■ El conflicto no genera un costo político, sostiene Leonel Godoy
Terminó la huelga de burócratas en Michoacán; logran aumento de 4.25%
Morelia, Mich., 18 de abril. Después de 18 días de paro, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) levantó la huelga al aceptar un incremento de 4.25 por ciento directo al salario, 3 por ciento de compensación y 15 por ciento en prestaciones.
A las 10:30 horas del viernes, los 7 mil trabajadores sindicalizados retiraron las banderas rojinegras de las dependencias del gobierno de Michoacán.
El dirigente del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón, informó que los 13 mil trabajadores –incluidos los de base– por contrato y de confianza, recibirán el aumento y además cobrarán 100 por ciento de salarios caídos.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno estatal, Fidel Calderón Torreblanca informó que representantes de ambas partes lograron el acuerdo la madrugada de este viernes y enseguida acudieron al Tribunal de Conciliación y Arbitraje donde entregaron el acuerdo de la revisión de las condiciones de trabajo para 2008, el cual representará para el gobierno estatal que encabeza el perredista Leonel Godoy Rangel, una erogación extraordinaria de 121 millones de pesos.
Calderón Torreblanca aclaró que las demandas y juicio de amparo han quedado canceladas, por lo que las dependencias y oficinas serán abiertas este día para labores de limpieza, en tanto que los empleados reanudarán labores el próximo lunes.
El funcionario dijo que más que una pérdida económica, lo lamentable fue que se dejó de prestar servicio a los ciudadanos.
Una vez conjurada la huelga, el gobernador Leonel Godoy Rangel anunció que los trabajadores de confianza comenzaron a laborar desde este viernes.
Entrevistado al concluir reuniones de trabajo en Casa de Gobierno, aseguró que el conflicto laboral no tendrá un costo político ya que el sindicato lucha por sus derechos y su administración defiende las finanzas, que son públicas.
La huelga del STASPE inició el primero de abril; en principio demandaba 30 por ciento de incremento directo al salario y 30 por ciento en prestaciones. La oferta inicial del gobierno fue de 4.25 al salario y 15 en prestaciones. En corrillos políticos se comentó que por las procedencias partidistas del sindicato (PRI) y el gobierno del estado (PRD) el conflicto se enrareció políticamente; inclusive en las dos pasadas semanas ambas partes buscaron una salida jurídica.