■ Hubo irregularidades en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, recuerda Ernestina Godoy

Da el Comité Técnico Electoral triunfo a Ortega; Garantías cuestiona el cómputo

■ Acosta Naranjo convoca a reunión mañana para validar el acta; es ilegal, advierten encinistas

A. Urrutia y F. Martínez

Cerca de las 23 horas de ayer, los funcionarios responsables de la Comisión Técnica Electoral (CTE) del Partido de la Revolución Democrática dieron a conocer los resultados de la totalidad de las actas de los comicios para la dirigencia del partido. Conforme a las cifras oficiales, el candidato de Nueva Izquierda (NI), Jesús Ortega, obtuvo 557 mil 729 votos, y el aspirante de Izquierda Unida (IU), Alejandro Encinas, 541 mil 515.

Minutos después de difundirse los resultados, la presidenta de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, Ernestina Godoy, cuestionó la celeridad con que operó la CTE. “En el arranque del proceso de cómputo había irregularidades en estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz. No me explico cómo contabilizaron lo que no se atrevieron a contar”.

Advirtió que la premura de anoche coloca al partido más lejos de un arreglo en el conflicto poselectoral; no obstante, precisó: “ya lo veremos (este cómputo) al momento de la calificación” de los comicios, falta el proceso de impugnaciones.

Con las firmas de Amet Ramos Troconis, coordinador del área de planeación de la CTE –quien había rubricado el acta anterior con 83.95 por ciento de los sufragios–, y de Fermín Pérez Montes, encargado del área jurídica, el acta fue elaborada “en cumplimiento estricto de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado 7 de mayo”.

El documento fue depositado minutos antes de las 9 de la noche en la Oficialía de Partes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que tiene un plazo de 48 horas para determinar la validez del mismo, para lo cual, Guadalupe Acosta Naranjo –presidente provisional no reconocido por IU y que ha sido impugnado ante la Comisión Nacional de Garantías– ya convocó a una sesión del CEN para mañana a las 11 horas.

El proceso se realizó con extraordinaria celeridad, incluso antes de que transcurrieran la mitad de las 72 horas fijadas por el TEPJF para cerrar los conteos estatales y 48 más para elaborar el cómputo nacional.

Interpretaciones distintas

La rapidez con que concluyó el dictamen de los cómputos estatales y el nacional fue producto de la confrontación de las interpretaciones legales de ambas corrientes, en la que finalmente se impuso la posición de Nueva Izquierda.

Para los representantes de Izquierda Unida, en los hechos fue un albazo que atropelló todos los plazos fijados por el TEPJF, en el que se avalaron los cómputos ilegalmente realizados, especialmente el de Chiapas, cuya inclusión permitió que Ortega pudiera obtener la ventaja final.

La confrontación entre las corrientes del PRD se trasladó a la interpretación legal del fallo emitido por el tribunal federal respecto a los plazos para concluir los cómputos de la elección del pasado 16 de marzo.

Los simpatizantes de Ortega operaron para que su interpretación jurídica del fallo de los magistrados prevaleciera entre los responsable de la CTE. Para esta corriente, los cómputos estatales ya habían sido concluidos y, por tanto, el plazo de 72 horas que habían dado era innecesario, por lo que debía –como sucedió– elaborarse el acta del cómputo nacional dentro de las 48 horas siguientes a la notificación oficial del TEPJF.

Sin embargo, para los encinistas resultaba inadmisible cerrar el proceso validando el conteo “irregular” en Chiapas, cuya importancia en el resultado final era clave para inclinar la balanza en favor de Ortega, según dijo Dolores Padierna, quien consideró que por esa razón era necesario que corrieran los plazos de los cómputos estatales, para no validar aquellos que fueron irregulares y revisar los que se efectuaron tras la renuncia de Arturo Núñez a la Comisión Técnica Electoral, porque “no tienen aval jurídico”.

Para ambos grupos, los tiempos fueron clave en el desenlace de anoche, dada la condición de incertidumbre jurídica respecto a la presidencia del partido, ya que solamente el dirigente nacional puede convocar a una reunión del CEN para validar el acta.

En tal sentido, para Nueva Izquierda era fundamental acelerar los tiempos de decisión antes de que la Comisión Nacional de Garantías pudiera desahogar el recurso de los seguidores de Encinas en contra de la sesión del Consejo Nacional Extraordinario, donde se nombró “ilegalmente” a Acosta Naranjo.

La celeridad del proceso sorprendió incluso a Ernestina Godoy, a quien los integrantes de la CTE le manifestaron la existencia de “una problemática” al momento de iniciar el cómputo. “Hasta donde sé, no van a concluir hoy (viernes)... pero puede haber sorpresas”, había dicho una hora antes de que finalizara el cómputo.

Garantías –instancia que el TEPJF emplazó para dar cumplimiento a la sentencia– tenía previsto monitorear y solicitar información a los integrantes de la comisión electoral del PRD, a fin de garantizar el cumplimiento de la resolución dictada por los magistrados electorales. Sin embargo, el fast track de la comisión electoral terminó por rebasar las previsiones de Godoy.

La jornada transcurrió también con supuestos contactos entre los líderes de las corrientes internas para analizar la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas, quien en la víspera planteó la necesidad de que se reúnan los integrantes del Consejo Político del PRD para encontrar una salida al conflicto poselectoral y analizar la forma en que podría refundarse el partido. Esta opción representaría que Encinas y Ortega renuncien a sus aspiraciones.

Por la mañana, en entrevista para la televisión, Acosta Naranjo perfilaba el cierre del cómputo de ciento por ciento de las actas, y que Ortega resultaría ganador con una ventaja de 16 mil 800 votos.

Horas después, Padierna informó que recibieron una convocatoria de Acosta Naranjo para que el CEN sesione este domingo a las 11 de la mañana, con el único punto de avalar el acta de la CTE.. Para nosotros –dijo– esta convocatoria “es ilegal, porque su designación también lo es, está recurrida ante la Comisión Nacional de Garantías y, por tanto está sub júdice.