“Ahorro por más de mil 500 millones”
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) justificó la asignación a Repsol Comercializadora de Gas de un contrato para suministro de gas natural en Manzanillo, Colima, y afirmó que ninguno de los restantes cuatro consorcios extranjeros interesados en la licitación quiso comprometerse a garantizar el abasto del combustible, o no pudieron presentar una oferta económica por debajo del precio tope establecido por esa empresa paraestatal.
En respuesta a las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador, la empresa insistió en que debido a esa licitación “se ahorrará más de mil 500 millones de dólares y tendrá garantizado el abasto de gas natural para los próximos 15 años”. No obstante, la empresa reconoció que el controvertido contrato representa un gasto de 15 mil millones de dólares durante el tiempo de su vigencia, es decir, un gasto ponderado de mil millones de dólares por año.
“La licitación pública internacional 18164067-009-06, para la contratación del servicio de suministro de gas natural licuado en la zona de Manzanillo, Colima, se realizó con apego a la legalidad y la normatividad en la materia y (con) transparencia”, informó la CFE.
Poco después de que López Obrador presentara un conjunto de documentos sobre supuestas irregularidades cometidas por la trasnacional española Repsol, en la adjudicación del contrato de suministro de gas, la CFE emitió una nota aclaratoria donde informa haber puesto “a disposición de cualquier interesado toda la información correspondiente a esta licitación pública internacional”, y celebra que “la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sea invitada a revisar la legalidad y transparencia con que se desarrolló este proceso”.
Pero de antemano, la Comisión Federal de Electricidad atajó las declaraciones del ex candidato presidencial, al afirmar que “todas las fases del proceso (de licitación) fueron supervisadas por el testigo social de la Fundación Heberto Castillo Martínez AC.
Esta fundación, dijo, “atestiguó la transparencia de la licitación y de los funcionarios de CFE que intervinieron en ella”.
En la versión de esa empresa la convocatoria para la licitación fue publicada el 6 de junio de 2006, para concursar el suministro de gas natural licuado para la paraestatal hasta por un monto de 500 millones de pies cúbicos diarios.
A este proceso, dijo, acudieron representantes de “varios consorcios”, pero “debido a las condiciones de disponibilidad de corto y mediano plazos en los mercados internacionales de gas natural, y a la imposibilidad de presentar una propuesta económica por debajo del precio tope establecido por la CFE en las bases de licitación, cuatro empresas –Tokio Gas Co. Ltd., Sumitomo Corporation, Mitsui & Co. Ltd. y Marubeni Corporation– presentaron una carta disculpa, ya que no pudieron comprometer las cantidades de gas solicitadas por la comisión o no pudieron presentar una oferta económica por debajo del precio tope establecido por la Comisión Federal de Electricidad en las bases de licitación”.
Agregó: “Por lo anterior, solamente se recibió una oferta presentada por la empresa Repsol Comercializadora de Gas SA, la cual fue ganadora de la licitación al cumplir con todos los requisitos técnicos y financieros establecidos en las bases de licitación, además de que presentó una oferta económica que resultó conveniente para la CFE, ya que representa para la empresa un ahorro de más de mil 500 millones de dólares durante la vigencia del contrato, en comparación a lo que hubiera costado en caso de adquirirse en el mercado de referencia del sur de Texas, a la vez que garantiza el abasto de combustible para el futuro a precios competitivos en el contexto de un mercado mundial con altos índices de demanda y poca oferta”.
De la misma forma, la comisión afirmó que, una vez asignado el contrato, “no se presentó ninguna inconformidad de alguno de los consorcios participantes en la licitación”, y el testigo social “resaltó el interés de muchas empresas por participar, aunque sólo una tuvo reservas de gas suficientes y disponibles”, además de que el proceso en cuestión “se apegó a lo establecido en las bases y en la legislación y reglamentación vigentes, y que durante su desarrollo no se presentaron situaciones de iniquidad”.