■ Alta incidencia del delito obliga a residentes a abandonar esos municipios, afirman

Gobiernos de Tijuana y Mexicali solicitan grupos antisecuestro

■ El gabinete de seguridad nacional ofrece intensificar operativos y más profesionalización policiaca

Antonio Heras (Corresponsal)

Tijuana, BC, 9 de mayo. Los gobiernos de Tijuana y Mexicali solicitaron al gabinete de seguridad nacional que se comisionen grupos especiales antisecuestros para combatir ese delito y esclarecer el alto número de privaciones ilegales de la libertad que ocurren en ambas localidades.

En el contexto de la reunión que sostuvo el gabinete de seguridad nacional en esta localidad, Jorge Ramos, alcalde de Tijuana, planteó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, que la prioridad es erradicar el secuestro y la policía federal cuenta con capacidad para ese fin, además de que el gobierno de la República “tiene un equipo fuerte que realiza un gran trabajo de inteligencia”.

Su homólogo de Mexicali, Rodolfo Valdez, consideró importante tener una mayor presencia en áreas de inteligencia. A diferencia de Tijuana, dijo, el secuestro es más fácil de combatir en la capital del estado por las condiciones geográficas, lo que ha permitido resolverlos y capturar a los delincuentes.

La respuesta del gobierno federal es que se intensificarán en todo el país los operativos contra la delincuencia organizada, con “énfasis especial en los secuestros”, y continuarán la depuración y la profesionalización de las corporaciones policiacas.

En Tijuana particularmente, el ambiente ha estado alterado por los innumerables secuestros –dos al día en promedio–, según la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad.

Además de esta agrupación, se han pronunciado por el esclarecimiento de secuestros las asociaciones de egresados del Politécnico en la entidad y la de médicos, sobre todo porque han sido de este gremio los raptados más recientes, además del Consejo Coordinador Empresarial y del Colegio de Contadores Públicos, que han pedido acciones más enérgicas contra este delito. La incidencia es tal que empresarios y familias enteras han decidido dejar Tijuana como lugar de residencia.

Destaca el caso de Celso Katzuo Enríquez Nishizawa, quien habría sido ultimado por secuestradores en 2007, a pesar de haber cobrado rescate en dos ocasiones. Su hermana Aiko difundió una carta en días pasados en la que advierte la inacción del Ejército mexicano y las corporaciones policiales en el ataque armado que sufrió su familia cuando se negaron a pagar una tercera cantidad para liberarlo.

“Yo amo a Tijuana y México, es el lugar donde nací, es mi país, pero ya no se puede vivir aquí”, afirma la mujer.

“Cuando me dijeron que lo habían secuestrado sentí como que me quitaban el piso. Mi vida y la de mi familia cambió por completo. Fueron nueve meses y siete días”, dice al recordar que “al principio el terror paraliza, luego desgasta poco a poco, hasta perder la seguridad, la tranquilidad.

“Tengo presente el grito de mi mamá cada vez que sonaba el teléfono y el secuestrador con claro acento norteño, insultando, exigiendo. A veces se escuchaba tomado o drogado, a veces con un tono aburrido decía sin reparo todas las atrocidades que le pensaba hacer a mi hermano, o me amenazaba con dañarme o a mi hijo adolescente”, señala.

El 2 de mayo, los familiares de Celso perdieron toda esperanza de que regresara pues los plagiarios exigieron una tercera recompensa y rehusaron presentar una “prueba de vida”.

La reunión del gabinete de seguridad nacional se efectuó en medio de un excesivo operativo de seguridad que sitió al Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Autónoma de Baja California.

Además de Mouriño Terrazo participaron los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; de Seguridad Pública, Genaro García, y de Marina, Antonio Maynes, además el procurador de la República, Eduardo Medina.