Los cristianos de base y Pemex
Un día antes de que el gobierno federal enviara para su discusión y aprobación fast track en el Senado sus anticonstitucionales propuestas de reformas legislativas al marco jurídico de Pemex, a conveniencia de poderosos intereses económicos y políticos nacionales y extranjeros, se dio a conocer un importante documento que lleva por título Declaración cristiana a propósito del debate público sobre una posible reforma del sector energético en el país, y como significativo subtítulo el de “Grito de los pobres, grito de la tierra”.
A partir de entonces se han venido adhiriendo a él decenas de organizaciones civiles de inspiración cristiana y cristianos de base, así como iglesias de México y América Latina.
La mayoría de sus principales redactores precisan que durante dos años (2005-2007) participaron en la campaña “Por un Pemex bajo administración pública, transparente, seguro, productivo, sustentable, eficiente y respetuoso del ambiente, las comunidades y los derechos humanos laborales”, cuyos objetivos fueron interesar e informar a la sociedad sobre la problemática del sector energético en el país, e involucrar a actores sociales relacionados con esa industria paraestatal. Explican que los accidentes del año 2005 y los daños a las comunidades campesinas enfatizaron la pertinencia de tal iniciativa, que permitió consensuar primero colectivamente un diagnóstico sobre la situación y después un proyecto alternativo integral entre comunidades campesinas, técnicos y profesionistas de Pemex, ambientalistas, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, ex altos funcionarios de la empresa, sindicatos, organizaciones dedicadas a la transparencia en el manejo de recursos públicos, economistas, trabajadores sindicalizados, etcétera. Lo cual subraya la urgencia de un amplio debate y escrutinio informado por parte del pueblo, sujeto de la soberanía de la nación, en materia tan fundamental.
Bajo la premisa de que el futuro de Pemex no es competencia exclusiva de los legisladores, y con las perspectivas evangélicas de la opción preferencial por los pobres y el debido respeto y cuidado de la tierra, el documento analiza con datos y cifras contundentes las causas reales del estancamiento deliberadamente inducido de la industria petrolera mexicana (corrupción y tramposo manejo fiscal de las utilidades), así como el saldo negativo que ha dejado en el país el fomentar la participación privada en obras y servicios petroleros. Lo que da como resultado el posicionamiento falso ante la sociedad de que “lo mejor para el país” es que Pemex se dedique a “administrar contratos”.
“No se privatiza, pero cede la explotación a empresas privadas que, esas sí, son eficientes y cuentan con los recursos financieros”. Por ello, teniendo en cuenta la viabilidad financiera, estratégica, técnica y operativa de la empresa petrolera nacional, proponen siete estrategias viables para un nuevo proyecto integral de Pemex: desarrollo social, como prioridad del reparto de la renta; seguridad energética y desarrollo económico nacional, como prioridades de la planeación a corto y largo plazo; explotar y transformar en forma racional y eficiente los hidrocarburos, propiedad de la nación; operar la industria con seguridad y respeto al ambiente y a las comunidades; administrar con eficiencia y transparencia; respeto irrestricto a los derechos humanos laborales, y recursos petroleros y energía como un derecho de la humanidad, para el desarrollo de los pueblos.
Para lograrlo, proponen igualmente 13 alternativas factibles, frente a las iniciativas privatizadoras del gobierno federal: aprovechamiento estratégico de los excedentes petroleros, derivados de la histórica cotización actual; utilizar al ciento por ciento la capacidad instalada de refinación, para reducir las importaciones; eliminar totalmente la quema de gas asociado, que cada día se realiza en la zona marina; dar vigencia efectiva a la “reserva para exploración y declinación de campos”, creada para garantizar a Pemex un mínimo de recursos para no interrumpir sus actividades de exploración, que hoy son utilizados para reducir el saldo de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, y hacer lo mismo con los recursos de la “reserva para depreciación” de equipos.
Se propone igualmente un triple ajuste a la estructura y remuneraciones de los altos directivos de la empresa; eliminar la obligación que tiene Pemex de pagar a la Secretaría de Hacienda el cargo denominado “rendimientos mínimos garantizados”; canalizar exclusivamente a las entidades federativas y a la inversión en Pemex los recursos del fondo para la estabilización de los ingresos petroleros, y ajustar a la baja los porcentajes que Hacienda reasignó en la reciente reforma fiscal de la empresa. Finalmente, se propone también aplicar a partir de enero de 2009 un “programa emergente de inversiones estratégicas” y un “programa integral de mantenimiento a las instalaciones” con recursos propios de la empresa, así como ciudadanizar sus órganos de control y supervisión, e institucionalizar la participación directa del Congreso, para que el combate a la corrupción sea más eficaz.