Salvamento
Para la doctrina liberal más excitada parece siempre claro cuáles son los límites que abarcan la operación del mercado y la intervención del gobierno. El mercado aparece como el regulador de las transacciones que involucran a la producción y a los intercambios, y comprende el dinero, los bienes y servicios y, por supuesto, la fuerza de trabajo.
El Estado, por su parte, fija las normas legales y económicas para que el mercado funcione lo más eficientemente posible, lo que quiere decir, en última instancia, de manera rentable. Para ello, se argumenta, se debe intervenir poco –de preferencia nada– para evitar crear distorsiones que afecten negativamente la asignación de los recursos que resultan del mecanismo de los precios. Es más, la intervención del gobierno, se dice, puede llevar a sofocar los necesarios “espíritus animales de un mercado libre”.
Todo eso parece claro hasta que estalla una crisis financiera y entonces admite sin mucho recato que el gobierno tiene que intervenir. Esa acción se justifica públicamente como una medida para prevenir un descalabro general del sistema económico y un alto costo en términos del bienestar de la gente.
Pero toda intervención estatal sólo puede hacerse con recursos públicos y, por lo tanto, implica una socialización de los costos. Así que en el límite no se logra superar el dilema que representa la apropiación privada de las ganancias y la socialización de las pérdidas.
La crisis del sector hipotecario de alto riesgo en Estados Unidos ha abierto de nuevo de par en par las puertas de este debate. Las medidas de política pública se centran ahora en el salvamento del sector financiero y de los bancos mediante la compra masiva de títulos respaldados por créditos hipotecarios. Fue precisamente la especulación con esos títulos los que generaron la crisis y llevaron a las grandes pérdidas registradas en muchos bancos y a la virtual quiebra del banco de inversión Bear Stearns. La Reserva Federal (Fed) enfrentó esta situación prestando 30 mil millones de dólares a JP Morgan Chase para que adquiriera a precio de remate el total de las acciones de Bear. El riesgo es ahora de los contribuyentes.
Eso es usar dinero público para recomponer la propiedad privada en los bancos. Eso es un salvamento, lo que en inglés se conoce como bailout, que significa dar fianza y sacar a alguien de apuros.
En la discusión sobre el salvamento participan la Fed, el Tesoro y el Congreso de Estados Unidos sin ponerse aún de acuerdo en el alcance que debe tener. Entran también en escena el Banco de Inglaterra, que ya intervino el banco Northern Rock, pero que no acaba de solventar la escasez de dinero en el sistema crediticio y con ello la posibilidad de que se extienda la crisis; el Banco Central Europeo es más reacio a una intervención masiva.
El asunto se bifurca hacia el tema de la regulación, ya que el sistema de control y supervisión de las operaciones de las instituciones financieras se ha vuelto más laxo en la última década, lo que permite a los bancos ampliar el tipo de transacciones que realizan y que se vinculan de manera más estrecha mediante las innovaciones financieras como la llamada “securitización” que mezcla diversos tipos de deuda en nuevos títulos que se intercambian entre los inversionistas; además, pueden ampliar el umbral del riesgo que toman y agrandar el espacio de la especulación. Ahí radica en buena medida el origen de la actual crisis.
El problema, entonces, no está en la volatilidad creciente de la bolsa de valores, eso es un síntoma de la fragilidad del sistema de crédito. El problema real es que la débil condición de los bancos puede llevar a la pérdida de confianza y con ella una corrida por parte de los depositantes. Eso fue lo que provocó la Gran Crisis de la década de 1930.
La crisis del sector hipotecario de alto riesgo, que empezó a manifestarse a mediados de 2007, se ha desenvuelto de manera tal que su impacto rebasa por mucho el ajuste de cuentas de los bancos y las demás instituciones de crédito involucradas. Ha puesto de manifiesto la manera en que se ha amplificado la capacidad de especulación en los mercados financieros y la preminencia de ellos sobre las actividades productivas.
Ahora no queda más que intervenir. Lo que ha hecho la Fed en el caso de Bear Stearns es un típico bailout, una acción contraria a los principios básicos de la doctrina que afirma la separación entre el Estado y el mercado. Lo que hoy está en juego es la magnitud de esa intervención y el impacto que tendrá en la recomposición del mercado, en la distribución del costo entre los grupos de la población y en el acomodo de la misma ideología librecambista.
Tampoco podrá evitarse el problema de definir los nuevos márgenes de la regulación financiera, lo que se inserta en una etapa del desarrollo del capitalismo en la que las transacciones asociadas con el dinero y el capital han adquirido una autonomía que distorsiona las pautas del crecimiento productivo y reafirma los patrones de la desigualdad social.