Astillero
■ Flavio, libre
■ Injusticia inaugural
■ Riesgos y retos
La liberación de Flavio Sosa es un asunto de justicia retardada (es decir, de injusticia). El más notable de los varios dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue aprehendido, a traición, en la ciudad de México (en vísperas de una cita en Gobernación para dialogar con alguien llamado Francisco Ramírez Acuña) para que el inseguro ocupante del banquito presidencial pudiese aparentar, a unos días de su apurada toma militarizada de posesión, que tenía fuerza suficiente para aplicar castigos ejemplares. La necesidad extrema de montar espectáculos intimi- dantes hizo que las principales cadenas nacionales de televisión difundieran con exageración el traslado de Sosa de las rejas preventivas a una cárcel de “máxima seguridad”, equiparando visualmente ese recorrido con los correspondientes a los desplazamientos, entre helicópteros, decenas de patrullas y centenares de agentes, de grandes jefes del narcotráfico, junto a los cuales fueron a ser depositados, en Almoloya de Juárez, el emblemático Flavio y su hermano Horacio.
Tal como ha venido sucediendo desde el 25 de noviembre de 2006, centenares de ciudadanos mexicanos han sido víctimas de golpes, insultos, torturas, amenazas de muerte (tirarlos de helicópteros en vuelo, por ejemplo), intimidación, allanamiento de moradas, persecución (Berta Muñoz, conocida como la doctora Escopeta, y la profesora María del Carmen López, viven virtualmente exiliadas, una en el extranjero, otra en la capital del país) y, sobre todo, de la desmoralizante prostitución cotidiana del conjunto de reglas y procedimientos al que gustan llamar “estado de derecho”. Si en un lugar alguien ha mandado al diablo las instituciones es en Oaxaca, y los remitentes han sido los gobernantes, tan formales como repudiados, Ulises Ruiz y Felipe Calderón. Para la historia quedarán la saña con la que estos dos impugnados mandatarios persiguieron a miembros de la familia Sosa sólo por estar relacionados con Flavio y la perversidad neoporfirista que hizo llevar a centenares de oaxaqueños de su tierra ensangrentada a prisiones en Nayarit y Tamaulipas, como en su momento lo hizo el dictador (Díaz, no Calderón) oaxaqueño (Porfirio, no Ulises) con indios sublevados a los que trasladó del norte a Yucatán para que todos cuantos se enteraran de esas injusticias aberrantes se previnieran de cometer rebeldías parecidas.
Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en lugares como San Salvador Atenco, donde los líderes presos han sido sentenciados desproporcionadamente (a Ignacio del Valle le asignaron 67 años de prisión), en Oaxaca los procesos han servido para perseguir, presionar y, en algunos casos, negociar las excarcelaciones o el cierre de expedientes. Uno de los fantasmas que más dañan en estos momentos la continuidad de la lucha encabezada por la APPO es el de las sospechas entre partes respecto a presuntos entendimientos con el gobierno subsistente de Ulises Ruiz, largamente especializado en dividir, infiltrar y corromper a grupos y dirigentes sociales. Apenas salido del reclusorio de San Juan Bautista Cuicatlán, adonde fue trasladado el 16 de agosto de 2007, Flavio Sosa ha anunciado una muy estructurada decisión de iniciar un proceso de recomposición de la alicaída y dividida APPO y ha necesitado precisar en declaraciones a medios de comunicación que su liberación no es producto de un arreglo y que no se ha vendido ni se ha rendido (un dato sugerente de negociaciones fue, evidentemente, la presencia del dirigente de la sección 22 del SNTE, Ezequiel Rosales, en el momento de su liberación, pues en otras ocasiones ha sido esa representación sindical la que ha promovido acuerdos de excarcelaciones con el gobernador Ruiz).
Luego de los infiernos de Almoloya, Sosa vivió en Cuicatlán bien informado de lo que sucedía en la política oaxaqueña y en especial en la APPO, así es que no le debe resultar ajeno el entendimiento de que recomponer esa asamblea y reactivarla no es un asunto de voluntades y mucho menos de una voluntad individual, sino un proceso largo y delicado al que poco ayudará la pretensión de que alguien se asuma como dirigente máximo o piedra de salvación. También hará ruido en los tiempos por venir el factor electoral, no sólo en cuanto a diputados federales, el año entrante, sino el relevo de Ruiz en 2010, meta que ya tiene tiradores apuntados como Jorge Franco, quien fue secretario general de gobierno y ahora, llegado a la presidencia estatal del PRI, es considerado el cartucho de Ulises, y Gabino Cué, quien compitió con Ruiz en 2004 y fue formalmente derrotado en medio de acusaciones firmes de fraude electoral ulisista y que actualmente es senador de Convergencia a quien apoyarían tanto el PRD como, especial- mente, el PAN o, traducido a la realidad oaxaqueña, el diputado “panista” Diódoro Carrasco.
Injustamente encarcelado y perversamente perseguida su familia, Flavio Sosa está en libertad y eso ha de celebrarse, aunque no el hecho de que queden sin castigo las maniobras de poderosos que, retorciendo la legalidad, han causado tanto daño a él y a centenares de oaxaqueños más. Sosa tiene ganado un capital político que debe cuidar para que no le afecten las sombras de las negociaciones o los proyectos electorales inmediatos. Su trayectoria ha incluido el paso por el PRD, el apoyo a Vicente Fox en 2000 y la participación en el Partido Unidad Popular que José Murat creó en 2004 para dividir el voto opositor con un candidato artificial, Héctor Sánchez, y cerrar el paso a Cué. Flavio, el primer preso político del sexenio, tiene mucho que cuidar y que cultivar, sobre todo estando Oaxaca a unos días de que el movimiento magisterial reinicie protestas públicas y se vuelva a plantear la viabilidad de exigir nuevamente la caída del manipulador Ulises.
Y, mientras el Prián acepta que perdió la primera batalla privatizadora del petróleo, y se va preparando para asumir que a largo plazo (de aquí al primero de septiembre) peores condiciones políticas tendrá para esos proyectos llenos de chapopote, ¡hasta mañana, con las Adelitas victoriosas!