■ Existe el riesgo de que se utilice a partir del próximo ciclo agrícola, asegura especialista

A punto de caer la última barrera a la siembra de maíz transgénico

■ Un reglamento emitido por el gobierno durante las vacaciones de Semana Santa, en proceso de aprobación definitiva, permite la liberación de organismos genéticamente modificados

Susana González G.

Los permisos para el cultivo de maíz transgénico serán una realidad inmediata si el gobierno federal logra la aprobación de un mero “acuerdo administrativo” sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz, aun cuando contravenga la Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y la misma Constitución, advirtieron representantes de organizaciones civiles y especialistas en el tema.

Hay prisa por lograr dicho acuerdo, dijeron, debido a las presiones e intereses de las grandes empresas trasnacionales de alimentos, como Monsanto, que requieren obtener dichos permisos antes de que venzan las patentes sobre el uso de material genéticamente modificable, con los que obtienen grandes ganancias en el mundo.

Lo más ilógico del caso, a juicio de especialistas consultados por este diario, es que el gobierno del presidente Felipe Calderón insista en lograr la autorización para los cultivos transgénicos con el argumento de incrementar la producción de maíz, cuando sin necesidad de dicha tecnología se logró elevar en 25 por ciento la producción del grano en los pasados dos años (25 millones de toneladas), según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos mencionan que la producción de maíz en México repuntó en ciclo 2006-2007 respecto al periodo previo (ver gráfica).

El acuerdo controversial

El 18 de marzo pasado, la Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (LBOGB) cumplió tres años de haber sido aprobada, mientras que su reglamento fue emitido por el Ejecutivo federal el 14 de marzo de este año, durante la temporada vacacional de Semana Santa.

El último artículo del reglamento –el número 65, conformado por ocho puntos transitorios–, se refiere al “Régimen de Protección Especial del Maíz” y establece que a los 60 días de entrada en vigor del reglamento, Sagarpa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitirán las disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que sean “necesarias para resolver las solicitudes de permisos de liberación al ambiente del maíz genéticamente modificado”.

Para dar cumplimiento, ambas secretarías emitieron “un acuerdo” –seis páginas con 17 puntos–, que provocó la indignación y alerta de organizaciones civiles, ambientalistas y campesinas, ya que sólo enlista una serie de medidas de seguridad, monitoreo, inspección, vigilancia y control que deben tomarse en cuenta sobre permisos para cultivos de maíz transgénico.

Lejos de proteger al maíz por la riqueza histórica, cultural y económica que representa para México, tal acuerdo sólo establece instrumentos jurídicos para facilitar a las empresas el cultivo de transgénicos, haciéndolas además juez y parte del proceso, consideró Silvia Ribeiro, especialista en el tema e integrante del Grupo Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), dedicado desde hace 25 años a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos en el mundo.

“Si fue vergonzoso que las autoridades sacaran al vapor el reglamento a la Ley de Bioseguridad, más vergonzoso es que quieran sacar cuanto antes el acuerdo sobre el Régimen de Protección Especial del Maíz porque pretenden permitir cuánto antes el cultivo de maíz transgénico e incluso autorizar permisos para la próxima temporada de siembra de este año”, dijo.

Son reglas que dejan en manos de las empresas la protección del maíz porque todo el tiempo se señala que “se pedirá a los promoventes”, es decir las grandes empresas trasnacionales del mundo, que establezca la forma y el control de los cultivos de maíz.

La esencia del documento es “justificar la siembra de maíz transgénico” y eso, enfatizó, tiene una distancia abismal respecto a lo que verdaderamente debe ser un régimen de protección para el maíz.

Antes de otorgar cualquier permiso de siembra de transgénicos bajo ese acuerdo, las autoridades deben determinar cuáles son los centros de origen del maíz en México, como establece la Ley de Bioseguridad, para saber efectivamente qué y dónde se debe proteger, estableció a su vez Adelita San Vicente, directora de la organización Semillas de Vida.

La misma UNESCO, dijo, ha advertido que en los centros de origen no se deben permitir cultivos transgénicos y en México se debe poner en la balanza qué es más importante si la protección del cereal más importante para el país y su población o poner una marcha de una tecnología sumamente cuestionada que está en manos de empresas trasnacionales.

Detrás de la urgencia por sacar el acuerdo, sometido a consulta hasta el pasado 30 de abril a través de la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), están los intereses y presiones de las trasnacionales.

“Desde hace muchos años, las compañías de biotecnológia agrícola están presionando a las autoridades mexicanas y éstas parecen alinearse más a los intereses empresariales que a los de la sociedad. Hay urgencia por obtener los permisos para poner en marcha esa tecnología y tener la primera generación de transgénicos en México porque en unos cinco años más se van a perder las patentes. Si no empiezan a sembrar cuanto antes, perderán la oportunidad de obtener millonarias regalías”, refirió Gustavo Ampugnani, director de campañas de Greenpeace México.

Refirió que mediante campañas de publicidad, dichas empresas están movilizando a productores de maíz para que demanden el cultivo de transgénicos y a ello se suma, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quien se ha mostrado como “un acérrimo defensor de los transgénicos”, porque piensa que así se van a resolver los problemas del campo mexicano”.

Pero Ampugnani sentenció: “no se vale hipotecar la diversidad genética de las variedades de maíz de México y contaminar todo el medio ambiente sólo para cumplirle el deseo a unos 10 mil productores que están a favor de los transgénicos” junto con las trasnacionales.

Los impedimentos legales

Si se aprueba el acuerdo promovido por Sagarpa y Semarnat, señala Silvia Ribeiro, se atentaría contra la misma Constitución toda vez que dichas dependencias no tienen atribuciones legales, porque de acuerdo con el artículo 89 corresponde al Ejecutivo federal reglamentar cualquier ley federal, amén de que faltan por resolver los amparos que se interpusieron contra la LBOGM.

Además deben quedar establecidos los centros de origen y crearse normas oficiales mexicanas sobre bioseguridad, porque de lo contrario se generaría un desastre natural, insistió Ampugnani.

Si pese a las advertencias de especialistas y organizaciones civiles, el gobierno federal se empeña en otorgar permisos para los cultivos transgénicos resultaría afectada la precaria legislación bioenergética y las autoridades se meterían en “camisa de once varas” por acuerdos que ni siqueira satisfacen a la mayoría de las empresas interesadas. Dijeron que la consulta pública seguirá siendo un instrumento para que organizaciones civiles y la sociedad en general impidan los cultivos transgénicos, como ocurrió en tres ocasiones entre octubre de 2005 y agosto de 2006, pero el problema ahí es que las autoridades no las difunden ampliamente.

El artículo 88 de la LBOGM prohíbe la siembra de transgénicos, pero con el acuerdo que está a punto de ser autorizado se pretende liberar los permisos a los cultivos, aseguró Adelita San Vicente, del Grupo Semillas de Vida.