■ El presidente colombiano niega los hechos que le atribuye un ex para, ahora encarcelado
Álvaro Uribe, acusado de vínculos con paramilitares y de impulsar una matanza
■ Anuncia la cancillería una ofensiva diplomática para contrarrestar la imagen negativa del país
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Cocaleros de la ciudad de Taraza, noreste colombiano, lanzan piedras a las fuerzas policiacas que llegaron con la orden de erradicar sus cultivos, al continuar las protestas que el fin de semana pasado dejaron unos 40 heridos y más de 30 detenidos en el departamento de Antioquia
Foto: Ap
Bogotá, 23 de abril. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, admitió hoy que existe una investigación en marcha en su contra en la que se busca vincularlo con grupos paramilitares de extrema derecha, y de haber participado en una matanza de 15 campesinos en 1997.
El anuncio del mandatario ocurrió un día después de que la Fiscalía capturó a su primo, el ex senador Mario Uribe, acusado de presuntos vínculos con los grupos armados ilegales de derecha, y en medio de reclamos de los partidos opositores para que se revoque el Congreso y se anticipen elecciones para superar la crisis.
De hecho, la llamada crisis de la narcoparapolítica va en aumento, ya que el arresto del primo del mandatario obligó este día a la cancillería a anunciar que emprenderá una ofensiva diplomática para contrarrestar la “posible imagen negativa” del país en el exterior, al aceptar que este escándalo lo afecta “profundamente”.
El presidente dijo que un ex jefe paramilitar de Sucre, ahora preso y del que no reveló su nombre, lo acusa de haberse reunido con el otrora líder escuadronero, Salvatore Mancuso, y los generales Carlos Ospina, ex comandante de las fuerzas militares; Rosso José Serrano, ex jefe de la Policía, y el fallecido general Alfonso Monsalva, ex jefe de la cuarta brigada del ejércto, para impulsar una incursión en la población de Ituango, Antioquia, donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997.
“Ese bandido dice que yo hasta agradecí a los paramilitares por esa masacre porque liberaron a seis secuestrados, entre ellos un primo mío, y que Santiago, mi hermano, prestó 20 paramilitares para ese crimen”, dijo Álvaro Uribe sumamente alterado.
La cadena radial Caracol logró identificar que la acusación fue hecha por el ex paramilitar Francisco Villalba, que purga condenas en Bogotá de 33 y 36 años por dos matanzas de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con las que Uribe ha sido vinculado por organizaciones humanitarias.
Uribe, quien acababa de dar una entrevista en la que destacó que su gobierno es el que ha hecho más esfuerzos para desmovilizar a los paramilitares, dijo haber ordenado a sus abogados que reúnan toda la información sobre sus desplazamientos desde que tiene servicios de escoltas del Estado, en 1988, para desmentir las acusaciones.
Uribe aseguró enfático que no se puede probar que haya participado en esa reunión.
Sobre el frustrado pedido de asilo político de su primo Mario Uribe a la embajada de Costa Rica, dijo que habló por teléfono con su par Óscar Arias acerca del asunto, pero que no le pidió nada sino que actuara de acuerdo con sus decisiones y autonomía.
Hasta ahora, las investigaciones han vinculado a 63 congresistas con los paramilitares, de los cuales 36 están detenidos, y la mayoría pertenecen a la alianza gobiernista. Incluso, el desmovilizado y detenido paramilitar Salvatore Mancuso afirmó hoy que más de 50 por ciento de los congresistas colombianos tienen nexos con los grupos armados de derecha e izquierda.
En tanto, se informó que hay por lo menos 40 heridos y unos 33 detenidos luego de las protestas del pasado fin de semana de unos 500 cocaleros que se oponen a la erradicación de sus cultivos en el departamento de Antioquia.
En otro orden, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, declaró que su gobierno reconocería a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como fuerza beligerante si desisten de los secuestros y demás ataques que pueden calificarse de “terroristas”.
Además, la Fiscalía en Quito dio un plazo de una semana a Bogotá para que asuma la repatriación de 19 colombianos muertos en el ataque militar que lanzó contra la guerrilla en suelo ecuatoriano el primero de marzo, o procederá a la inhumación de los cuerpos.