Usted está aquí: miércoles 2 de abril de 2008 Política Permean diatribas debate entre FAP y AN por el caso Mouriño

■ Sacan a relucir robo, quema de urnas y conflictos de intereses

Permean diatribas debate entre FAP y AN por el caso Mouriño

■ El PRI ni exonera ni condena; el Panal se suma a la defensa panista

Roberto Garduño y Víctor Ballinas

El escándalo político-moral en torno del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ayer fue centro del debate en la Cámara de Diputados. El PAN y Nueva Alianza (Panal) –partido de Elba Esther Gordillo– defendieron al funcionario, a quien calificaron de intachable. En tanto, PRD, Convergencia y PT lo acusaron de integrar un grupo que pretende afectar el interés nacional. Por su parte, con una posición neutral, el PRI sólo fue testigo del intercambio de acusaciones.

A pesar de que el PAN deseaba construir un acuerdo tendiente a pactar el debate, no encontró respuesta en la mayoría de las fuerzas políticas representadas en San Lázaro. Así, el perredista Octavio Martínez consideró que Mouriño fue colocado en Gobernación “como parte de un pago de favores para contribuir a favorecer la riqueza de algunas familias a costa de los intereses de toda la nación o, peor aún, para constituir la empresa Calderón-Mouriño. Es inaceptable que el hombre más cercano al Ejecutivo federal, quien tiene toda la información de la seguridad nacional, sirva a intereses que no son de los mexicanos, más bien a intereses personales y de grupo. Mouriño se ha beneficiado en todo momento de los puestos públicos que ha ocupado en nuestro país”.

Manuel Cárdenas, del Panal, siguió al perredista y descalificó el debate: “Facilitar y propiciar debates de alto impacto en los medios, fundamentalmente de comunicación electrónica, sobre bases débiles e inconsistentes, también es irresponsable. Ahí están quienes asaltan caminos, ahí están quienes toman pozos petroleros, ahí están quienes so pretexto de la tolerancia han gozado de la impunidad inclusive para registrarse a cargos de elección popular. Alejémonos de las convocatorias de quienes se pretenden salvadores de la patria. Esos mesías, más bien mesiánicos, cuya moral y ética es totalmente conocida, no deben conducir los trabajos de los diputados de esta legislatura”.

Con dureza, el petista Pablo Arreola advirtió del riesgo que implicaría cerrar la cortina de humo para olvidar el señalamiento contra el titular de Gobernación. “Desde el gobierno y desde el PAN se ha pretendido vender la imagen de un servidor público ejemplar y con visión de futuro. Nada más falso. El señor Mouriño violó distintas leyes federales con el claro propósito de beneficiar los negocios privados de su familia; que se relacionan con contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero además, estas conductas han echado por tierra uno de los dogmas que el PAN usó para criticar a los gobiernos priístas, de que no se debían usar los cargos públicos para obtener beneficios privados.

“Qué lejos están estas conductas de los principios éticos que el PAN dice defender. Qué lejos están de ser el gobierno de las manos limpias, cuando se acuerdan en la defensa unánime de uno de los suyos.”

Al coro de reprobación del funcionario se sumó Cuauhtémoc Velasco, de Convergencia, porque, dijo, la cuestionable firma de múltiples contratos del secretario Juan Camilo Mouriño trastoca los ámbitos de lo ético y de lo legal.

“Es claro que el secretario de Gobernación se ha colocado en un conflicto de intereses. No puede ser un alto funcionario de Estado y hacer negocios que tengan que ver con sus familiares, y es que a pesar de que los emisarios oficiales han buscado defender lo indefendible, Germán Martínez Cázares, por ejemplo, ha pretendido justificar señalando que lo ético es lo legal. No podemos tolerar que a final de cuentas se creen las condiciones para utilizar las reformas para instalar en el gobierno una mafia de negociantes; no puede haber reforma energética sin un debate nacional que sitúe en las coordenadas de los problemas que experimenta Pemex”.

A pesar de que el priísta Adolfo Mota fue el encargado de subir a tribuna, la posición de ese partido no significó aportación alguna al debate: “El PRI no va a encubrir ni será encubridor del gobierno federal. Y quiero dejarlo sentado por hecho… no venimos ni a exonerar ni a condenar al secretario de Gobernación. En este tema no gana nadie; no gana el país; no gana ningún grupo parlamentario, porque la cuestión social y la cuestión de los mexicanos están en juego, y la actividad del ministro del interior, como se le llama en otras latitudes, está en duda y debe clarificarse”.

La defensa de Mouriño correspondió al diputado más cercano a Felipe Calderón, Rogelio Carbajal, y lo hizo casi a gritos al acusar de xenofobia a quienes demandan la renuncia del secretario de Gobernación. “Ahora resulta que nos vienen a dar clases de ética los que roban urnas, los que queman boletas electorales, los que falsean conteos rápidos, los que llevan en la oscuridad sus conteos y sus cómputos para saber quién ganó una elección interna. Ellos hoy nos vienen a querer dar clases de ética y de moralidad en la vida pública.

“Han mentido recurrentemente. Han mentido sobre la nacionalidad de los padres del secretario de Gobernación. Han mentido sobre la nacionalidad del propio secretario. Eso es inmoral y eso es xenófobo, señores diputados del PRD. Es inmoral también acusar sin fundamentos y sin pruebas. Es inmoral no acudir ante las instancias jurisdiccionales para acusar y para que se diriman sus acusaciones.”

La réplica a la intervención de Carbajal correspondió a Juan Guerra: “Hay que hablar de la crisis del PRD. Hay que hablar de si alguien se afilió o se arrepintió. Hay que hablar de todo, porque lo que se trata de ocultar es el ilícito que reconoció el señor Juan Camilo Mouriño. ¿Por qué de eso no hablan? Porque no pueden. Porque esa es la doble moral.

“No se necesita que nosotros lo denunciemos, es un servidor público, es un delito de orden público. Luego entonces, se persigue de oficio. La Procuraduría General de la República debería estar ya integrando la averiguación y solicitando a esta Cámara juicio político para poder proceder. Y no se requiere para eso la denuncia de nadie. Simplemente él públicamente reconoció que había firmado esos contratos.”

 
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