■ La secretaría aún no ha sido notificada del laudo: Morales Garza
Viola amparo dirección de la SEP; impone traslado de 65 trabajadores
Cinco años después de haber iniciado un litigio contra las acciones “arbitrarias e ilegales” con que autoridades de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) trasladaron a la mayoría del personal de esta dependencia a edificios que “no reúnen las condiciones mínimas de seguridad”, un grupo de 65 trabajadores aseguró que la actual administración, encabezada por Rosa- linda Morales Garza, “sólo nos ha dado largas, violando cualquier marco legal, pues incluso se nos niega el derecho a recuperar nuestras pertenencias, luego del desalojo de que fuimos objeto en abril pasado”.
Los afectados, señalaron que desde la noche del pasado 7 de abril, se les impidió el ingreso a las oficinas ubicadas en Azafrán 486, colonias Granjas México, a pesar de estar amparados contra la decisión de la DGEI de trasladar a todo el personal al edificio ubicado en avenida Cuauhtémoc 614, luego que un juez “determinará que no se nos podría cambiar la sede laboral hasta que concluyera el litigio interpuesto ante autoridades competentes, pues las instalaciones no reúnen las condiciones de seguridad”.
Joaquina Sandoval y Norma Kato, integrantes del grupo de trabajadores afectados, insistieron que a pesar de haber mostrado “disposición” para alcanzar un acuerdo con las autoridades educativas, a quienes demandaron el pago de salarios, suspendidos desde octubre de 2007, la reinstalación en la sede de Azafrán y la recuperación de la materia de trabajo, “sólo se nos pidió más tiempo para analizar caso por caso nuestros expedientes, violando los amparos que hemos obtenido”.
A esto se suma, agregaron, que Morales Garza, especialista en estudios de género y quien se desempeñó como directora de Educación Comunitaria en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, “informó que la SEP aún no ha sido notificada del laudo emitido el pasado 15 de abril por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde nos concede la razón para demandar el pago de nuestros salarios”.
A más de tres semanas de que fueran desalojados de las oficinas en la colonia Granjas México, “nadie se quiere hacer responsable de nuestras pertenencias y, pese al amparo, continúa el saqueo sistemático del inmueble, al que ya han puesto en renta”