■ Los cambios constitucionales provocarán controversias, sostienen
Urge ley reglamentaria en materia de justicia penal, afirman expertos
La reforma de justicia penal impulsada por la administración de Felipe Calderón provocará contradicciones y controversias constitucionales que la harán inoperante en la práctica. Esto, si el Poder Legislativo no aterriza en una ley reglamentaria los alcances y limitaciones de las modificaciones realizadas a la Carta Magna, señalaron destacados juristas al participar ayer en un foro de análisis organizado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El penalista Marcos Castillejos mencionó varias contradicciones constitucionales que presenta esa reforma, entre ellas el hecho de que el artículo 16 cambia el término de formal prisión por el de vinculación a proceso, mientras el artículo 38 de la Carta Magna deja intacto el primer concepto.
A su vez, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Moisés Moreno, criticó los juicios orales, porque en la práctica demostrarán que no son la “panacea” de un sistema de justicia penal.
Para el doctor en derecho Samuel González Ruiz, estas reformas, si bien no son perfectas, sí eran necesarias. No obstante, coincidió con la idea planteada por algunas personas presentes en el foro acerca de que las modificaciones constitucionales podrían ocasionar, en los hechos, abusos policiacos.
Con el propósito de evitar estos abusos, propuso a los legisladores delimitar la acción del Estado mediante una ley secundaria que ponga “candados” a la labor policiaca y ministerial, y que fortalezca la función de los llamados jueces de control.
El más crítico de la reforma en la materia fue el abogado constitucionalista y doctor en derecho penal Ricardo Franco Guzmán, quien consideró que modificar a medias el artículo 16 de la Constitución representa un retroceso de 90 años en nuestra legislación.
“Tales reformas nos regresan a 1917, año en que entró en vigor nuestra Constitución. (…) Lo aprobado por el Congreso de la Unión destruye todo lo creado tanto por la ley como por la doctrina y la jurisprudencia para dar seguridad al emitir órdenes de aprehensión y autos de formal prisión.
“En nuestro país se ha aprobado una reforma que demuele la teoría del tipo y la tipicidad, aniquila el trabajo de decenas de años realizado por los más distinguidos penalistas del siglo pasado para dar certeza a las decisiones judiciales, y lanza a la basura ingentes estudios sobre el tema”, puntualizó Franco Guzmán.