Revuelta de los ganaderos bolivianos

Rosa Rojas, La Paz, Bolivia. Que una buena parte de la disputa por la nación en Bolivia se dirime en torno a la tierra y con ella la apropiación de los recursos naturales, renovables y no renovables, quedó claro a mediados de abril, ante la rebelión de los hacendados de la región de Camiri, que han tomado las armas para evitar el proceso de dotación de tierras a parte del pueblo guaraní asentado en el departamento de Santa Cruz. A estas acciones se sumaron ganaderos de la región de El Chaco de los departamentos de Chuquisaca y Tarija.

La revuelta ganadera de la cruceña provincia Cordillera, fue rápidamente apoyada desde la capital de ese departamento por los grupos de choque de la Unión Juvenil Cruceñista (ujc), conocida como “brazo armado” del Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por un conocido latifundista, Branko Marinkovic, quien es también uno de los principales fabricantes de aceite comestible en el país, afectado a su vez por la determinación del gobierno, de mediados de marzo, de prohibir la exportación del producto mientras no se garantice el abasto nacional a “precio justo”.

Así, los cruceñistas, los ganaderos y sus peones, bloquearon desde el 10 de abril la carretera a Argentina (en forma intermitente) y los caminos vecinales, impidiendo la entrada de la brigada del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), que buscaba realizar el saneamiento de la tierra en el Alto Parapetí, donde comunidades guaraníes solicitaron desde 1996 la creación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), ante la evidencia de que más de un millar de familias guaraníes permanecen “cautivas” en relaciones de servidumbre con los hacendados chaqueños, por falta de tierras para vivir y trabajar.

La rebelión de los ganaderos los llevó a emboscar a un grupo de guaraníes y funcionarios del INRA en la comunidad de Cuevo, cercana a Camiri, con el saldo, al momento de cerrar esta nota (14 de abril), de 40 heridos —cuatro de ellos de gravedad— y once desaparecidos (cuatro mujeres), entre guaraníes y funcionarios.

Un  enfrentamiento entre indígenas que luchan por la tierra y hacendados que se niegan a ser afectados para entregárselas es algo frecuente en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, en este momento en aquella región cruceña, ubicada a 1 211 kilómetros al sureste de La Paz, significa mucho más: es la concreción, más allá de las palabras que hablan de descentralización del poder, de modernización del Estado boliviano y de defensa de la democracia, de que la lucha de las élites de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando por la autonomía departamental tiene como fondo la defensa de sus privilegios.

¿Qué significa eso? El 7 de septiembre de 2005, Econoticiasbolivia.com publicaba: “El más reciente Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), difundido hoy, establece que la distribución de la tierra es tan desigual en el país que menos de 100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas —casi todas indígenas— apenas si tienen acceso a este recurso natural y trabajan en cinco millones de hectáreas”.

“Estas familias también tienen enorme peso en los partidos políticos de derecha y casi siempre han controlado el congreso y el gobierno. Sin embargo, su mayor influencia está en las asociaciones empresariales de agropecuarios y productores agrícolas del oriente como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde donde controlan el poder regional y tejen alianzas con las empresas transnacionales del petróleo y el gas”.

“No es casual, por ello, que el poder latifundista y petrolero maneje a su antojo la región más rica de Bolivia como es Santa Cruz, y desde allí articule un proyecto secesionista en contra de las organizaciones sociales, laborales y populares del país que pugnan por la nacionalización de los hidrocarburos y por una nueva y genuina reforma agraria” añadía la publicación.

Al acceder al poder un indígena, Evo Morales, impulsado por un frente, el Movimiento al Socialismo de organizaciones populares, indígenas y campesinas, las denominadas “logias” del oriente perdieron su preeminencia en el aparato estatal pero no su poder económico.

Ahora, explicó en entrevista con este diario el rector de la Universidad Ecológica de Bolivia, Jerjes Justiniano, uno de los fundadores del desaparecido Partido Socialista e integrante del grupo ciudadano “Santa Cruz somos todos” (SCST), se ha logrado entretejer la defensa de los intereses de los grandes latifundistas del oriente boliviano, la región más rica del país, con la legítima demanda autonómica por la que votó en 2006 la mayoría de la población de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Al mismo tiempo, indicó, al haberse opuesto el presidente Evo Morales a esa demanda autonómica por considerarla “oligárquica”, lo que ocurrió es que “los sectores dominantes de Santa Cruz, que controlan los medios de comunicación, sobre todo los canales de televisión a excepción del canal del Estado” han logrado que “la inmensa mayoría de los cruceños… identifique los problemas de Santa Cruz con problemas con Evo Morales” y al mandatario como “enemigo” del departamento.

Justiniano considera que el  Estatuto Autonómico Departamental (ead) que será sometido a un referéndum el próximo 4 de mayo, mismo que el gobierno y la Corte Nacional Electoral (CNE) han calificado como “ilegal y anticonstitucional”, es “separatista y antinacional”. Por ello, con el grupo scst ha solicitado la suspensión de esa consulta, hasta que se apruebe primero una nueva Constitución Política, que le dé marco legal a la autonomía y se elabore un nuevo ead pero con la participación de la ciudadanía en su conjunto y no, como ahora, por un reducido grupo de personas.

El gobierno de Morales por su parte busca frenar el referéndum cruceño, (que no ha logrado el apoyo de la comunidad internacional, ya que la ONU, la OEA y la Unión Europea, además de la Comunidad Andina de Naciones han manifestado que debe apegarse al marco legal nacional), pero también necesita avanzar en la aplicación de su “revolución agraria”.

Parte de la misma es la creación de una TCO en Alto Parapetí, de incierto futuro, para dotar de tierras a familias guaraníes que en pleno siglo XXI están sujetas a relaciones de servidumbre medievales, que algunos califican de “esclavitud” aunque el cardenal cruceño, Julio Terrazas, señalara en una homilía que “mienten” quienes hablan de “esclavitud” entre los guaraníes.