Cautela ante respuesta de Gobernación
Aunque podría ser buena señal que el gobierno haya aceptado escuchar a los intermediarios propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el gobierno calderonista parece no entender que hay reclamo social por la impunidad que prevalece en el país y la polarización, y que sólo el diálogo podrá contribuir a garantizar la estabilidad nacional, advirtió Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social.
Destacó que, en su respuesta, la Secretaría de Gobernación (SG) omite el nombre de mediadores y únicamente habla de “personalidades”, con las que se reunirá para escuchar sus planteamientos. Las autoridades “se abren”, pero es necesario que reconozcan la figura propuesta por el grupo guerrillero, porque se trata de individuos que mediarán.
A su vez, Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, desconfió de la respuesta dada al EPR, “porque si realmente el presidente Felipe Calderón Hinojosa tuviera compromiso con el respeto a los derechos humanos no habría desapariciones forzadas ni se habrían suscitado acontecimientos como los de Oaxaca y San Salvador Atenco”, y mucho menos “existiría una política militarista y represiva”.
Resaltó la responsabilidad no atendida del gobierno de la República en la investigación de las desapariciones forzadas y en la persistencia de persecuciones y acoso contra activistas y familiares de las víctimas.
Adrián Ramírez consideró que el diálogo Gobernación-mediadores no será más que la oportunidad del Ejecutivo para insistir con su lenguaje retórico en su supuesto compromiso con las garantías fundamentales de los ciudadanos.
En cambio, existe el riesgo de que ante la falta de posibilidades para negociar se agrave la violación a los derechos humanos. La evidencia de un verdadero interés gubernamental tendría que darse con acciones, para garantizar la presentación con vida de los desaparecidos, la tipificación del delito de desaparición forzada y dar facilidades para que los familiares de las víctimas conozcan las investigaciones y el curso que siguen.
Por separado, Brisa Maya resaltó la necesidad de que el gobierno federal tenga sensibilidad para reconocer que la movilización social es reflejo de las demandas insatisfechas y la mejor evidencia de que el Estado no ha cumplido con su responsabilidad en la materia.
También tendría que reconocer el error de perseguir y enjuiciar a luchadores sociales como si fueran delincuentes.