■ La medida de Evo Morales, para frenar las alzas de 30 a 36 por ciento
Exigen empresarios agrícolas al gobierno de Bolivia derogar prohibición de exportar aceite
■ Sectores pobres de El Alto reclaman evitar una escalada alcista en el precio de la carne de res
Ampliar la imagen
El presidente Evo Morales saluda a un veterano durante el Día del Mar, celebración que recuerda la guerra de Bolivia con Chile en 1879
Foto: Reuters
La Paz, 25 de marzo. En franca rebelión frente al gobierno boliviano, empresarios y productores agrícolas del departamento de Santa Cruz exigieron hoy al presidente Evo Morales derogar el decreto que prohíbe temporalmente exportar aceite de soya y girasol como medida para contener la inflación, en medio de gritos de “autonomía, autonomía” regional, otro de los puntos de conflicto con el gobierno central.
En esta insólita “guerra del aceite”, los grupos de poderosos productores agropecuarios, controlados por la derecha política, han recibido el apoyo de los conductores del transporte pesado internacional, que amenazaron con iniciar el jueves un bloqueo de fronteras y aduanas con destino a Chile y Brasil, al alegar que ese sector también se halla paralizado al no haber exportación de soya.
El gobierno de Morales, que con la prohibición de exportar aceite comestible busca garantizar el abastecimiento del mercado interno y frenar la especulación con el precio del producto, responsabilizó a tres empresas privadas –con capitales estadunidense, peruano y boliviano– de provocar alzas de 30 a 36 por ciento en los precios.
Los productores agropecuarios, reunidos en la capital de Santa Cruz, solicitaron al prefecto (gobernador) departamental Rubén Costas que se dicten “las normas legales necesarias para facilitar el proceso de exportación de los productos por el territorio del departamento de Santa Cruz”, y que no asista a diálogo con el gobierno de Morales en tanto no derogue esa medida.
En un congreso extraordinario, los empresarios del campo apelaron a que se dicten tales medidas en el contexto del Estatuto Autonómico Departamental, que el 4 de mayo será sometido a referendo en ese departamento y otras tres regiones y que el gobierno nacional considera “ilegal”.
Líderes de las Confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, y de Colonizadores, Fidel Surco, exigieron que el gobierno de Morales nacionalice las empresas productoras de aceite para acabar con el “chantaje” de los empresarios del ramo contra el pueblo boliviano.
Ávalos subrayó que la eventual nacionalización permitirá que el gobierno del presidente Evo Morales compre en forma directa la soya a los pequeños productores bolivianos, y que el Ejecutivo o el pueblo de Bolivia produzcan el aceite de soya y girasol para la alimentación y la exportación.
El gobierno anunció en La Paz que a partir de este miércoles se iniciará la venta de aceite a 8.50 bolivianos el litro (1.13 dólares), que se expende ahora a entre 15 y 17 bolivianos (entre dos y 2.26 dólares) el litro, a fin de contrarrestar la especulación y el alza en el precio del producto al considerar que los agroindustriales están dando prioridad a las exportaciones antes que al mercado local.
Además, negó el argumento de los agroexportadores cruceños, quienes afirman que la prohibición de exportar aceite afectará a los 300 mil empleos de la cadena productiva de soya.
Por su part, el Ministerio de Desarrollo Rural sostuvo que el aceite “representa tan sólo 15 por ciento de toda la producción derivada de la soya y el girasol. El restante 85 por ciento corresponde a la torta de soya y harina de soya y de girasol, cuya exportación no está suspendida”.
La ministra del ramo, Susana Rivero, cuestionó las actividades que realizan las firmas Archer Daniel Midland, de Estados Unidos; Industrias de Aceite, del grupo peruano Romero, e Industrias Oleaginosas, de la familia boliviana Marinkovic, cuya cabeza es el presidente del Comité Cívico cruceño, Branco Marinkovic.
Acusó a esas empresas de haber contratado la exportación de aceite a futuro a un precio de mil 150 dólares la tonelada, en tanto que en el mercado interno la vende a mil 690 dólares. “Este precio representa 30 por ciento más caro que en Chicago y 36 por ciento más que en Rosario, Argentina”, afirmó la funcionaria.
En La Paz también hubo protestas, pero de vecinos pobres de El Alto en reclamo de evitar una escalada alcista en el precio de la carne de res, mientras que en Chuquisaca sectores opositores de universitarios y de un comité cívico local tomaron por la fuerza la prefectura local y dos medios de televisión y radio estatales.
En tanto, las fuerzas armadas de Bolivia advirtieron a las autoridades de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija –región de la Media Luna– que defenderán la unidad nacional y procesarán por la vía civil o militar a quienes alienten el separatismo, en torno a los referendos sobre autonomías previstos para mayo y junio.
La gestión mediadora de la Iglesia católica, que aceptó hace casi dos semanas negociaciones entre el gobierno central, que promueve una nueva Constitución, y la oposición derechista, que impulsa las autonomías, parecía naufragar debido a que las partes parecen no interesarse.