■ El Congreso mexiquense la aprueba por mayoría; ya ha sido aceptada por 18 legislaturas
Entidades exigen más recursos para sustentar la reforma penal
■ En algunos casos será necesario duplicar presupuesto al Poder Judicial: funcionario de Edomex
■ Piden que se compense económicamente a los estados por manejar asuntos del fuero federal
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El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados, José Castillo, advirtió que los poderes judiciales de algunas entidades requerirán aumentos presupuestales hasta de ciento por ciento para poder cumplir con la reforma penal recientemente aprobada por el Congreso federal y por la mayoría de las legislaturas estatales. En la imagen, internos del penal de Santiaguito procesados por los disturbios de San Salvador Atenco y Texcoco en 2006 saludan a sus familiares durante una audiencia de desahogo de pruebas
Foto: Luis Enrique Hernández / Agencia MVT
Valle de Bravo, Méx., 7 de mayo. Presidentes de tribunales superiores de justicia de las entidades federativas exigieron a los gobiernos estatales y a las legislaturas locales más presupuesto para responder a las adecuaciones que demanda la reforma de justicia penal recién aprobada en el Congreso de la Unión y avalada por 18 estados, de tal forma que el Ejecutivo federal ya puede publicarla.
Durante la undécima reunión nacional de consejos de la Judicatura y organismos similares, efectuada en el centro turístico de Avándaro, en este municipio, el presidente del Poder Judicial mexiquense, José Castillo Ambriz, consideró que “en algunos casos” se deberán duplicar los presupuestos destinados a los tribunales para crear la infraestructura física que requiere el nuevo marco legal.
Mientras, en Toluca, el Congreso estatal aprobó las reformas de seguridad y justicia penal enviadas por el Senado. Así, ya suman 18 los estados que han dado su visto bueno a las modificaciones constitucionales. Basta con que 16 entidades las consideren legales para que sean promulgadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Proponen nuevos códigos de procedimientos penales
José Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados, señaló que, con base en un análisis realizado por ese organismo, los titulares de los poderes judiciales locales concluyeron que la aplicación de la reforma penal requiere más presupuesto y un nuevo código de procedimientos penales para uniformar y homologar la ley en todos los estados.
Para este último objetivo, una comisión de presidentes de tribunales de justicia creó una comisión de trabajo para la elaboración del nuevo código de procedimientos penales tipo, y se prevé que este mismo año se presenten los anteproyectos correspondientes a los congresos estatales.
“Tener un código tipo ofrecerá una base para todos los estados, y cada uno le hará las modificaciones correspondientes, de acuerdo con sus constituciones y sus códigos penales, lo que facilitará bajar las reformas federales a las entidades”, comentó Castillo Ambriz.
Mientras, presidentes de tribunales superiores exigieron a sus gobernadores y legislaturas cumplir lo que estipulan los artículos transitorios de la reforma: una vez que se modifique un ordenamiento deben tomarse medidas para garantizar su aplicación.
“Por eso hacemos este llamado respetuoso a los poderes ejecutivos y legislativos estatales para que proporcionen a los poderes judiciales el respaldo suficiente y oportuno a los requerimientos de carácter presupuestal y legislativo que origina la reforma judicial; sólo así daremos a la sociedad un sistema de justicia moderno, con instalaciones dignas y con funcionarios debidamente capacitados, para enfrentar los retos que la propia reforma implica”, dijo José Castillo al inaugurar la reunión.
El presidente del Poder Judicial señaló que en el estado de México la transformación del sistema de justicia no partirá de cero, pues aquí ya operan 32 juzgados orales y siete de justicia juvenil, pero “existen otros casos donde el escenario es complejo, debido a que los poderes (Judicial y Ejecutivo) están enfrentados, como en Tlaxcala y Baja California”.
En otros casos aún no se practica la oralidad, por lo que se tendrán que hacer inversiones importantes para rediseñar espacios o instalar juzgados orales, o destinar grandes sumas a la capacitación de jueces y magistrados.
Los presidentes de los tribunales superiores de justicia también han iniciado negociaciones con el Congreso de la Unión y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destinen recursos al fortalecimiento de tribunales del fuero común.
A la fecha se han acordado partidas que suman 300 millones de pesos que aún no libera el gobierno federal, pero el objetivo es recibir más recursos de la Federación, porque “se debe compensar el apoyo que la justicia federal recibe de los estados, toda vez que 40 por ciento de las cargas de trabajo de los tribunales locales corresponde a asuntos de carácter federal”, dijo Castillo Ambriz.
“Estamos en tiempo para atender con éxito la reforma, no sólo para bajarla a cada estado, sino para adecuar la infraestructura y capacitar al personal, pero para ello se requiere apoyo financiero”, insistió el presidente del Poder Judicial mexiquense.
Hasta ahora han aprobado las modificaciones constitucionales los estados de México, Campeche, Chiahuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Querétaro, Zacatecas y Oaxaca.