■ La medida, porque rehusaron laborar en un edificio inseguro
El lunes decidirá juez si la SEP debe pagar salarios retenidos a trabajadores
A poco más de seis meses de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendiera el pago de sueldos a 65 trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) por negarse a laborar en un edificio que no reúne condiciones mínimas de seguridad, Porfirio Martínez González, abogado de los afectados, informó que este lunes las autoridades competentes determinarán si la dependencia federal deberá “pagar los salarios indebidamente retenidos a sus empleados y sancionar a quien resulte responsable”.
Agregó que ese mismo día se llevará a cabo la audiencia incidental para desahogar pruebas en torno a la denuncia por violación al amparo definitivo que fue otorgado por el juez quinto de distrito contra cualquier acto de la SEP para obligar a los quejosos a “trasladarse a las nuevas oficinas de la DGEI, las cuales, se ha denunciado en reiteradas ocasiones, no cumplen con las medidas requeridas de seguridad”.
En la audiencia, destacó, el juez podrá valorar las pruebas que presenten los quejosos, y de encontrar elementos para determinar que la SEP “incurrió en violación a la suspensión definitiva se tendrá que turnar el expediente al tribunal correspondiente, con el propósito de separar de su cargo a las autoridades que hayan incurrido en un posible ilícito, es decir, podría solicitarse la renuncia de quien encabeza la DGEI, del subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, e incluso de la secretaria Josefina Vázquez Mota, de acuerdo con lo que determine el juez competente”.
Por su parte, los trabajadores afectados aseguraron que este lunes sostendrán un nuevo encuentro con autoridades de la DGEI, con el fin de alcanzar una solución al conflicto, por lo que, afirmaron, mantendrán su disposición al diálogo, pero “sin ceder al pleno ejercicio de nuestros derechos laborales y humanos, pues tenemos confianza en que nos asiste la razón y que los jueces competentes resolverán conforme a derecho”.
Agregaron que a casi siete meses de que la SEP suspendiera el pago de sus quincenas, su situación económica es “cada vez más precaria, pues en la mayoría de los casos recurrimos a préstamos familiares o bancarios, y hoy enfrentamos el riesgo de perder el poco patrimonio que hemos logrado adquirir con el esfuerzo de más de tres décadas de servicio, y nos parece inhumano e injusto que ahora se nos quiera etiquetar como trabajadores flojos e irresponsables, cuando hemos demostrado que somos los primeros en querer regresar al trabajo, pero en condiciones dignas”.