■ La reforma al artículo 62 busca eliminar tráfico de influencias y conflicto de intereses
Mouriño, argumento para descongelar la ley antidiego, dice Ricardo Monreal
■ Fuerte resistencia de diputados y senadores dueños de despachos jurídicos, advierte
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La bancada perredista en el Senado considera light la iniciativa para evitar el tráfico de influencias en el Congreso. Imagen de la sesión del jueves
Foto: José Carlo González
Las reformas constitucionales y legales para impedir que los miembros del Congreso obtengan beneficios y prebendas económicas por medio del tráfico de influencias y el conflicto de intereses, están a punto de cumplir un año congeladas en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, impulsada por el PAN, conocida como ley antidiego, se aprobó en el Senado en abril del año pasado y de inmediato pasó a San Lázaro, donde lleva 11 meses detenida, ya que, de acuerdo a versiones de legisladores del PRD, hay fuertes intereses que se oponen a su aprobación.
“El caso del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien firmó contratos con Pemex para beneficiar a las empresas de su familia cuando fue funcionario en el pasado sexenio, debería convencer a los diputados de la necesidad de dar el aval a una minuta que cierra el paso al tráfico de influencias, al lucro y enriquecimiento ilícito por medio del servicio público”, advirtió el senador perredista Ricardo Monreal.
A su vez, el senador del PAN, Rubén Camarillo, autor junto con Santiago Creel de la propuesta para reformar el artículo 62 constitucional y la Ley Orgánica del Congreso, reveló que ha realizado gestiones de manera informal, entre los diputados de su partido, a fin de que se destrabe la minuta respectiva, pero no ha tenido éxito y presentará un exhorto ante el pleno del Senado, a fin de que se desahogue el tema en San Lázaro.
“Se trata de un tema relevante, que lleva a la Constitución y leyes secundarias normas claras para evitar el tráfico de influencias entre senadores y diputados”, insistió.
Monreal, en tanto, recordó que en el Senado hubo también fuerte resistencia de los panistas, aunque también de algunos priístas, en especial los empresarios y los abogados dueños de despachos jurídicos, para aprobar la reforma, que en principio proponía que los legisladores se dedicaran exclusivamente a sus tareas en el Congreso, sin poder optar por otras actividades remuneradas.
La iniciativa final aprobada en el Senado fue calificada por los perredistas como light durante la discusión del dictamen, el 17 de abril de 2007, toda vez que sólo establece un marco de incompatibilidades y prohíbe a diputados y senadores litigar contra el Estado.
La parte medular de la reforma al artículo 62 constitucional, que los diputados no quieren aprobar, establece que diputados y senadores “no podrán representar, por sí o por interpósita persona, intereses patrimoniales, de terceros contra los de cualquier ente o persona moral de derecho público”.
La reforma se aprobó en el Senado con 106 votos en favor y ninguno en contra. El perredista Pablo Gómez expresó en esa ocasión ante el pleno que a la legislación se le llamaba popularmente ley antidiego, porque el ex senador Diego Fernández de Cevallos es un caso emblemático del tráfico de influencias, pero no el único legislador que ha aprovechado la función pública para enriquecerse.
En la actual coyuntura, recalcó Monreal, el nuevo ejemplo emblemático del tráfico de influencias y corrupción es Mouriño.