultada nómina y necesidades de efectivo.
Las extorsiones a giros negros y blancos, el robo de cajeros automáticos, los secuestros –durante los cuales se exigen a las familias más de una vez el pago de rescates– y el control del tráfico de indocumentados, se volvieron las actividades de quienes en el pasado se conocían sólo como narcotraficantes.
En ese contexto internacional, dice el panista Jorge Ramos, recibió la ciudad de Tijuana. A eso hay que agregar el contexto nacional, la herencia de Jorge Hank Rhon, a quien no cita por su nombre.
En diciembre de 2007, dice, recibió una policía municipal “infiltrada, que formaba parte de la logística del crimen”. Y limpiarla ha sido una de las tareas más desgastantes a las que se ha enfrentado, no sólo porque apenas estaba tomando posesión del cargo y ya le habían matado a dos de sus jefes policiacos más importantes, sino porque los capos pretendieron imponer nombramientos de policías a través de mensajeros.
Hubo ocasiones en que no tuvo que ir muy lejos por los recados; los mismos jefes policiacos le llegaron a preguntar cuáles eran las nuevas condiciones del arreglo, “pues pensaban que ahora los maletines de dinero me los tenían que traer a mí”.
Jorge Ramos no pierde el optimismo. Dice que Tijuana es “rescatable” y sólo es cuestión de tiempo porque lleva un ritmo “lento pero eficaz”, que no le preocupa quedarse prácticamente sin cuerpo policiaco municipal –quizá al final tenga que deshacerse de 300 policías– pues prefiere distinguir entre enemigos y aliados.
No quiere a sus enemigos “usando uniforme, placa, patrulla y armas de la policía municipal”. Sin embargo, explica, se maneja con cuidado en el proceso de depuración, no quiere juicios laborales que obliguen después al municipio a reinstalar a policías corruptos, pagarles los salarios caídos y casi casi pedirles perdón.
Los acontecimientos de los días pasados –enfrentamientos entre bandas que se disputan la plaza donde han muerto policías que servían de escolta a alguno de los grupos– y las acusaciones del comandante de la segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito, señalando a quienes desde la Procuraduría de Justicia del Estado tienen presuntos nexos con el narcotráfico son, dice, “un hecho lamentable”.
El procurador retó públicamente al militar a dar “nombres” de quienes tienen nexos de convivencia con el llamado crimen organizado y el militar respondió. Más de un asesor del procurador ha tenido que renunciar.
La “violencia de alto impacto”, como define Ramos lo que pasa en Tijuana, es resultado –dice– de la reacción que tienen los grupos delictivos “porque se acabó la impunidad, y aunque es cierto que la inseguridad ha mermado el turismo (sobre todo de gabachos que gustan de la vida nocturna de Tijuana) y afecta el calendario empresarial, la violencia se encuentra focalizada en el oriente, a unos 20 o 30 kilómetros de la zona vieja de la ciudad”.
La entrevista con Jorge Ramos se desarrolla en su camioneta, en un trayecto entre la escuela secundaria donde acaba de inaugurar canchas de basquetbol y el palacio municipal, en la zona vieja. Un hombre que, dice, desayuna, come, cena, duerme y sueña con una realidad a la que no le da tregua la violencia.
Precisamente del otro lado, en la zona oriente, las versiones sobre lo que ocurre en esta parte de la frontera dan parcialmente la razón al alcalde; los operadores (en la plaza, sobre el terreno) de los Arellano Félix están haciéndose a la mala –el lenguaje suena extraño porque pareciera que hay formas a la buena– hasta de cajeros automáticos en plena luz del día con tal de conseguir circulante.
Los patrones, casi todos con residencia en California, les enviaron un mensaje pidiendo que “enfriaran” la plaza y recordándoles sus viejos códigos, pero la respuesta de los operadores ha sido matar al mensajero.
Lo que en el pasado se conoció como crimen organizado parece desdibujado, muy desorganizado. La vida en la frontera se parece cada día más a un reino de sicarios.