■ La reforma judicial, ratificada por 11 legislaturas, afirma la PGR

No se tolerará complicidad funcionarios-capos: Calderón

■ Acuerdan procuradores crear comisión que aterrice cambios a leyes

Claudia Herrera, Gustavo Castillo y René A. López (Enviados y corresponsal)

Villahermosa, Tab., 18 de abril. Ante procuradores de todo el país y horas después de la detención del secretario de Seguridad Pública de Reynosa, Tamaulipas, Juan José Muñiz, por su presunta colaboración con Los Zetas, el presidente Felipe Calderón señaló que no tolerará la complicidad de ningún servidor público con el crimen organizado, sin importar el partido político al que pertenezcan.

Este fue el contexto para que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, diera a conocer que la reforma en materia de justicia penal ya ha sido ratificada por 11 legislaturas. Por ello, dijo, los procuradores del país coincidieron en que es “necesario comenzar a trabajar”. Acordaron la creación de “una comisión especial, dotada de recursos humanos y económicos de todos, que se encargará de precisar los impactos jurídicos, presupuestarios y de capacitación de esta trascendental modificación”.

Calderón llamó a cerrar las puertas a la impunidad y a la complicidad con el crimen organizado por parte de autoridades y dependencias de todo tipo, cualquiera que sea el partido político al que pertenezcan.

Se declaró convencido de que ninguna división de competencias debe ser espacio para la impunidad de los delincuentes, y dijo que la seguridad pública y la procuración de justicia no pueden tener fisuras en ningún nivel de gobierno.

Respecto de la comisión que se encargará de aterrizar la reforma judicial, Medina Mora explicó: “se propondrán a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anteproyectos de legislación secundaria, un homogéneo sistema nacional de capacitación y una estrategia que precise el pospuesto ideal para que la Federación y los estados transitemos con éxito hacia el nuevo sistema de justicia penal”.

Durante los trabajos, los encargados de procurar justicia en el país conocieron una propuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante la cual se busca hacer más expedita la comunicación legal entre esa institución financiera y las procuradurías para combatir de manera más eficaz el lavado de dinero.

Medina Mora indicó que para hacer frente a la delincuencia organizada, los secuestros y la extorsión telefónica, los procuradores acordaron solicitar a las instancias reguladoras de las telecomunicaciones que impulsen como medidas obligatorias las siguientes acciones:

“Que los usuarios de telefonía (celular) se identifiquen plenamente cuando adquieran el servicio; que los prestadores de servicios estén obligados a proporcionar con celeridad a todas las procuradurías los datos de registros de llamadas y ubicación de las antenas radioeléctricas empleadas (por los teléfonos de los delincuentes), y que la comisión de procuradores proponga un expedito sistema de autorización de intervención de comunicaciones privadas.”

Asimismo, que “las empresas de telecomunicaciones adquieran infraestructura que dé servicio a las crecientes intervenciones telefónicas, que se analicen mejoras a la seguridad en el uso de nuevas tecnologías y que se establezcan como requisitos para la obtención de concesiones”.

Los procuradores convinieron crear un “observatorio ciudadano”, que analice los resultados obtenidos por las autoridades encargadas de procurar justicia, pero, durante su intervención, el presidente Felipe Calderón ordenó que también la Secretaría de Seguridad Pública federal adopte esa medida.

El objetivo, explicó, es que la procuración de justicia sea medida tanto por el número de denuncias atendidas, averiguaciones consignadas y sentencias obtenidas, como por lo que los ciudadanos observen y perciban.