■ Temen proceso penal, pese a las promesas de la cancillería de salvaguardar sus derechos
Padres de Morett piden pronunciamiento claro de la SRE sobre la situación de su hija
■ Por sugerencia de la ALDHU y el embajador de Ecuador la estudiante seguirá en el país andino
El 26 de marzo las primeras manifestaciones de protesta por la negligencia del gobierno mexicano en la defensa de las víctimas de la masacre de Sucumbíos llegaron a las puertas de la cancillería. Estudiantes universitarios portaban, entre muchos otros carteles, dos que decían: “Álvaro Uribe asesino” y “Felipe Calderón, cómplice”.
No fue hasta ese momento que en las oficinas de la canciller Patricia Espinosa se decidió cambiar la estrategia ante las familias afectadas por la acción colombiana. Y el trato “burocrático y formal cambió por uno cortés. Sí, muy amable, a decir verdad. Diplomático pero mañoso”, según la opinión de Álvaro González, papá de Juan, uno de los cuatro universitarios muertos en el ataque militar de Colombia en la frontera ecuatoriana.
A partir de ahí, en el lapso de una semana, en tres ocasiones fueron invitados al piso 16 de la SRE a dialogar con el subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez, el embajador Piña y los consultores jurídicos Joel Hernández y Víctor Uribe.
De la primera sesión, el 27 de marzo, recuerda María Álvarez, tía de Lucía, hermana de su madre, María Jesús: “Algunos del grupo llegamos en microbús. En contraste con las primeras visitas a la cancillería, nos esperaban funcionarios en la puerta y nos escoltaron hasta la sala de juntas. Lo primero que el subsecretario les dijo a los papás de los muchachos es que recibieran por su conducto las condolencias del señor Presidente de la República. Yo me quedé pensando: ¿por qué por su conducto y no expresárselas personalmente? Es algo que hasta ahora no entiendo”.
Aquélla fue una reunión accidentada. Gutiérrez empezó con una exposición sobre la naturaleza violenta y delictiva de las FARC. Marcelo Franco, familiar de uno de los estudiantes mexicanos atacados, ofendido, abandonó la oficina, ante las expresiones de preocupación de los funcionarios, temerosos de lo que se pudiera reflejar ante los periodistas que esperaban afuera.
Ana María Ramírez, madre de Verónica Natalia, le respondió con sencillez y sabiduría: “Yo no sé nada de las FARC ni me importa. Lo que sé es que mi hija era muy leída, que yo la admiraba mucho y me la mataron”.
Los padres y hermanos de Soren expresaron su protesta por el intento de los directivos del Instituto Politécnico de borrar el historial de su hijo, brillante alumno, egresado e incluso maestro del plantel. El subsecretario prometió investigar y resolver el problema.
Gutiérrez les informó, además, que el gobierno mexicano había ya pedido al colombiano una indemnización por los muertos y por la sobreviviente Lucía Morett. “Ninguno de nosotros había pedido eso. Le dijimos –refiere Álvaro González– que para nosotros eso no es importante, que lo principal es que México condene a Colombia por lo que hizo.”
Una joven en medio de un conflicto geopolítico
Ese día ya empezaban a circular versiones, que a la postre no se confirmaron, de que Lucía Morett podría pedir asilo político en Ecuador. “Al subsecretario no le cayó en gracia la noticia. Dijo que no había necesidad”, según la tía.
Lo mismo le dijo a Morett el embajador en Ecuador, Humberto Romero. “Que si regresa a México a Lucía no le va a pasar nada, nos dijo. Ok, le dije yo: póngalo por escrito.”
Agrega, por teléfono desde Quito: “Lucía tiene miedo y nos- otros, sus papás, sentimos esa necesidad de protegerla. Hay temores fundados. Reconocemos que la canciller Patricia Espinosa ha dado un paso positivo en los días recientes, al asegurarnos, en una carta, que las acciones de las autoridades mexicanas se apegarán a derecho y que las garantías de Lucía serán salvaguardadas. Pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos saber que nuestra hija no va a enfrentar un proceso penal llegando a México. Queremos un pronunciamiento más específico y claro”.
Lucía, aclara su padre, no se niega a dar su testimonio. “Es más, con el paso de los días y, en medio del dolor de haber perdido a cuatro grandes amigos, ella ha ido cobrando una clara conciencia de la dimensión de los hechos. Sabe que se encuentra en medio de un conflicto geopolítico muy intenso, complejo. Ya ha declarado ante el fiscal de Ecuador, Washington Pesantéz; los ministros de Defensa y del Interior, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; el embajador mexicano y el enviado de la cancillería, José Ignacio Piña, director para América Latina. Sabe que en el proceso que llevará la ALDHU para demandar a Colombia por actos de terrorismo ella será un testigo clave.”
Después de la primera reunión, el 26 de marzo, esa misma noche la cancillería emitió un comunicado, supuestamente con el consenso de los padres. El viernes 28 hubo una segunda reunión, en la que los familiares reiteraron sus peticiones. El 29, la canciller Patricia Espinosa, quien no ha recibido personalmente a las familias, les dirigió un documento, en el que expresa: “México reprueba el fallecimiento de cuatro nacionales mexicanos y el hecho de que una connacional haya resultado herida”.
El día 30 los padres respondieron con otro comunicado en el que, “con el debido respeto”, muestran su desacuerdo. La carta a Espinosa expresa: “Usted reprueba el fallecimiento (de los jóvenes mexicanos) como si se tratara de un accidente cualquiera”. Y pregunta: “¿Acaso el gobierno colombiano es un amigo entrañable del gobierno mexicano y, por lo tanto, de gobierno a gobierno no nos atrevemos a reclamarle por las víctimas mexicanas?”. También expresan que la petición del gobierno mexicano de “una compensación” a Colombia “nunca ha sido una demanda nuestra, no se nos consultó al respecto y sale del contexto de nuestras demandas”.
Concluyen: “Nuestros muchachos eran investigadores sociales, que con sus conocimientos fueron punto de unión con los pueblos hermanos, verdaderos embajadores de México en América Latina”. Marcelo Franco señala: “Eso lo agregamos porque lo fundamental es la reparación del daño moral que han hecho a la memoria de nuestros hijos por parte del gobierno, del Poli y de muchos periodistas”.
Álvaro refiere que en la última reunión que tuvieron con el subsecretario, les dijo: “Créanme que su demanda no la tenemos aquí, durmiendo en un cajón. Ya la tienen en Los Pinos. ¡Ah!, le respondí, entonces Felipe Calderón la tiene en un cajón. Se molestó. Desde entonces no hemos vuelto a hablar”.
Su esposa, Rita, asegura: “Tenemos la esperanza, ahora que venga el presidente Raúl Correa, de hablar con él. Si no se puede, al menos que hable del tema con Calderón, que él abogue por nosotros ante nuestro propio gobierno”.
Por lo pronto, por sugerencia de la ALDHU y del propio embajador en Ecuador, se sabe que Lucía Morett permanecerá en la nación andina al menos hasta que concluya la visita de Correa. Y se sabe que los dirigentes de la ong también viajarán, esos mismos días, a México.