Reconocimiento al representante de la ACNUDH en México
Al anunciar su presencia en el acto en el que el pasado miércoles se presentó el Diagnóstico de derechos humanos en el Distrito Federal, una abigarrada concurrencia de más de 100 representantes de organizaciones civiles, aunque también de académicos, altos funcionarios de los tres poderes de la ciudad, y alguno que otro observador avergonzado del gobierno federal, tributó durante más de dos minutos una fuerte ovación al representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El prolongado y nutrido aplauso es, sin duda, un merecido reconocimiento social a la labor desempeñada por el señor Amerigo Incalcaterra, desde que asumió sus funciones al frente de la oficina de la ACNUDH en nuestro país (OACNUDH), pero es también un claro y explícito repudio a las presiones que, según trascendidos en la prensa nacional e internacional, no aclarados suficientemente hasta ahora por las autoridades correspondientes, interpuso el gobierno de México para provocar su remoción y relevo. Se habla incluso de que durante la última visita de la alta comisionada Louise Arbour a México, en febrero pasado, se pactó la salida del señor Incalcaterra, a cambio de la firma de la nueva etapa del acuerdo de cooperación técnica entre la oficina de la ONU y la actual administración federal.
De ser esto cierto, el compromiso de México en la protección de los derechos humanos se verá aún más deteriorado, no sólo en el interior, sino también fuera del país, como ya también hay de ello claros indicios, y sobre todo la medida sería contradictoria con los propósitos de cualquier acuerdo internacional de cooperación en derechos humanos, que implica que los funcionarios de las organizaciones multilaterales monitoreen de forma independiente la situación del país al que son enviados.
En efecto, Amerigo Incalcaterra llegó a México en octubre de 2005. Al participar junto con los representantes de los principales partidos políticos en una mesa redonda el 8 de diciembre de ese año, señaló que la OACNUDH en México seguiría las estrategias propuestas por la alta comisionada, Louise Arbour: mantener, sí, un diálogo dinámico con las autoridades, “con el fin de analizar los obstáculos que impiden el cumplimiento de los derechos humanos y tratar de superarlos”, pero además “ejercer una función de liderazgo, señalando los problemas, formulando las posibles respuestas y movilizando a los gobiernos, a la sociedad civil y a todos los demás actores involucrados, para obtener su apoyo”. Y añadió, después de citar al secretario general, a propósito de la asistencia técnica que la ONU brinda a los estados: “La experiencia nos ha demostrado que la eficacia de la asistencia técnica es mayor cuando existe en el país una presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que da seguimiento a la evolución de los derechos humanos en el país, y cuando la asistencia técnica forma parte de una estrategia de largo plazo aceptada por el gobierno”.
Y en una conferencia dictada en el Teatro de la República, en Querétaro, el 11 de mayo de 2006, expresó que en el plan de acción de la ACNUDH, que fue aprobado por los estados parte de la ONU en septiembre de 2005, se hace hincapié en la necesidad de prestar mayor atención a la observancia de los compromisos asumidos por los estados, haciendo frente a “una serie de carencias que afectan al cumplimiento sobre el terreno, como las relativas a los conocimientos, la capacidad, el grado de compromisos y la seguridad”.
Es precisamente esto lo que ha llevado a cabo con inteligencia, firmeza y tacto diplomático Amerigo Incalcaterra en México, durante los dos años y medio que ha estado al frente de la OACNUDH. Allí están si no el propio Diagnóstico de derechos humanos en el Distrito Federal, único en el mundo, y la propuesta de reforma constitucional elaborada por las organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especialistas en derechos humanos, presentada en el Senado en octubre del año pasado, objetada sobre todo por el PAN en la Comisión de Enlace para la Reforma del Estado. Allí también sus señalamientos, fundados en los instrumentos de la ONU, sobre la desigualdad social, la discriminación y la impunidad, como tres de las principales causas que generan violaciones a los derechos humanos en México; así como sus advertencias sobre la participación del Ejército en labores de seguridad pública, sus críticas ponderadas a las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, y sus condenas a los actos violentos sucedidos en Oaxaca, y a los asesinatos y agresiones a periodistas y comunicadores, entre otras graves situaciones.
Pero es esto injustamente lo que el gobierno incongruentemente le reprocha, dando con ello otra mala señal de su falta de voluntad política por cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Es por ello indispensable demandar a la señora Louise Arbour un representante y una oficina que den continuidad a los trabajos realizados por Incalcaterra, y que lleve a cabo, a pesar de quien sea, un trabajo crítico de los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en el país.