■ Rechaza el líder derechista que la consulta abra la puerta a una guerra civil en Bolivia
No es ilegal ni anticonstitucional el referendo de hoy en Santa Cruz: Branco Marinkovic
Santa Cruz, 3 de mayo. Para el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, uno de los principales latifundistas cruceños y próspero industrial aceitero, el referendo sobre el Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz (EADSC), que se realizará este domingo, no es “ilegal y anticonstitucional” ni abrirá la puerta a una guerra civil.
El EADSC de ninguna manera es separatista, porque propone un cambio de modelo político, el autonómico, frente al “autoritario” que pretende imponer el gobierno de Evo Morales con su proyecto de nueva Constitución Política (PNCP), y es “uno de los más avanzados del mundo” en el reconocimiento de los derechos indígenas ya que “incluye el veto indígena a lo que haría la Asamblea Departamental”, algo muy importante porque sólo el presidente tiene derecho de veto en este país, indicó el dirigente.
Aunque aceptó que el PNCP aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre incluye las autonomías, entre ellas la departamental, afirmó que ésta se crea “pero sin competencias”.
Con el telón de fondo de la disputa por la tierra y los recursos naturales, sobre todo los hidrocarburíferos del oriente de la nación, donde se encuentran los departamentos autonomistas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, se le preguntó a Marinkovic cuál sería el límite razonable para el latifundio en Bolivia. Contestó que “el latifundio tiene que medirse por la productividad” y subrayó que “ponerle límites al latifundio es ponerle límites al crecimiento del país”.
Explicó: “Lo que nosotros tenemos que ver en el país es que todo cumpla una verdadera función económica y social”. Actualmente la obligatoriedad de que las propiedades cumplan la función económica y social está establecida en la Constitución Política vigente, si bien se salda con el pago de un impuesto.
En cambio, el PNCP, además de la función económica y social, plantea ponerle límite al latifundio. Un artículo que deberá llevarse a referendo dirimidor es el relativo a la extensión máxima de la propiedad rural privada: la ciudadanía deberá decidir si ésta será de 5 mil o de 10 mil hectáreas.
En contraparte, el proyecto del EADSC no pone límites a la propiedad. Y además establece que las competencias relativas a la tenencia de la tierra y el manejo de los recursos naturales pasarán a ser exclusivas del prefecto departamental, a diferencia de lo que determina la actual Constitución y el PNCP, que le dan la competencia al gobierno nacional.
Marinkovic, a quien el viceministerio de Tierras acusó el pasado 28 de junio de 2007 de que junto con su familia “se apropió de 26 mil 951 hectáreas de tierra del pueblo indígena guarayo”, informó que los dirigentes cívicos cruceños tienen “un proyecto de ley en donde la función económica y social se hace a través del pago de un impuesto, pero un impuesto real” por hectárea.
Explicó que esos impuestos se van a municipalizar “para que los municipios pobres del campo, que tienen una población baja, puedan percibir y las tierras comunitarias de origen reciban un porcentaje de ese impuesto para que tengan un ingreso real, y no sólo tengan la idea de que tienen un título comunitario que no les sirve absolutamente nada, sino que esta gente tengan la capacidad de desarrollar proyectos, de mejorar su calidad de vida”.
Añadió: “Ahora yo le hago una pregunta muy sencilla, si sale 5 mil hectáreas, que es lo más probable según las encuestas, en Santa Cruz hay agricultores que siembran, no que tengan, 30 mil, 40 mil hectáreas, y no es uno, son muchos, qué le digo a esa persona que le da trabajo a mil 500 personas, que ha comprado su tierra legalmente, que ha sido saneada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ‘señor ahora usted ya no puede tener eso (porque) se lo va a quitar el Estado’.
–En México costó un millón de muertos en la revolución poder ponerle límites al latifundio.
–El latifundio tiene que medirse por la productividad. Nosotros en Bolivia no vamos a tener un millón de muertos, se lo aseguró. Brasil, aquí al lado, muy pronto va a ser la cuarta economía del mundo y no pone límites sino impuestos a la tierra y le va muy bien ha crecido y ha podido eliminar mucha pobreza… Eso tenemos que buscar en Bolivia. Yo creo que si nos vamos a guiar por lo que sucedió en México, también nos podemos guiar por lo que pasó en España...
–¿Van hacia una guerra civil?
—No creo que el país vaya hacia una guerra civil, porque lo que hay es un cambio de modelo político… El país lo que está aceptando es el modelo autonómico que ha propuesto Santa Cruz y lamentablemente el gobierno nacional se está oponiendo, y lo que estamos viendo es que ya son siete, ocho departamentos que también quieren autonomía.
–El estatuto económico parece configurar un Estado dentro de otro Estado, por lo que respecta a justicia, tierras, relaciones exteriores y ciudadanía.
–El estatuto no toca la ciudadanía, de ninguna manera.
–Habla de ciudadanía cruceña.
–Sí, pero es un término muy genérico. Cuando se habla de ciudadano cruceño es aquel que vive acá. Digamos, más allá de eso no implica nada más, y en términos de relaciones exteriores lo habla de manera que la prefectura o el gobierno departamental ya tengan la potestad de poder iniciar relaciones sobre temas económicos que atañen a la región. Creemos que la autonomía es la forma de gobierno que debe tener Bolivia para mantener un Estado muy sólido donde los departamentos puedan tener desarrollo, siempre con solidaridad hacia otros departamentos.